La Archidiócesis de Toledo ha creado un protocolo de actuación ante denuncias por abusos sexuales a menores, orientado a prevenir y en su caso detectar y denunciar los posibles casos de abusos sexuales. El objetivo es actuar con "rapidez y firmeza" ante el abuso sexual perpetrado por algún miembro del personal o colaborador de las actividades pastorales organizadas por la Archidiócesis.

La Archidiócesis de Toledo ha informado, a través de su publicación semanal "Padre Nuestro", de este protocolo que busca saber dar una respuesta ante la "revelación o fundada sospecha" de abuso sexual, "sabiendo qué hay que hacer con la víctima y con el presunto abusador" y también para prevenir situaciones de conflicto.

Mediante la creación de este protocolo, la Archidiócesis de Toledo se compromete a prevenir cualquier forma de violencia física o mental, abuso, negligencia, abandono o explotación; vivir una "leal colaboración y ayuda" con las autoridades competentes. Será cooperando con ellas en las actividades de prevención y denunciando los abusos, además de realizando un "proceso penal efectivo" de cualquier abuso contra menores o personas vulnerables cometidos en la Archidiócesis por las personas que, según el Derecho Canónico, están sometidas a su jurisdicción.

También, se compromete a "recibir, escuchar y acompañar" a quienes afirman haber sido víctimas de explotación o abuso sexual y a sus familias, ofrecer apoyo "espiritual, médico, psicológico y legal adecuado"; garantizar a los acusados el derecho a un juicio justo con respeto a la presunción de inocencia y que la persona condenada por haber abusos sea "removida de sus deberes" y, al tiempo, "ofrecerle un apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual".

Comisión diocesana

Además, se propone la creación de una comisión diocesana de protección de menores y personas vulnerables, así como capacitar a profesionales sobre los riesgos en materia de explotación, abuso sexual y maltrato a menores y personas vulnerables.

En este protocolo, la Archidiócesis recoge que, ante la revelación en el seno de la Iglesia de un posible caso de abuso sexual, lo primero será actuar "con celeridad, mantener la calma y dar apoyo y confianza al menor" para después comunicarlo a los servicios especializados responsables de valorar, verificar o confirmar el abuso.

"La persona que ha detectado y comunicado debe ser discreta, guardar la confidencialidad de lo que ha conocido, sin que quepa ningún tipo de difusión, ni pública ni privada. Solo comunicará lo que sabe a los profesionales implicados en la intervención para resolver el problema", detalla el protocolo.

En caso de que el presunto abuso sexual sea denunciado directamente ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ante la autoridad judicial, el protocolo propone contactar con un abogado y se compromete a prestar la colaboración necesaria con la investigación.

Asimismo, señala que si el clérigo investigado reconoce los hechos "es importante asegurarle el acompañamiento de un abogado, advirtiéndole de las consecuencias civiles y canónicas derivadas de su conducta".

Y añade que en tanto en cuanto no se produzca una sentencia condenatoria, "se ha de respetar la presunción de inocencia, sin dejar de adoptar las medidas cautelares canónicas que sean procedentes", pues detalla que "el proceso canónico se realizará con independencia del que tenga lugar en el ámbito del Estado".

Selección de personal

En el protocolo se recoge que, en materia moral, "los delitos más graves" son los relacionados con el sexto mandamiento, por parte de un clérigo a un menor, es decir, los relacionados con abusos sexuales, así como la pornografía infantil. Por ello, recoge que "el clérigo que comete los delitos debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o deposición".

Con el objetivo de prevenir estos abusos sexuales, la Archidiócesis se compromete a hacer una adecuada selección de personal encargado de las actividades en las que se tenga contacto con menores y adolescentes, por lo que será obligatorio aportar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos.

Además, tanto los sacerdotes como los laicos deberán firmar voluntariamente un documento de responsabilidad personal en el que "de forma expresa manifiesten su rechazo a todo tipo de abuso sexual, así como las consecuencias de incumplir ambas obligaciones".

A este protocolo le acompaña un "código de buenas prácticas" para establecer pautas positivas en la organización y desarrollo de las actividades pastorales, educativas y lúdicas con menores y adolescentes. De este modo, la Iglesia "se convertirá en un ambiente sano y espacio seguro" de los menores y las personas vulnerables.

La Archidiócesis ha recordado que también ha creado una oficina para la recepción y tramitación de denuncias de casos de abusos sexuales contra clérigos, para que estas sean tratadas "en tiempo y forma, de acuerdo con la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las personas implicadas y, especialmente, facilitar el acompañamiento a las víctimas".