La Guardia Civil de Albacete investiga a cuatro personas, tres vecinas de la capital y una cuarta de la localidad sevillana de Lebrija, como presuntas autoras de dos delitos relacionados con la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos.

Según ha informado este martes la Benemérita en una nota de prensa, los hechos se remontan a abril de 2021 cuando los agentes detectaron una agresión al medio ambiente en una parcela próxima a la capital albaceteña, en cuyo terreno se había realizado un vertido de tierras, procedente de excavaciones en obras de la capital, que ocupaba una extensión aproximada de dos hectáreas.

Meses después, los efectivos del instituto armado observaron la roturación de otra parcela de unas 34 hectáreas, cercana a la anterior y declarada como pastos permanentes, y averiguaron que en ambos terrenos existía población de especies de flora protegida, concretamente tres catalogadas como “vulnerable” y otras dos de “interés especial”, al tiempo que comprobaron la existencia de hábitats protegidos de estepas salinas mediterráneas, así como tomillares y matorrales.

Se da la circunstancia de que la especie ‘Senecio auricula’, presente en el paraje afectado, habita en una extensión de unas 32 hectáreas, siendo el área más extensa de Castilla-La Mancha, mientras que las especies de flora perjudicadas se encuentran incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.

Investigación

Tras la confirmación del grave daño causado con esas actuaciones, el Servicio de Protección de la Naturaleza realizó distintas gestiones que permitieron identificar, localizar e investigar a dos personas, responsables del vertido de tierras, y dos meses después, a las otras dos relacionadas con la empresa propietaria de la parcela roturada.

La Guardia Civil ha recordado que en septiembre de 2021, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno para iniciar el procedimiento de declaración de la microrreserva ‘Blanquizales de Los Prados y Casas Viejas’, en el término municipal de Albacete, donde se encuentra el terreno en el que se produjo el vertido.

La destrucción de especies de flora silvestre protegidas constituye un delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos, tipificado en el artículo 332 del Código Penal, y puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses, así como la inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número uno de Albacete.