La ganadería intensiva industrial –las popularmente conocidas como macrogranjas– ha saltado al centro de la agenda mediática durante estos días a raíz de una polémica generada por unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón publicadas por el diario británico The Guardian, y su posterior interpretación y difusión a través de las redes sociales.

Garzón dijo al medio inglés que “la ganadería extensiva es ambientalmente sostenible y tiene mucho peso en diversas partes de España como Asturias, zonas de Castilla y León, Andalucía y Extremadura […] Lo que no es en absoluto sostenible son las llamadas macrogranjas”.Este tipo de instalaciones, aseguró el ministro, “encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan la carne de mala calidad procedente de estos animales maltratados”.

A pesar de que han sido estas declaraciones de Alberto Garzón las que han situado a las macrogranjas en el primer plano político y mediático, este es un asunto que lleva varios años encima de la mesa de los legisladores.

Macrocomplejos ganaderos

En pleno proceso de transición ecológica, este tipo de explotaciones de ganadería intensiva suponen todo un reto para la sostenibilidad y el medio ambiente. Además, desde hace décadas, múltiples organizaciones y asociaciones de vecinos de todo el territorio español llevan denunciando la construcción de estos macrocomplejos ganaderos y los devastadores efectos que sus residuos tienen sobre la biosfera, la calidad del aire y los acuíferos.

“El término macrogranja no existe”, matiza Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR). “Además esa palabra tiene un componente peyorativo contra la ganadería”, explica tras manifestar su decepción por las declaraciones de Garzón en la prensa extranjera. “Hacen mucho daño a cientos de miles de ganaderos. Sus palabras tenían el objetivo de dañar uno de los puntales básicos de nuestro país en el extranjero: la marca España”.

Vista general de un grupo de animales pastando Pueblos Vivos Cuenca Fotografía cedida

Tal y como establece la ley, en nuestro país se consideran macrogranjas las instalaciones ganaderas que cuentan con, al menos, 2.000 plazas destinadas para el engorde de cabezas de porcino de más de 30 kilos, o para albergar a 750 madres reproductoras y sus correspondientes lechones.

En España, el número de estas infraestructuras ha crecido durante la última década, y muchas se concentran en pueblos pequeños, a veces de menos de 100 habitantes. Tal y como señala el Ministerio de Agricultura, mientras que en 2011 había unos 25 millones de animales en macrogranjas —principalmente cerdos y gallinas—, ese número aumentó hasta los 32 millones en el año 2020.

Residuos ganaderos contaminantes

Pueblos Vivos Cuenca es una asociación integrada por vecinos de varias localidades de esta provincia castellanomanchega que padecen y luchan contra los perjuicios que las macrogranjas que hay cerca les infligen a sus pueblos. Su portavoz, Remedios Bobillo, explica que sólo en esa zona hay varios tipos de granjas de cría industrial.

"Unas contienen entre 2.600 y 3.200 cerdas reproductoras con lechones de 20 kg; otras contienen 7200 cerdos de cebo, el máximo permitido por la ley; y las últimas que se están solicitando pueden albergar hasta 14.000 lechones”, explica Bobillo. Todos esos animales, a su vez, se reproducen cada año y dan lugar a más cerdos y más excrementos.

Además, Bobillo explica que, aparte de las porcinas, también existen diversas macrogranjas de pollos, “y actualmente está en trámites la mayor macrogranja de España, una con capacidad para casi un millón y medio de gallinas ponedoras”.

Uno de los argumentos en común entre quienes se oponen a estas infraestructuras de explotación intensiva es el que denuncia la enorme cantidad de residuos que generan, que en muchos casos no son tratados de forma adecuada y terminan por contaminar recursos naturales como el agua destinada a consumo humano o a regadíos. También se quejan de los malos olores.

