La Guardia Civil a las puertas del bloque de viviendas en el que residía Santiago.
Al 'abuelo' de Ugena lo mataron a golpes y con descargas en la boca: vendía droga para completar la pensión
El juicio con jurado está previsto para el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Toledo..
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A Jesús de los Ríos Díaz, 'Santiago, el abuelo', lo asesinaron salvajemente la madrugada del 23 de febrero de 2021, martes. El crimen de este viudo de 67 años sucedió en Ugena, un pueblo de la comarca toledana de la Sagra con 6.000 habitantes que ha experimentado un aumento significativo de población en las últimas décadas.
Desde hacía tres años y medio, este padre de cuatro hijos vivía solo en un edificio de pisos de la plaza Mayor, concretamente en el número 11-1, primero izquierda, donde guardaba las sustancias estupefacientes que vendía a pequeña escala, al menudeo. Entre sus compradores, un veinteañero llamado Annas y su novia, que acababa de cumplir 17 años.
"No era una red amplia; eran unas cuantas personas a las que Santiago facilitaba cocaína normalmente", explica Eduardo López Nieto, abogado de la familia. "Nuestro padre tenía una pensión de 600 euros y la complementaba con lo que sacaba de la droga. Aunque nosotros siempre le regañábamos, él hacía lo que quería", cuentan sus parientes más cercanos, que se encargaban de que el hombre fuera a rehabilitación en un centro para recuperarse de un ictus isquémico agudo.
Santiago, como le conocía todo el mundo, estaba enfermo. Trece días antes de su violenta muerte, había ingresado en el Hospital Universitario Infanta Cristina, a 18 kilómetros en coche de su casa, como consecuencia de ese accidente cerebrovascular. Recibió el alta el 16, pero hablaba lento, caminaba con dificultad y necesitaba un bastón para mantener el equilibrio.
Esa misma noche, según la investigación de la Guardia Civil, Annas acudió al piso y tuvo un altercado con Santiago. Este hombre confesó después a un amigo que tenía miedo del joven, un español de 23 años y de ascendencia marroquí, al que apodaban 'el Lanas'.
Plan para atacarlo
Una semana después, a las dos y media de la madrugada del 23 de febrero, alguien llamó al piso del 'abuelo'. Según la fiscal del caso, eran Annas y su novia. Ambos habían accedido al portal del edificio aprovechando que la puerta siempre estaba abierta, y subieron hasta la vivienda de la víctima. Acordaron que ella llamaría al timbre y él se escondería. De esta manera, Santiago franqueó confiadamente la entrada a la chica para, posteriormente, dirigirse hacia su dormitorio.
En ese momento, de un modo "súbito y sorpresivo", según la fiscal de este estremecedor caso, la pareja aprovechó que Santiago estaba de espaldas para atacarlo. Con una salud débil, el hombre no tuvo tiempo de percatarse ni de reaccionar. Se abalanzaron sobre él y le propinaron una despiadada paliza con una linterna de electrochoque del tipo Táser y propiedad de la víctima. Fueron "repetidos, intensos y contundentes golpes en la parte posterior de la cabeza", y Santiago cayó al suelo de su dormitorio.
Pero los agresores no pararon. Continuaron con saña sacudiéndolo en la cabeza y en el rostro al mismo tiempo que le daban descargas eléctricas en la boca, lo que le provocó, al contacto con la saliva, fibrilación ventricular con parada cardíaca.
Modelo similar a la linterna con la que mataron a Santiago.
Para asegurar "el éxito de su letal acción", afirma textualmente la fiscal en su escrito de acusación, metieron violentamente a Santiago la linterna en su boca y ahí se la dejaron. Esto le ocasionó la rotura del frenillo de la lengua, que quedó retraída y enrollada, ocluyendo por completo la faringe.
Santiago murió decúbito supino (boca arriba) en el suelo de su dormitorio. Lo habían asesinado con una linterna de la marca y modelo Heavy Duty Stun Gun 1108 Type, con una longitud de 24 centímetros, un diámetro de 4,5 en un extremo y de tres centímetros en el opuesto.
