Nenúfar junto a sus crías.
Un juzgado de Toledo condena a un cazador a pagar 100.800 euros por matar a una hembra de lince ibérico
Una de las crías del animal también murió por inanición pocos días después.
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El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador por abatir en 2019 un ejemplar de lince ibérico en el término municipal de Menasalbas, por lo que deberá indemnizar con 100.800 euros por los daños causados.
La sentencia considera probado que el acusado mató a Nenúfar, una hembra que portaba un radiotransmisor para su seguimiento, incurriendo en un delito contra la fauna por imprudencia grave. El condenado ha alegado durante el proceso judicial que confundió al lince con un zorro.
Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el condenado practicaba la caza sin licencia en vigor y en un periodo no autorizado.
Tres años de inhabilitación
Además de la indemnización, la jueza le ha impuesto una pena de multa durante varios meses y la inhabilitación durante tres años para el ejercicio de actividades relacionadas con la caza.
Tras la muerte del animal, agentes medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha localizaron posteriormente uno de sus cuatro cachorros muerto por inanición, después de que la madre hubiera sido vista días antes con varias crías.
Durante el proceso judicial, las acusaciones solicitaban penas más elevadas. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reclamaba hasta 500.000 euros de indemnización, mientras que la organización SEO/BirdLife elevaba su petición a 180.000 euros.
Finalmente, el juzgado ha fijado la cuantía en 100.800 euros, correspondiente a la muerte del ejemplar y de la cría.
Recuperación del lince ibérico
La sociedad de cazadores implicada en el caso, para la que algunas acusaciones solicitaban responsabilidad civil subsidiaria, ha sido absuelta.
Por su parte, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha recordado mediante un comunicado la necesidad de extremar la responsabilidad en la práctica cinegética y ha subrayado su implicación en la persecución de delitos contra especies protegidas.
Este caso se produce en un contexto de recuperación del lince ibérico en España, cuya población ronda los 3.000 ejemplares en 2025, con un crecimiento sostenido en los últimos años tras haber estado en peligro crítico de extinción.