"El mensaje que lanza el ministro únicamente atiende a cuestiones ideológicas", asegura Manuel Torrero de ASAJA

Al fin y al cabo, las macrogranjas albergan decenas de miles de cerdos que están defecando las 24 horas del día, y si todos esos purines no se almacenan y gestionan apropiadamente, acaban por filtrarse al subsuelo y contaminar el aire.

Una visión totalmente distinta sobre este asunto es la que tiene el vicepresidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, que afirma que “el problema de la contaminación acuífera no es un problema de las macrogranjas, sino de la gestión de fertilizantes”. Para él, palabras como las del ministro Garzón sobre los residuos “cuestionan lo que dice la Unión Europea sobre los protocolos de contaminación".

"Aquí, en Castilla-La Mancha, se cumplen todas las normativas sobre nitratos presentes en el agua que establece la normativa europea”, asegura. Además, Torrero insiste en su preocupación por “el mensaje que lanza el ministro” que, según él, “únicamente atiende a cuestiones ideológicas, no técnicas, y cuestiona las leyes comunitarias. Por ser ecologista no se deja de contaminar. Las hamburguesas veganas contaminan igual”.

Según los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), en 2020 las macrogranjas españolas emitieron más de 90.000 toneladas de gases nocivos a la atmósfera —principalmente metano y amoníaco—, casi la mitad de los gases que expulsó todo el sector ganadero español ese año. Pero quizá el impacto más perjudicial es el que sufre el agua por la presencia de nitratos procedentes de los purines.

"Puede que las granjas seamos parte del problema, pero también somos los únicos que lo estamos controlando", explican desde ANPROGAPOR

Desde 1991, una directiva europea sobre el uso de los nitratos obliga a los gobiernos a realizar análisis periódicos de los niveles de esta sustancia que contiene el agua destinada al consumo humano y para los regadíos. La norma establece en 50 miligramos por litro el límite que puede ingerirse sin que haya riesgo para la salud. Por ejemplo, en Castilla y León hay cerca de 400 municipios declarados vulnerables debido a la contaminación de las aguas. Sin embargo, solo en la provincia de Segovia hay casi 40 proyectos de instalación de macrogranjas presentados y pendientes de aprobación.

Es en dichas normas comunitarias en las que incide Higuera para quejarse de las limitaciones y restricciones que sufre el sector porcino en lo relacionado a los purines y al vertido respecto a otras industrias. Aun así, reconoce que hay zonas declaradas vulnerables por la presencia de nitritos en el agua que coinciden con el asentamiento de granjas, pero otras zonas donde no hay granjas también superan los niveles permitidos.

"Puede que las granjas seamos parte del problema, pero también somos los únicos que lo estamos controlando”, recalca Higuera. En cualquier caso, desde ANPROGAPOR son conscientes de lo dañinos que resultan los vertidos incontrolados y excesivos de purines: “En eso estamos de acuerdo con las oenegés y los grupos ecologistas. Si se produce una sobrefertilización se puede dar una contaminación por nitritos en la tierra. Eso no lo quiere nadie”.

Atraídas por la España vaciada

Parece existir un patrón claro en el emplazamiento de las macrogranjas: una empresa localiza una comarca demográfica y económicamente deprimida, plantea el proyecto para levantar allí las naves y lo vende como la solución a la despoblación y a la crisis económica prometiendo centenares de puestos de trabajo de los que se beneficiarán, directa o indirectamente, las personas que viven en los pueblos colindantes.

No nos trae ninguna prosperidad, al contrario. Solo traen ruina a los pueblos", señala Inma Lozano

Para muchos alcaldes de estas zonas es difícil resistirse a la oferta. Tampoco falta quien ve la llegada de esta forma de ganadería intensiva el último recurso para intentar que sus pueblos dejen de vaciarse.

Para Inma Lozano, la portavoz de la plataforma Stop Ganadería Industrial, la falacia de la creación de empleo y de la resurrección de los pueblos se desmorona rápidamente: “Llevamos muchos años luchando contra este tipo de explotación ganadera. No nos trae ninguna prosperidad, al contrario. Solo traen ruina a los pueblos, ni fija población ni da dinamismo económico. Al contaminarse el agua, muchos vecinos deciden irse y la gente tampoco quiere vivir en un sitio donde al abrir la ventana solo huele a mierda”.

