El jueves es el día en el que Consuelo va al gimnasio, entra al cine si hay una película que le gusta, recorre alguna gran superficie mirando ropa y regalos para sus sobrinos, o simplemente sale a dar un paseo y a tomar algo en una terraza.

El jueves tarda en llegar y se pasa muy rápido. El jueves es el único día libre que tiene, el resto de la semana trabaja como empleada de hogar interna en una casa de Chamberí, uno de los barrios más caros de Madrid. “En diciembre hace 12 años que entré allí. Llegué siendo todavía muy cría, no sabía ni planchar una camisa”.

Acaba de cumplir 35, y emigró a la capital desde su pueblo, en Extremadura, cuando se quedó sin trabajo en lo peor de la crisis de 2008. “Yo era camarera en un restaurante, pero el dueño cerró y me quedé en el paro […] Después de darle muchas vueltas me decidí a dar el paso y me vine”.

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Los primeros meses fueron muy duros. Jornadas interminables en un ambiente completamente desconocido para ella, “hasta que poco a poco fui aprendiendo, no solo a hacer algunas tareas que no sabía, como a cocinar algunos platos, sino también a estar pendiente de todo lo que necesitan los señores, a servir bien”.

A servir a familias pudientes fue a lo que también se dedicó Manuela durante 38 años, hasta que se jubiló en 2017. Como a Consuelo, las circunstancias la obligaron a salir de un pueblo sin futuro —en su caso de Castilla-La Mancha— y adaptarse a contrarreloj a los ritmos de la gran ciudad y de una casa en Pintor Rosales donde solo le concedían una tarde libre a la semana.

“Llegué a Madrid como si llegara a otro país. No sabía nada, ni coger el metro, ni de autobuses, ni de horarios, ni de calles ni de nada”. Manuela tenía entonces 19 años, y ya había trabajado limpiando casas en su pueblo desde los 14: “Me sacaron del colegio y me mandaron a las casas de los señoritos a ofrecerme para trabajar. En esos años era así, trabajabas desde chica para ganar dinero cuanto antes y ayudar [a la economía familiar]. No podíamos estudiar porque éramos pobres y no podían pagárnoslo”.

Mujeres, pobres y migrantes

En España hay más de medio millón de trabajadoras del hogar, y tal y como refleja un informe de la ONG Oxfam Intermón, una de cada tres vive por debajo del umbral de la pobreza. Además de la precariedad, en el sector son habituales las prácticas laborales abusivas e ilegales, como los pagos en negro o no respetar los horarios de trabajo y de descanso.

“El mayor problema que nos encontramos es la falta de voluntad política por parte de la Inspección de Trabajo por controlar la situación de estas empleadas”, comenta Lorea Ureta, activista en la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, en Bilbao. Desde su punto de vista, “muchos abusos se producen porque hay impunidad absoluta, el Gobierno no regula la situación de las trabajadoras internas. Hay legislación sobre empleadas de hogar pero deja cosas en el aire, como la pernocta”.

Sobre esta cuestión, Ureta insiste en poner el acento en los cuidados, en las trabajadoras internas que asisten a personas enfermas o mayores y trabajan por la noche levantándose hasta varias veces. “El descanso es salud laboral, por ejemplo en Francia no está permitido que una empleada no descanse por la noche, y si no lo hace se le paga”.

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El sector del empleo en el hogar sigue considerándose como refugio para las mujeres españolas de regiones económicamente deprimidas. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) revelan que el 89% son mujeres y el 47% extranjeras (principalmente provenientes de Latinoamérica y Europa del Este). De ellas, conforme al documento de Oxfam, en torno a 70.000 no tienen los papeles en regla.

“Este tipo de trabajo es más accesible para las que no tienen papeles”, arguye la responsable de igualdad en la Fundación Primero de Mayo, Montse López. “Muchas de ellas vienen solas, no tienen contrato, son explotadas y están mal pagadas. Además es un círculo vicioso, porque la cantidad de horas que trabajan les impide buscar otra cosa o formarse”.

