El informe que está realizando la empresa Cemosa sobre la situación del edificio ubicado en la calle Laguna de la Colmada de Guadalajara, que fue desalojado en la madrugada del 11 de enero, estará listo "en unas semanas", de tal forma que una vez que se conozca el diagnóstico completo de la situación estructural y las causas que han originado las patologías, se podrá poner en marcha el proyecto técnico de rehabilitación.

Así lo ha indicado este martes la consejera de Fomento, Agustina García Élez, en la Comisión de Fomento del Parlamento regional, donde ha informado de la situación del edificio propiedad de la empresa pública Gicaman y ha detallado que en total ha habido 108 personas afectadas y que desde este mismo lunes "ya están solucionados todos los temas personales" que motivó la situación.

En concreto, ha comentado que 26 propietarios han optado por ser reubicados en una nueva vivienda --y el contrato con Gicaman sigue funcionando en la cantidad en la que estuviera establecido--, siete han decidido rescindir su contrato de alquiler recibiendo una indemnización de la empresa pública, y los diez restantes se han acogido a la ayuda económica de emergencia de la Dirección General de Bienestar Social -de 3.000 euros--, paralizando el contrato hasta que puedan volver a su domicilio.

A ellos se suman tres personas que se encontraban "en situación irregular", no habiéndose vuelto a saber nada de una de ellas desde la noche del desalojo, pese a que se ha intentado contactar con ellas. Dicho esto, ha incidido en que hasta que los que así lo han decidido puedan volver al domicilio, "no se gira ninguna renta" por parte de Gicaman, cuyo último recibo es del 4 de enero, ha explicado, incidiendo en que es "mentira" que la empresa pública hayan enviado dos recibos a nadie.

La consejera ha indicado que desde el 19 de enero no hay nadie en el edificio, que actualmente está vacío para que la empresa especializada en análisis, patologías y estructura de edificios pueda trabajar, ya que lo más importante es la garantía y la seguridad de que el ciudadano pueda volver a las viviendas de forma segura y con garantías".

De hecho, diariamente se toman dos lecturas con fisurómetros y cada cinco días se remiten a los servicios técnicos, sin que de esos informes se haya extraído "ningún movimiento fuera de lo normal que haya suscitado" la puesta en marcha de acciones extraordinarias al margen de las que se están realizando.

Agustina García sí se ha referido a la "deficiente situación estructural" de la escalera central del edificio, un punto donde se ha venido trabajando por parte de Gicaman de forma previa al desalojo, siendo su consolidación "la primera actuación de envergadura" realizada. Posteriormente, en la escalera se ha realizado otra actuación consistente en la eliminación del paño exterior de la fachada de la misma para su sustitución.

La titular de Fomento ha asegurado que "desde el primer momento" el Gobierno regional, Gicaman, la delegación de la Consejería en Guadalajara y la Dirección Provincial de Bienestar Social --a través de la asociación ACCEM-- ha estado en contacto con los vecinos, y se ha colaborado con el Ayuntamiento de Guadalajara.

Ha recalcado García Élez que "se informó en todo momento a los afectados" y ha insistido en que se establecerán "cuantas acciones judiciales" sean necesarias ante la empresa responsable de la obra una vez se tengan conclusiones sobre lo ocurrido.

Guarinos y la presencia del alcalde

La diputada del PP Ana Guarinos ha pedido información al respecto de una vivienda similar y construida por la misma empresa --en el mismo año-- que los pisos que presentaron grietas, ante lo que ha mostrado su preocupación.

Además, Guarinos ha afeado a la consejera que no haya tenido ninguna palabra de agradecimiento con el equipo de Gobierno municipal de Guadalajara. En este punto, ha querido poner de manifiesto que el desalojo "no fue realizado por la Junta".

"Ni siquiera se ha referido a la presencia del alcalde en el desalojo. Sólo ha mencionado el nombre de los técnicos. Pero no ha dicho que ese desalojo se realiza por orden del señor alcalde", ha añadido.

Tras criticas esta "omisión" a todo agradecimiento, ha insistido en que el desalojo es impulsado por el Consistorio, "y se desaloja en presencia del alcalde".

Ha aprovechado para criticar que García Élez haya comparecido en sede parlamentaria "sólo para dar un diagnóstico" de cómo está la situación.

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular ha insistido además en que restan todavía las comparecencias de las consejeras de Bienestar Social y del Plan de Garantías, Aurelia Sánchez e Inmaculada Herranz, para aclarar este tema.

Podemos y PSOE

Desde Podemos, la diputada María Díaz ha pedido a la consejera que, en el futuro, no se permita que con dinero público se puedan hacer "obras deficientes", y ha solicitado información sobre reclamaciones por parte de los vecinos del edificio previas al desalojo.

En este punto, ha reclamado información sobre cuántas y en qué momento se produjeron y si se han contestado, ya que "una grieta no aparece de la noche a la mañana".

De su lado, la parlamentaria socialista Rosario García ha aplaudido la "buena actuación" del Gobierno autonómico en este asunto, primando a las personas que vivían en el inmueble, y ha acusado al PP de "crear alarma social" con sus declaraciones.