Vertido de purines en Yémeda, Cuenca Pueblos Vivos Cuenca Fotografía cedida

Por su parte, el vicepresidente de ASAJA considera que la construcción de proyectos de ganadería intensiva como las macrogranjas, “por desgracia, son la única alternativa” que tienen las zonas despobladas. E ironiza: “Hemos llamado a Martorell, a la SEAT, por si se quiere venir a Cuenca; pero por lo que sea no han querido”.

Tal y como queda reflejado en el informe El sector de la carne de cerdo en cifras, elaborado y publicado por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el número total de granjas en España ha descendido en los últimos 13 años.

El documento aclara cómo son las granjas de menor tamaño las que tienden a desaparecer –el 30% de explotaciones reducidas y el 10% de las explotaciones pequeñas–, mientras que la actividad ganadera cada vez se concentra más en explotaciones intensivas como las macrogranjas, que en ese período han aumentado más de un 3%. La mayoría han aparecido en comarcas despobladas, en torno a pueblos prácticamente deshabitados.

“Es muy sencillo, buscan áreas despobladas, municipios con menos de 500 habitantes, algunos con menos de 100, en los que la población está envejecida, no hay un tejido asociativo fuerte y, por lo tanto, no encuentran resistencia a estos dislates. Luego llegan los promotores a los ayuntamientos esgrimiendo el falso argumento de que generan empleo y fijan población. Y nada más lejos de la realidad”, argumenta Bobillo.

Los datos parecen darles la razón. En el informe Ganadería industrial y despoblación, la ONG Ecologistas en Acción analiza la ganadería industrial y su relación con la despoblación rural durante los últimos 20 años, y concluye que las macrogranjas no solo no acaban con la diáspora en los pueblos, sino que la agravan, ya que muchos vecinos deciden mudarse para evitar tener que soportar los olores y la mala calidad del aire y del agua.

Una razón sanitaria

“Es mentira que la gente se vaya de los pueblos a causa de las macrogranjas. Se van los que vienen de veraneo”, contradice Torrero, quien explica que este tipo de instalaciones generan un impacto positivo en aquellas zonas donde se erigen, reportando puestos de trabajo y riqueza para el entorno sociodemográfico.

Además, dice, “se las llama macrogranjas, pero sólo ocupan la quinta parte de un campo de fútbol”. En cualquier caso, reconoce que en los últimos años las instalaciones ganaderas industriales han aumentado en nuestro país: “Por ejemplo, el censo de ovino ha bajado un 35% en España desde el año 2007 al 2020, y lo mismo ha ocurrido con el bovino […] lo que está ocurriendo es que el número de explotaciones ha descendido, aunque se han hecho más grandes”.

"No somos agricultores de ciudad, no nos acusan desde algunas organizaciones de empresarios de ganaderos", critica Lozano

Higuera razona que estos complejos ganaderos proliferan en zonas despobladas “por razones sanitarias, ya que cuanto más distancia haya entre granjas y cascos urbanos, menor riesgo de que se extiendan enfermedades que puedan contraer los animales”, pero también apunta a una razón logística: “Normalmente en esas zonas es donde están los cereales y las materias primas para alimentar al ganado”.

Por último, afirma que “las granjas fijan población porque generan economía rural, una granja mantiene una actividad económica, hace que las zonas donde están no pierdan más población. Además, toda la actividad económica que se genera recae en la zona donde se encuentra la instalación”.

Buscar puntos en común

“No somos agricultores de ciudad, como nos acusan desde algunas organizaciones de empresarios ganaderos, sino que vivimos en el campo. Y desde luego no estamos en contra de la ganadería. De lo que estamos en contra es de este tipo de ganadería industrial, que es lo opuesto a lo que siempre ha significado la cría de animales para producir alimentos”, sentencia Lozano.

