El informe "La percepción de la transición justa en España 2022-23", realizado por el Observatorio de la Transición Justa de la Fundación Cepsa y la consultora estratégica Red2Red, asegura que en la sociedad española "hay un amplio consenso sobre la existencia del cambio climático". Así, un 85 % de la población considera que "está ocurriendo con total seguridad". Para el 65 % de los encuestados, de hecho, es un asunto prioritario, especialmente para las generaciones más jóvenes (72 % de ellos).

Por otra parte, la transición ecológica es percibida como una oportunidad (57 %) en mayor medida que como una amenaza (20 %), especialmente cuando se piensa a largo plazo (en cuyo caso se eleva hasta un 64 %). De hecho, más de la mitad de la población considera que afectará de forma positiva o muy positiva a su entorno, mientras que solo un 20 % cree que el impacto será negativo.

Asimismo, tres de cada cinco ciudadanos españoles creen que contribuirá a generar mayor desarrollo económico. Aunque un 20% cree que su empleo podría transformarse, la mayor parte de ellos consideran que podrían adaptarse a estos cambios.

En cuanto a los aspectos a mejorar durante el proceso, algunos de los encuestados manifiestan desconocimiento y falta de información (impotencia, incertidumbre, etc.) sobre la transición energética, sobre todo a corto plazo y en zonas rurales.

Igualmente, una 40 % de la población se muestra inquieto ante la posibilidad de que éste aumente la conflictividad social en su entorno y un 70 % considera que el proceso debería ir acompañado de más participación, una demanda que se incrementa en las zonas rurales.

Renovables y autoconsumo

Sobre la conveniencia de continuar con el despliegue de las energías renovables, la mayor parte de la población (83 %) se muestra favorable a tener en su entorno más cercano una instalación de este tipo, sobre todo los residentes en zonas rurales de menos de 5.000 habitantes y grandes ciudades de más de un millón.

Este apoyo es mayor en las zonas en las que se cree que el despliegue generará impactos socioeconómicos positivos en su entorno, por lo que el informe de la Fundación Cepsa y Red2Red considera acertado poner en marcha programas que aumenten los beneficios sociales y retornos económicos a las comunidades locales.

Nueve de cada 10 ciudadanos estarían dispuestos a instalar placas solares en su vivienda y casi un 70 % de la población compraría un vehículo eléctrico o híbrido, aunque el Observatorio de la Transición Justa llama a "impulsar condiciones más favorables para el acceso a la movilidad eléctrica en zonas rurales (en las que hay menores opciones de transporte público)".

En lo que todavía se ha detectado bastante resistencia es en el hecho de pagar más impuestos para facilitar la transición ecológica, algo que respalda menos del 50 % de la población. El apoyo desciende en los jóvenes que, aunque son los más dispuestos a apoyar políticas climáticas, no lo hacen si exigen un sacrificio económico.