Hay familias, comenta Ureta, “que contratan personas sin papeles para cuidar a alguien, y normalmente admiten condiciones por debajo de lo que marca la ley y el mercado con la promesa de que les tramitarán los papeles, pero luego son despedidas y contratan a otras en su misma situación. Eso no tiene ningún tipo de sanción, utilizar para beneficio propio la pobreza de otras personas no está penado”.

Toque de atención desde la UE

España es el país de la Unión Europea con más empleadas del hogar, y sin embargo hasta hace muy poco ni siquiera figuraban en el régimen general de la Seguridad Social, por lo que no tenían ningún tipo de cobertura legal ni respaldo institucional. Sin derecho a baja por enfermedad o a subsidio de desempleo, la explotación y la invisibilización eran muy corrientes en el sector.

Para corregir este limbo jurídico y laboral el pasado septiembre se aprobó el Real Decreto–ley 16/2022, una normativa que pretende, tal y como asegura el Gobierno, mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar —entre las que se encuentran las internas— y equipararlas las del resto de trabajadores por cuenta ajena.

Unos meses antes, el Tribunal de Justicia de la UE declaró improcedente que España no ofreciese derecho a paro a las empleadas del hogar. El Tribunal concluyó que se estaba vulnerando este derecho cuando eran despedidas, y que nuestro país estaba discriminando por razón de sexo (el 95% de las trabajadoras son mujeres) en el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social.

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“El recorrido normativo para las trabajadoras del hogar en nuestra país está siendo complejo, y muy tedioso en el tiempo”, remarca Paloma Vázquez, secretaria de Mujeres, Igualdad y Movimientos Sociales del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). "Antes del Decreto la regulación como tal era casi inexistente, y el grueso de la legislación provenía de las normas de 1966".

Por lo tanto la nueva norma establece, entre otras cosas, que las trabajadoras tengan derecho a cobrar el paro, lo que también las obliga a cotizar. Esa cotización será del 6,05%, y de ahí, el 5% correrá a cargo del empleador y el 1,05% restante de la persona empleada, contempla accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se actualizará en 2023.

El despido y la jornada laboral también quedan regulados. Así, las trabajadoras no podrán trabajar más de 40 horas semanales y les corresponde, como mínimo, un día y medio de descanso a la semana, respetando los festivos y con 30 días naturales de vacaciones al año. La ley afectará a más de 370.000 personas trabajadoras del hogar dadas de alta y acabará con la posibilidad de despedir sin causa justificada, además de contemplar una indemnización de 12 días por año de servicio.

Riesgos y abusos laborales

Fuera de la letra de la ley, en ocasiones la realidad está muy lejos de lo que pone en el BOE. Desde CCOO, Vázquez destaca que entre los abusos más observados están "firmar contratos por una duración y hacer que trabajen muchas más, no tener el tiempo suficiente de descanso, no poder distribuir y disfrutar de vacaciones como ellas quisieran, o realizar tareas de cuidados que son más propias de las trabajadoras de ayuda a domicilio".

"Un hecho relevante es lo relativo a las prácticas abusivas de las plataformas webs y empresas de intermediación que ofertan servicios con descuentos de hasta el 50%, lo que se traduce en menos salario para las trabajadoras", sentencia Vázquez.

“Aquí no lo llamamos esclavitud”, aclara la activista de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia. “Otra cosa es que consideremos que deban cambiar algunos marcos y algunas formas en las que se lleva a cabo este trabajo […] Hay trabajadoras internas que están en buenas condiciones, y lo que hay que hacer es regular la situación para que todas tengan esas mismas buenas condiciones”.

