Coche averiado de los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha
Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha denuncian su descontento con el estado "lamentable" de sus vehículos
El colectivo alerta del "trato discriminatorio" del Gobierno regional y exige renovar una flota "vieja e inoperativa".
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La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado este lunes la "lamentable" situación de su parque móvil, que en plena campaña de incendios forestales ha obligado al colectivo a recurrir a vehículos prestados de otras consejerías.
Según han denunciado en nota de prensa, estos coches carecen de rotulación oficial y de emisora TETRA, lo que impide la comunicación con los medios de extinción y la Central Operativa, además de poner en riesgo la localización de los agentes en caso de accidente.
"Es un claro incumplimiento de la Ley Básica 4/2024 y una grave desatención a la prevención de riesgos laborales", sostienen ellos mismos.
La asociación critica el "trato discriminatorio" del Gobierno de Castilla-La Mancha hacia el cuerpo, al destinarse la inversión de vehículos a la empresa pública Geacam mientras los agentes ven cómo sus coches se averían constantemente.
Material antiguo
Algunos de los vehículos, aseguran, superan los 20 años de antigüedad y rondan los 500.000 kilómetros, lo que obliga a reparaciones continuas que en ocasiones superan el valor de mercado del automóvil.
APAM recuerda que la llegada de modelos como el Mitsubishi Eclipse en 2024, clasificados como turismos, ha supuesto "un despropósito" por su inadecuación al trabajo de campo en terrenos forestales.
Parte de los nuevos vehículos adquiridos por la Junta para Geacam
El colectivo reclama una inversión "ambiciosa" para renovar la flota mediante un sistema de renting similar al aplicado en Geacam y demanda participar en los procesos de adquisición para evitar "malgastar dinero público en vehículos inadecuados".
Finalmente, APAM lamenta que este problema se suma a "otras muchas cuestiones" que afectan al cuerpo, denunciando la actitud "inmovilista y bloqueadora" de la Consejería de Desarrollo Sostenible y del propio Gobierno regional.