Por su parte, Bobillo propone “incentivar la ganadería extensiva con suculentas subvenciones, de la misma forma que lo están haciendo con la ganadería industrial. Que se creen empresas que generen empleo y no daños medioambientales irreversibles, empresas relacionadas con los productos ecológicos, o el turismo rural”.

Desde ASAJA tampoco se oponen. “Estamos de acuerdo con todos los modelos”, dice Torrero, pero matiza que “la ganadería extensiva es volver a hace 40 años. Más pozos, más dispersión del almacenamiento de purín, una capacidad menor y menos rentabilidad”.

Imagen de un grupo de gallinas en una granja tawatchaiprakobkit iStock

Aunque pueda parecer que los intereses de ganaderos y ecologistas están en las antípodas, no siempre es así. Por supuesto, los ganaderos intentan sacarle el mayor rendimiento económico a las materias primas que producen, y los ecologistas defienden que esa producción sea sostenible y respetuosa con el entorno y el medio ambiente.

En cualquier caso, ambas ideas no son antagónicas, y desde ambos sectores hay puntos en común, como las denominaciones de origen. Con ellas, tanto el productor como el consumidor se aseguran de que están ofreciendo y comprando un producto de la máxima calidad, aunque el precio final sea un poco más alto.

Otra de las soluciones que se proponen para que los márgenes de beneficio de los productores sean algo más amplios es conseguir que tanto las cadenas de supermercados como las grandes empresas de productos cárnicos o lácteos desembolsen una cantidad de dinero en detrimento de dichos productores, para que la diferencia entre lo que cobran los ganaderos y el precio final del producto a la venta no sea tan disparatada.

Hacia un modelo sostenible en Holanda

La repentina polvareda levantada en España en torno al asunto de las macrogranjas ha conseguido poner de relieve un problema que también se está contemplando en otros países de Europa. Por ejemplo, en los Países Bajos, el gobierno de centroderecha encabezado por los liberales de Mark Rutte pretende aprobar una partida presupuestaria de 25.000 millones de euros hasta el año 2035 para ayudar al sector ganadero a reducir considerablemente sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y favorecer la reconversión hacia alternativas sostenibles como la ganadería extensiva.

El plan contempla que ese dinero sirva a los agricultores para que abandonen las prácticas ganaderas perjudiciales para el entorno y el medio ambiente, que se reciclen dentro de la profesión, que innoven o que se reubiquen si su explotación es especialmente dañina para el medio natural. Incluso, en casos extremos, el Gobierno holandés prevé expropiaciones forzosas de aquellos ganaderos que no estén dispuestos a ceder.

"El precio de los alimentos debería expresar la verdad ecológica", sentenció el ministro alemán Cem Özdemir

Por el momento, el Ejecutivo holandés creará un ministerio que se encargará de regular y controlar la proliferación de macrogranjas de cerdos y de intentar paliar el impacto medioambiental que suponen para el entorno donde están desplegadas. En pleno proceso de transición ecológica, muchos países con gran peso ganadero afrontan el complicado reto de hacer sostenible una industria que es altamente contaminante, pero que también mueve muchos millones de euros cada año.

La promoción del consumo sostenible se extiende a otros países de la Unión Europea, como Alemania. El mismo día que apareció en The Guardian la entrevista a Garzón, el dominical germano Bild am Sonntag publicó otra al ministro de Alimentación y Agricultura alemán, Cem Özdemir, donde aseguró que las guerras de precios entre marcas de supermercados “llevan a las granjas a la ruina, atentan contra el bienestar de los animales, promueven la extinción de especies protegidas y dañan el medioambiente".

"El precio de los alimentos debería expresar la verdad ecológica”, matizó el minsitro. El gobierno del que forma parte Özdemir ya se ha comprometido a aumentar hasta alcanzar el 30% la proporción de cultivos ecológicos, que actualmente en Alemania es del 10%.