Hace exactamente un año, propuse avanzar hacia una Constitución Ambiental Unificada para América Latina y el Caribe, un instrumento de soft law capaz de ofrecer coherencia, sistematicidad, completitud y dirección común a los esfuerzos ambientales de la región.
Para entonces, acababa de concluir la COP16 de Biodiversidad, celebrada en Cali (Colombia), un hito que situó al hemisferio en el centro del debate global con un mensaje claro: sin protección integral de la biodiversidad en América Latina, y sin la adopción de medidas claras y suficientes frente al cambio climático, los compromisos internacionales simplemente no podrán cumplirse.
Hoy, un año después, los desafíos se han intensificado, pero también la convicción de que la región necesita un marco ambiental coordinado y legítimo.
América Latina continúa enfrentando crisis ecológicas que no conocen fronteras: el cambio climático, la deforestación acelerada, la pérdida de biodiversidad, la degradación hídrica, la expansión extractiva desregulada y la violencia contra los líderes ambientales.
La región dispone de normas dispersas, tratados aplicados de manera desigual y capacidades institucionales muy heterogéneas. En un contexto de fatiga democrática y crisis del multilateralismo global, esta fragmentación se convierte en un riesgo político.
En efecto, sin un marco común, los Estados responden aislados a problemas que indefectiblemente solo pueden resolverse juntos.
La COP30 de Cambio Climático, celebrada recientemente en Belém do Pará, Brasil, confirmó esta preocupación. Allí, los países reiteraron su compromiso con el Marco Global de Biodiversidad y destacaron la urgencia de proteger la Amazonía como bioma estratégico para la estabilidad climática del planeta.
Sin embargo, quedó nuevamente en evidencia la ausencia de un instrumento regional propio que articule compromisos internacionales en políticas públicas coordinadas, medibles y verificables. Los acuerdos multilaterales son ambiciosos, pero su implementación es dispareja.
Y es justamente esa brecha entre promesa y acción la que la propuesta de una Constitución Ambiental Unificada busca cerrar para refrendar el ciclo del control ambiental.
Falta de un marco común
La idea central permanece intacta: necesitamos un documento unificador de derecho blando, patentizado mediante una Ley Modelo del Parlatino (con sede en Panamá), que establezca principios, derechos y obligaciones compartidas para todos los países de la comarca.
Este instrumento permitiría armonizar legislaciones, coordinar metas ambientales, facilitar la cooperación técnica, orientar las políticas públicas y brindar cierta seguridad jurídica a los actores estatales y no estatales involucrados en la transición ecológica.
Sus pilares siguen siendo los mismos, pero su urgencia es mayor:
1. Derechos ambientales fundamentales que garanticen un ambiente sano, protejan a las generaciones futuras e incorporen la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
2. Obligaciones comunes, como la protección de los ecosistemas transfronterizos, la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible del agua y la reducción de las emisiones.
3. Cooperación regional reforzada, con una transferencia tecnológica, un financiamiento verde y mecanismos permanentes de monitoreo.
4. Armonización legislativa que reduzca la dispersión normativa en la energía, los residuos, la agricultura y la planificación urbana.
5. Justicia ambiental efectiva que asegure que los costos ambientales no recaigan sobre los sectores más vulnerables.
Tanto en Cali como en Belém do Pará quedó claro que el derecho ambiental internacional necesita anclajes regionales sólidos para no quedar en declaraciones simbólicas.
La COP16 enfatizó la urgencia de detener la pérdida de biodiversidad al 2030; la COP30 reforzó el llamado a proteger ecosistemas de alta integridad ecológica y a garantizar una financiación suficiente y accesible para los países megadiversos.
La región, una de las más biodiversas del planeta, no puede seguir actuando con marcos normativos inconexos, descoordinados y a veces contradictorios.
La Constitución Ambiental Unificada debe reconocer explícitamente los roles de los pueblos indígenas y las comunidades locales, garantizando mecanismos de participación real, informada y culturalmente adecuada.
Sin este componente de justicia, ninguna arquitectura normativa será legítima ni democrática. El constitucionalismo ambiental latinoamericano debe ser, ante todo, un constitucionalismo intercultural.
Responsabilidad política ineludible
Para que esta iniciativa tenga efectos reales se requieren mecanismos de implementación creíbles. Entre ellos, un Consejo Ambiental Regional que vigile el cumplimiento de los compromisos y publique informes periódicos; Tribunales Ambientales especializados que integren criterios científicos y jurídicos en la resolución de disputas; y una Ley Modelo del Parlatino que habilite incentivos para acceder al financiamiento verde y participar en acuerdos comerciales con estándares ambientales elevados.
Los avances del último año no han sido menores: la propuesta ha despertado interés académico, social y político; fue presentada ante el Parlatino, las embajadas, ante foros académicos locales e internacionales, programas radiales variados de distintos países, y ha comenzado a ser considerada en espacios multilaterales como una posible hoja de ruta para fortalecer la gobernanza ambiental regional.
No se trata todavía de un consenso, pero sí de un debate abierto, creciente y necesario.
En este proceso, es justo reconocer que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha demostrado un compromiso renovado con la defensa de la democracia, la educación, la cultura y los derechos humanos.
Su plataforma, Iberoamérica en Democracia, ha contribuido a situar en el centro del debate la necesidad de instituciones fuertes, la cooperación internacional y una ciudadanía informada.
Imagen elaborada por la OEI.
Y en Colombia, la labor dialogante, comprometida, provista de disciplina espartana y articuladora de Donatella Montaldo, directora de la OEI, ha sido fundamental para estrechar puentes entre los gobiernos, la academia y la sociedad civil, especialmente en temas de sostenibilidad y construcción democrática.
El camino hacia una Constitución Ambiental Unificada no es solo ambiental; es profundamente democrático. Un instrumento jurídico regional fortalecería la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la cohesión institucional entre los países.
Y permitiría que la región hable con una sola voz en escenarios globales donde las democracias se ven presionadas por la polarización, la desinformación y las crisis sucesivas.
En un momento histórico en el que la ciudadanía es más conocedora de sus derechos, y que exige soluciones concretas y no declaraciones vacías, América Latina tiene la oportunidad de liderar una transformación verdaderamente innovadora: un marco ecológico regional que combine la ciencia, la justicia social, la justicia ambiental y la democracia.
La COP de Cali nos mostró que la región tiene la capacidad técnica para responder; la COP de Belém do Pará nos recordó que los desafíos se aceleran; y este año nos obliga a consolidar esa visión en una arquitectura jurídica común.
La región está ante una encrucijada. Podemos seguir respondiendo de manera aislada o podemos dar un paso decisivo hacia un futuro compartido, justo y sostenible. El desafío es enorme, pero la ventana de oportunidad sigue abierta.
***Gilberto Blanco Zúñiga es consultor y experto en Justicia Ambiental, exmagistrado, exprocurador, docente, promotor de la iniciativa 'Por una Constitución Ambiental Unificada para América Latina y el Caribe'.