Por el contrario, para López sí lo es, o al menos “así nos lo manifestaban las trabajadoras con las que hicimos el estudio. Incluso algunas contaron cómo se habían enfrentado a episodios de maltrato por parte de sus empleadores [...] Hay que tener en cuenta que la economía sumergida en este sector es muy elevada, por lo que no hay mucha constancia de cuántas horas trabajan y cuánto ganan exactamente”.

Consuelo cobra en negro la mayor parte de su sueldo. “Me dieron de alta para hacer media jornada, pero hago mucho más. Desde el primer momento me dijeron qué tenía que hacer, lo que me iban a pagar al mes y lo de un día de descanso”. Le dan 1.000 euros justos por trabajar más de 70 horas a la semana, casi el doble del tiempo establecido por la ley. Aun así, Consuelo lo justifica remarcando que “el alojamiento y la comida están incluidos”. Una comida que cocina ella misma en un lugar que ella misma limpia.

A Manuela también le pagaban así, “en un sobre rosa que me daban el día treinta de todos los meses”. Ella también estaba dada de alta: “La Seguridad Social me la pagaban ellos, pero yo no tenía una nómina”. En su caso el empleador también era quien fijaba el precio: “Allí nos pagaban según veían”.

Además de los abusos laborales, la Fundación Primero de Mayo identifica una serie de riesgos derivados, entre los que preocupan los psicosociales: “En el desarrollo de las tareas se exponen a varias cosas, desde los químicos que utilizan para limpiar, y que provocan problemas en la piel o intoxicaciones, hasta la exposición a agentes biológicos al cuidar a personas enfermas.

También hay que tener en cuenta que las tareas implican esfuerzo físico y hay riego de caídas, quemaduras, cortes, etc. Pero sobre todo, lo que ellas identificaban como más preocupantes eran el maltrato, la violencia o el acoso sexual”.

Ureta añade a esto el estigma social. “Este sector no está socialmente reconocido, y hay una doble discriminación cuando, además, se es extranjera. Independientemente de que haga falta un reconocimiento social, porque es un trabajo tan digno como cualquier otro, lo que realmente hace falta es que las trabajadoras tengan derechos y estén bien remuneradas”.

La secretaria de Mujeres, Igualdad y Movimientos Sociales de CCOO destaca que es un colectivo que frecuentemente sufre abuso contra la moral o que afectan a la dignidad de la trabajadora, que acaba aflorando en depresiones, estrés, etc".

Vázquez insiste en que estas trabajadoras "están fuera de la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, carecen de toda protección en cuanto a salud y seguridad en el trabajo, por lo que son un sector proclive a la explotación laboral en todas sus vertientes".

“Creo que es un trabajo que está como muy oculto, y me parece algo como pasado de moda”, dice Consuelo. “No tienes vida. Tu vida solo consiste en obedecer, en estar siempre pendiente de lo que te ordenen los señores, o en pensar qué les puede gustar o qué no antes de que te lo ordenen”.

Además, añade, “aunque a mí siempre me han tratado muy bien y no me han faltado el respeto, al final siempre te acaban recordando, con sus gestos o con sus frases, que tú solo eres la sirvienta. Siempre te dejan claro la distancia que hay entre tú y ellos”.

“Claro que es esclavitud”, opina Manuela. “A veces ni siquiera te trataban como a una persona, tú solo estabas ahí para cumplir órdenes, como un robot. Es un trabajo muy duro, hay que aguantar carros y carretas y tragarse muchos sapos. Y encima oír, ver y callar, porque el que paga manda”.

Solo quedan cuatro horas de jueves y Consuelo tiene que coger el metro para volver a la casa donde trabaja y vive. Antes entra en una administración de lotería y echa la primitiva. "No todas las semanas juego, pero de vez en cuando me gusta".

Dice que si le toca reformaría la casa de sus padres "porque tiene muchos escalones y ellos ya son mayores". También les pondría un plato de ducha. Y así se va, con el deber en la cabeza y la esperanza doblada en la cartera.