“Ser defensora de Derechos Humanos (DDHH) es una responsabilidad bien grande, pero lo hacemos en la cotidianeidad de nuestra vida", explica Cecilia Rodríguez, de la organización lesbo-feminista Las hijas de Safo, de El Salvador. Al igual que ella, son cientos las mujeres que luchan, en distintos puntos de América Latina, y también fuera de ella, para defender sus cuerpos y sus territorios de las lógicas capitalistas y liberales promovidas por gobiernos y empresas.

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"Todo el tiempo estamos viendo injusticias y violaciones, y estamos buscando la manera en que podamos lograr una existencia menos desigual. Para mí ser defensora representa mi compromiso con mis antepasadas, con las que están conmigo y con las que nos vienen, para hacer nuestra existencia menos difícil”, añade.

En el informe Vidas contra el capital, elaborado por Berta Camprubí y Marc Iglesia, las autoras contextualizan la situación actual de Mesoamérica: “Las condiciones de desigualdad, violencia y malestar de la mayor parte de la población de países como México, Nicaragua, Honduras y Guatemala son fruto del sistema moderno colonial capitalista y, por lo tanto, las personas que se ven obligadas a migrar de estos territorios son en realidad desplazadas a causa de ese sistema”.

El desarrollo y la expansión del extractivismo —explotación de grandes volúmenes de recursos naturales— impactan de forma directa en las instituciones y leyes que regulan la protección de la naturaleza, las libertades ciudadanas, la vida libre de violencias para las mujeres o el control de la corrupción. Las luchas emprendidas por múltiples organizaciones y colectivos con el objetivo de frenar el expolio son represaliadas de forma severa.

Llegadas a este punto, las defensoras solo tienen dos caminos: quedarse en el territorio y afrontar múltiples violencias, o migrar hacia un lugar más seguro y continuar su lucha desde allá. La presión de los intereses extractivos sobre los ecosistemas, sobre las comunidades humanas y sobre la gobernabilidad democrática es intensa. Miles de familias se ven abocadas a un éxodo de alto riesgo: más de 3 millones y medio han logrado sortear los muros de Estados Unidos y 800 mil han solicitado asilo en Europa —a las que se suman otros centenares de miles de rechazadas o invisibilizadas—.

Huir para no ser asesinadas

En Guatemala, la instalación de proyectos extractivistas y la complicidad entre gobierno y empresas está generando múltiples luchas de la población indígena, que suponen un 50% de la población total del país. A raíz de la noticia de la instalación de una mina junto a su pueblo en el año 2011, Yolanda Oquelí inició una lucha para concienciar a todas las comunidades afectadas de los riesgos.

Formaron la Resistencia Pacífica La Puya. “No era solo que se llevarían el oro, sino que contaminarían las aguas y destruirían los bosques. Para mí esto es lo más doloroso”, asegura. Aunque la lucha que inició fue pacífica, pronto llegaron la criminalización y la persecución. Tras varias amenazas de muerte, en 2018 Yolanda Oquelí salió de su país en dirección a España.

Yolanda Oquelí, exiliada en España desde 2018, se interpone entre la Policía Nacional y la entrada de una mina en San José del Golfo (Guatemala). Cedida

En Honduras la situación es similar, pese a que además de los proyectos extractivistas y la violencia ejercida por las maras, también existe una elevada violencia hacia las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. “Las transexuales somos invisibles en Honduras”, afirma Carol Murcia, superviviente de un país donde en los últimos diez años han sido asesinadas al menos 325 personas de la comunidad LGTBIQ+ por el hecho de serlo o por defender los derechos del colectivo, como era su caso.

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Ella, como otras muchas, se vio obligada a ejercer la prostitución para sobrevivir y vio cómo asesinaban a muchas de sus compañeras en plena calle. Finalmente terminó marchándose para salvar su vida. Nicaragua o México son otros dos países donde la defensa de los derechos de los territorios y de los cuerpos también genera altas cifras de exilio.

Según datos del informe Tendencia en Defensoras de tierra, territorio y justicia elaborado en 2021 por IMD (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos), desde el asesinato de Berta Cáceres en 2016 y hasta 2021, al menos 21 defensoras de la tierra y el territorio han sido asesinadas en Mesoamérica y otras 45 defensoras sufrieron intentos de asesinato.

Y entre 2016 y 2019, la organización registró un total de 7.141 agresiones, la cuarta parte dirigidas a defensoras de tierra y territorio. Casi la mitad ocurrieron en Honduras. La mitad de las agresiones entre 2019 y 2020 fueron realizadas por agentes estatales y tres de cada diez por las empresas. “Gran parte de estas agresiones culmina en procesos de criminalización, lo cual conlleva otras violencias”, señalan desde IMD.

Continuar junto a otras

Pero cambiar de territorio, o incluso de continente, no significa que la lucha por los DDHH cese. De hecho, muchas de estas defensoras continúan su labor junto a otras mujeres en los países de llegada. Dalila Argueta tuvo que abandonar Honduras en 2019 por persecución militar cuando defendía a su comunidad de un proyecto de minería de Inversiones Los Pinares.

Ahora continúa adelante con la militancia desde un pequeño pueblo cercano a Bilbao. Aporta su experiencia y sus vivencias llevando en el espacio del que forma parte, la Casa Refugio Basoa. Defensoras y activistas de derechos humanos, perseguidas por motivos políticos, intercambian experiencias para el aprendizaje de nuevas prácticas y crean itinerarios y circuitos alternativos. Crear comunidad junto a otros colectivos y organizaciones se convierte en la vía para seguir haciendo camino.

Calala Fondo de Mujeres es una de estas entidades, pues desde hace una década apoya el fortalecimiento del movimiento feminista migrante. Actualmente está impulsando la campaña #Defensoras, enmarcada en el mes de su conmemoración internacional, para dar visibilidad a la situación de las mujeres que luchan por la defensa de los DDHH y las vulneraciones y violencias que viven en el Sur Global.

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“La violencia contra las mujeres es una vena abierta en El Salvador, que deja mucho dolor y que difícilmente podemos sanar”, explica Silvia Elizondo, de la Asociación de Mujeres Ixchel. Reparar, revertir todo ese daño, se vuelve una tarea fundamental y colectiva. En el informe El pacto de cuidarnos, elaborado colectivamente por Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), se refleja que uno de los puntos clave de la protección integral feminista pasa por poner el cuidado en el centro del activismo.

“Hemos logrado fortalecer habilidades que nos permiten acompañarnos, formar parte de una colectiva de mujeres jóvenes ha sido uno de los procesos más sanadores. Entender la vida de una forma diferente, entender nuestros contextos, qué implicaba ser mujer en un país como el Salvador”, señala Silvia Elizondo.

Y añade: “La historia nos ha dicho que cuando somos más somos más fuertes, podemos resistir, y esas alianzas implican despojarnos de agendas individuales y hacerlas colectivas, reconocer la lucha de todas”. Defender la tierra y defender las vidas que las habitan significa seguir forjando una apuesta política común, una apuesta orgánica siempre sostenida por el acuerpamiento feminista.