Cuatro médicos de Albacete y dos titulares de farmacias serán juzgados este martes, día 17, por un presunto delito de estafa continuada al expedir recetas a nombres de pacientes y personas que no requerían esos medicamentos y lograr precios bonificados por la Seguridad Social.

En el juicio están procesados, además, un enfermero del centro de salud de Riópar (Albacete) por un delito de falsedad en documento oficial, ya que llevaba en su vehículo varias recetas expedidas por una de las médicas que será juzgada en el momento de tener un accidente, en mayo de 2015, y un deportista no federado que iba a retirar recetas de un medicamento con sustancias anabolizantes.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete acogerá este juicio en el que estaba acusado un tercer farmacéutico de la ciudad de Albacete, que falleció en 2015. Los hechos, por los que los acusados se enfrentan a penas de hasta 7 años de cárcel, ocurrieron entre 2012 y 2015, y la Policía Nacional informó de la operación en 2016.

Tres de los médicos acusados (de nacionalidad cubana) trabajaban en Urgencias de los centros de salud de Ossa de Montiel, Casas de Juan Núñez y el área sanitaria de Hellín, y la cuarta acusada es de nacionalidad argentina y trabajaba en el centro de salud de Riópar, al igual que el enfermero procesado.

Cárcel y delitos

Los tres médicos se enfrentan a más de seis años de prisión por delitos de falsedad continuada y pertenencia a grupo criminal organizado, mientras que para la facultativa se piden seis meses más de cárcel y para el enfermero 16 meses de prisión.

Además, los farmacéuticos tendrán que hacer frente a una solicitud de cárcel de más de seis años, y para el deportista el Ministerio Fiscal pide tres años.

A los médicos y titulares de farmacias se les acusa de formar una red "con el ánimo de obtener un lucro ilícito" de extensión de recetas a nombre de sus propios pacientes o de otras personas que no necesitaban los medicamentos.

El escrito de acusación indica que, en ocasiones, ni constaba en el historial médico de los afectados que la medicación recetada les hubiera sido prescrita.

Según el fiscal estas recetas causó un coste económico a la Seguridad Social ya que "en la mayor parte de las ocasiones debía hacer frente al coste total de la medicación y en otras al 90%".

No obstante, se desconoce "el destino que a dicha medicación adquirida de esta ilícita forma se otorgaba, quizá destinada a otro mercado paralelo".