Huida y escondite
La pareja registró el dormitorio y huyó del piso con una escopeta de caza inutilizada y el monedero en el que la víctima guardaba la droga. Buscaron refugio en la Hípica Las Conchas, una finca a cuatro kilómetros y medio. Allí, coincidieron con un empleado llamado Redouan, al que conocían. Él recogió la escopeta que se habían llevado y dejó ropa a Annas, según la fiscal, porque la suya estaba manchada de sangre. Eran alrededor de las cinco y media de la madrugada.
Luego Redouan entregó todos los efectos a un tercero para que se deshiciera de ello. El arma, envuelta en una manta, apareció bajo un árbol en el vecino pueblo de Carranque, en el camino de Serranillos. Dentro de una bolsa, la ropa totalmente ensangrentada y el monedero, que fueron hallados en un contenedor de basura de la calle Serranillos, solamente a tres kilómetros del lugar del crimen.
Casi cuatro meses después, la mañana del 16 de junio, Annas fue detenido por la Guardia Civil en el domicilio familiar, a 750 metros de ese contenedor. Hijo de unos padres muy trabajadores, según sus vecinos, el arresto era un mazazo en Carranque, al igual que el de su novia en otra parte del pueblo.
Annas, ahora en libertad con medidas cautelares, llegó a pisar la cárcel de Ocaña I en dos periodos de 2021: del 18 de junio al 7 de julio, y del 22 de octubre al 1 de diciembre. Pero la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo declaró nulos los autos de prisión por la "falta de motivación".
Juicio
El juicio con jurado está previsto para el próximo lunes en la Audiencia toledana. La fiscal solicita 20 años de prisión para Annas como autor de un asesinato, además de una indemnización de 40.000 euros para los cuatro hijos. Para Redouan, marroquí, un año de cárcel por un delito de encubrimiento, aunque no se espera que se persone en la vista oral. Sobre él pesa una requisitoria desde el 14 de octubre de 2024 dictada por el juzgado número 6 de Illescas, que instruyó esta causa, pues hasta la semana pasada se desconocía su paradero.
La acusación particular, en cambio, eleva su petición para el joven a un total de 25 años por un asesinato y un robo con violencia, así como 40.000 euros de indemnización. "El asesinato de Santiago fue una cosa dantesca", sentencia el abogado de la familia. Según Eduardo López Nieto, además de la confesión de su novia, hay indicios y pruebas que lo incriminan: declaraciones de testigos, la investigación de llamadas telefónicas o ropa ensangrentada con restos de la víctima y del investigado.
También la huella de una zapatilla de Anas de la marca Nike en el domicilio de Santiago o el bolso pequeño donde la víctima guardaba la droga, además de las agendas de teléfonos de uno y otro, que confirman la relación que había entre ellos.
Numerosos enemigos
La defensa se mantiene en pedir la absolución de Annas porque "no participó en el asesinato". Su letrado sostiene que la Guardia Civil no ha investigado a todos los compradores de droga que tuvieron relación "y que tenían cuentas pendientes" con Santiago. "El fallecido tenía numerosos enemigos a lo largo de su dilatada carrera de vendedor de drogas tanto de adolescentes, jóvenes y adultos del pueblo donde residía y de sus alrededores", según el abogado.
Sin embargo, Annas tiene en contra el testimonio de su novia. Ella reconoció ser su compinche aquella funesta madrugada y ya fue condenada por un juez de menores en 2023: un año de internamiento cerrado, seguido de dos más de libertad vigilada, por ser cómplice de un delito de asesinato y otro de robo con violencia. Sus padres, además, abonaron la indemnización de 40.000 euros a los cuatro hijos de Santiago.
"Se considera que la medida solicitada por el Ministerio Fiscal es no sólo proporcionada a la infracción cometida, sino en especial adecuada a la edad actual y las circunstancias personales de la menor", señalaba el juez José Ramón Bernácer en su fallo. La chica pertenece a una familia estructurada, pero había abandonado los estudios, sin terminar la ESO, cuando el crimen ocurrió.
"No cabe duda de que la gravedad de los hechos requiere una medida de contundencia y de un ambiente de contención en el que trabajar con una cierta intensidad", continuaba su sentencia, en la que el juez añadía: "El tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, así como el cambio de estilo de vida de la menor y el ambiente familiar normalizado aconsejan la duración" que la Fiscalía propuso.