Agentes de la Policía Nacional han detenido al catedrático de la Universidad de Cádiz (UCA) Tomás Ángel del Valls, natural de Talavera de la Reina, por haber desviado supuestamente fondos públicos para financiar la construcción de una “lujosa vivienda particular”, según explica la propia Policía Nacional, en la urbanización de Vistahermosa, en El Puerto de Santa María, según ha informado la cadena Ser. La noticia ha tenido un amplio en los medios de comunicación de la provincia de Cádiz.

Los agentes han podido determinar que el dinero desviado del erario público supondría una cantidad superior a los 730.000 euros, de los cuales casi 700.000 fueron defraudados a través de la UCA y la Fueca y más de 30.000 euros a través de la Universidad de Jaén.

La Policía Nacional ha explicado en una nota de prensa que, junto al catedrático, han sido detenidas cinco personas más. A los seis se les imputa la presunta participación en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. También hay dos personas que están siendo investigadas aunque no han sido detenidas, asegura la Ser.

La detención ha sido adelantada este miércoles por el periódico La Voz de Cádiz. Los dos principales investigados son el catedrático de la UCA y su mujer, también profesora de la universidad gaditana, que según los agentes “se valieron de su cargo como responsables de las correspondientes aéreas donde gestionaron en su beneficio ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación que finalmente fueron desviadas a fines ajenos, para beneficio propio y el de terceros”.

Detenidos e investigados

Entre los detenidos e investigados se encuentran varios empresarios de Sanlúcar de Barrameda. La investigación realizada por la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se inició en octubre de 2017 a requerimiento del Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz tras la denuncia presentada por la UCA tras detectar que un grupo de empresarios incrementado de forma inusual su volumen de facturación como proveedores de servicios aparentemente prestados a la UCA y a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz (Fueca).

Las primeras pesquisas realizadas permitieron determinar que las cantidades desviadas de fondos públicos “habrían ido a parar a la financiación de la construcción de una lujosa vivienda particular situada en la exclusiva Urbanización de Vistahermosa de El Puerto de Santa María”.

Los principales investigados resultaron ser dos profesores de la UCA que contaron con la ayuda de empresarios, dedicados en su mayoría al ámbito de la construcción y equipamiento de hogar, quienes habrían facturado directamente una parte de los trabajos realizados en la construcción de la vivienda, a la UCA y a la Fueca indistintamente, modificándose convenientemente los conceptos de éstas para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación para lo que se habían destinado las ayudas públicas.

La UCA, en su papel fiscalizador haciendo de intermediaria de los fondos, habría estado autorizando el abono de dichos pagos, en la creencia de que se abonaban para ejecutar servicios, trabajos, actividades, e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario que nunca llegaron a materializarse, actividades para las que habían sido concedidas las subvenciones públicas y privadas de carácter nacional, europeo e internacional.

Asimismo, se han practicado sendos registros domiciliarios en dos inmuebles de la localidad de El Puerto de Santa María, incautándose numerosa documentación, así como equipos informáticos relacionados con la causa investigada. Por parte de la autoridad judicial se ha ordenado la anotación preventiva de embargo de dichos inmuebles, como medida cautelar y garantía de la posible responsabilidad pecuniaria de los principales encartados, tal como informa la Cadena Ser.

Seis detenciones

En total se han practicado un total de seis detenciones y hay dos investigados no detenidos. Algunos de los encartados ya tenían antecedentes policiales y judiciales por delitos similares.

La investigación aún continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que parece probable que el fraude haya podido alcanzar a otras partidas presupuestarias de fondos públicos que también podrían haber sido desviadas con fines particulares, por lo que el importe final podría incluso superar el millón de euros.