El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes regionales, David Muñoz Zapata, ha subrayado el incremento del 28 % de los delitos de allanamiento de morada y del 20 % de los de usurpación de bienes en la región extraídos de la Memoria de la Fiscalía de Castilla-La Mancha 2019 que, ha destacado, son los más relacionados con la ocupación ilegal de viviendas, acusando a la Junta de no actuar en los casos en los que las viviendas ocupadas con de su propiedad.

Zapata ha recordado que la Comisión regional contra la ocupación ilegal de inmuebles señaló recientemente que solo el 15 % de los propietarios de viviendas ocupadas denuncia, lo que vincula a que 9 de cada 10 de estos inmuebles son propiedad de bancos y fondos de inversión. Sin embargo, como ha señalado Zapata, algunas veces estas viviendas son de la Junta de Comunidades "y el Gobierno no actúa", según ha informado la formación naranja en nota de prensa.

Para el diputado, el caso más flagrante que ha reflejado la inacción en la lucha contra la ocupación ilegal, "es lo que viene ocurriendo desde el año 2012 con las 88 viviendas de protección pública situadas en el número 14 de la Calle Joan Miró de Puertollano". "Este inmueble lleva teniendo problemas de ocupación desde hace 8 años y se han visto agravados por la inacción del titular del inmueble, que no es ni un banco ni un fondo de inversión, es la empresa pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Gicaman", ha recordado.

Zapata ha especificado que, de las 88 viviendas de este inmueble de Puertollano, "sólo 13 se encuentran habitadas de forma legal, el resto, o bien se encuentran ocupadas, o bien se encuentran destrozadas por ocupaciones anteriores".

Para el partido naranja, "no es sólo una cuestión del derecho a la propiedad, de la injusta permisividad con aquellos que habitan una vivienda por la cara, en lugar de pagar por ella como hacen los ciudadanos legales, es un problema de salubridad, de orden público, de narcotráfico y de convivencia". Problema que está afectando a este edificio de la Calle Joan Miró de Puertollano, que ha subrayado nuevamente el diputado, "gestiona Gicaman, empresa pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".

Por ello, Zapata ha anunciado que el próximo jueves, "Cs exigirá en el pleno explicaciones al Gobierno de García-Page para saber por qué se está mirando hacia otro lado con estas viviendas de Puertollano que gestiona una empresa pública que no está actuando para echar a los ocupas de este inmueble".

Una ley consensuada

Desde Cs, ha dicho su diputado autonómico, la lucha contra la ocupación "es una lacra que nos concierne a todos". En el Debate sobre el Estado de la Región hubo dos resoluciones que fueron aprobadas por unanimidad, ambas de Ciudadanos, y una de ellas se centraba en la necesidad de alcanzar consensos en los grandes problemas de la región y, "uno de los problemas que señalaba la resolución de Ciudadanos aprobada por unanimidad, es la ocupación ilegal de viviendas", ha resaltado Zapata.

Ciudadanos, ha finalizado, no va a entrar en luchas ni contra el PP ni contra el PSOE, "Ciudadanos está en lucha contra la ocupación" y, por eso, van a trabajar "con nuestros adversarios políticos, con aquellos con los que tenemos diferencias y con quien haga falta para que nos dejemos de batallitas y ganemos de verdad la batalla contra la ocupación consensuando una ley que le ponga freno".

La Junta confía en la nueva ley

Mientras, l directora general de Vivienda, Inés Sandoval, ha confiado en que las medidas preventivas adoptadas, la acción de la justicia, y la futura ley antiokupas contribuyan a solucionar la situación creada con la ocupación de pisos en el bloque de viviendas Joan Miró, de Puertollano (Ciudad Real).

A preguntas de los periodistas, Sandoval ha confiado en que todos estos elementos permitan acabar con el problema de este bloque de viviendas, en el que solo hay habitadas legalmente 13 de las 88 viviendas que hay en el inmueble, según ha asegurado el diputado regional de Ciudadanos David Muñoz, que va a preguntar al respecto en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Sandoval ha asegurado que en la última reunión de coordinación entre la administración y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se acordó llevar a cabo las acciones judiciales precisas para acabar con las ocupaciones, que según ha reconocido "han sido muchísimas" .

También se han adoptado medidas preventivas para evitar los enganches de luz y agua ilegales, ha señalado la directora general de Vivienda, que ha aseverado que desde el Gobierno regional "hay tolerancia cero contra estas mafias que están perjudicando a muchas familias vulnerables".

Y aunque ha admitido que "la justicia no es todo lo rápida que se quisiera" espera que la futura ley antiokupas sirva para agilizar los procesos de las denuncias abiertas por ayuntamientos y vecinos .

Sandoval ha hecho estas declaraciones tras reabrir la Oficina de Vivienda de Puertollano, gracias a un convenio que firmaron el pasado mes de junio el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez.

La directora general de Vivienda ha destacado que "a través del servicio de esta oficina comarcal vamos a conseguir acercar las políticas de vivienda a los vecinos y vecinas de Puertollano, ya que supondrá un lugar de información, de asesoramiento sobre cualquier cuestión relacionada con la vivienda y, además, será un punto de tramitación de las ayudas de vivienda, sin necesidad para ello, de desplazarse a Ciudad Real".

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "está haciendo un esfuerzo muy importante por aumentar las ayudas de vivienda, principalmente las destinadas a facilitar el acceso a una vivienda y a la rehabilitación de estas".

En este sentido, Sandoval ha informado que en 2020 el Gobierno regional ha destinado más de nueve millones de euros en ayudas al alquiler de las que se benefician 18.000 castellanomanchegos, "facilitando, de esta forma, el acceso a una vivienda con precios asequibles", ha subrayado.

Además, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una nueva convocatoria para que los jóvenes menores de 35 años puedan adquirir una vivienda en núcleos menores de 5.000 habitantes, que para este año cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros, lo que supone un 39 por ciento más de inversión que en la convocatoria anterior.