La Guardia Civil de Albacete ha detenido a cinco personas e investigado a otras 19 -en el marco de la operación "BERTO"- por distribuir medicamentos veterinarios sujetos a prescripción facultativa para animales productores de alimentos, al margen de cualquier criterio clínico y de sanidad. 

Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, los detenidos tienen edades comprendidas entre los 36 y los 64 años y son vecinos de la capital, desde la cuál actuaban contando con la colaboración del resto de personas investigadas (profesionales que trabajaban en varios pueblos de Albacete y en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia y Alicante).

Las investigaciones comenzaron cuando el SEPRONA tuvo conocimiento, a través del Servicio de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete, de que se había detectado un importante número de prescripciones sospechosas de un mismo veterinario relacionado con una empresa dedicada a la venta de productos veterinarios.

Las sospechas estaban fundamentadas en el elevado número de recetas firmadas por este veterinario, así como la coincidencia en las fechas de prescripción y el volumen de sus destinatarios, ya que figuraban más de 400 de distintas provincias. 

Almacén logístico en un polígono albaceteño

Durante la investigación se detectó que la empresa investigada, además de las instalaciones donde tenía ubicada su sede social, utilizaba una nave industrial que no estaba controlada por ninguna de las administraciones competentes en la materia, donde realizaban el almacenamiento de los productos que posteriormente distribuían.

Así, el registro de la sede social y la nave utilizada por esta empresa permitió el acceso a documentación de cuyo análisis se obtuvieron datos esenciales para establecer el modus operandi. 

Modus operandi

La empresa investigada habría estado dispensando medicamentos veterinarios sujetos a prescripción facultativa para animales productores de alimentos, muchos de ellos antibióticos, al margen de cualquier criterio clínico, de sanidad animal y sin responder a un uso racional de este tipo de medicamentos.

Los propios comerciales de la empresa disponían, entre su documentación de trabajo, de información exacta sobre medicamentos veterinarios y antibióticos, con anotaciones sobre dosificación, principios activos, priorización de tratamiento, tiempos de espera para carne, leche y huevos y datos necesarios para la prescripción veterinaria. 

Este modus operandi se completaba con la actuación del veterinario detenido, cuya función era firmar todas las recetas que se le presentaban y que provenían de tratamientos aplicados al margen del conocimiento de los veterinarios responsables de las explotaciones, o bien de tratamientos que se negaban a prescribir algunos veterinarios, cuando se los solicitaban. Este facultativo recibía una remuneración por estos servicios que procedía del pago por receta realizada y descuentos en la adquisición de productos de la empresa investigada.

Además, se detectó que en algunas ocasiones, a petición de los propietarios de los animales, la empresa obviaba la preceptiva actuación veterinaria, convirtiendo de facto a los trabajadores de esta empresa en los verdaderos prescriptores de los medicamentos, que eran validados posteriormente por los veterinarios encargados de las explotaciones, por lo que los implicados en estos hechos también han sido investigados en esta operación. 

El proceso se completaba con la colaboración de dos de los farmacéuticos garantes de la correcta dispensación de este tipo de medicamentos veterinarios, omitiendo las funciones de control que legalmente tienen asignadas, dificultando con ello de manera evidente la labor inspectora y de control de las diversas administraciones competentes en la materia.

Importantes beneficios económicos

El proceso tendría un fin puramente económico, pues no solo se obtendrían los beneficios propios de los márgenes comerciales de las ventas de medicamentos ordinarios, sino que permitirían a esta empresa cumplir determinados objetivos y rapeles de venta establecidos contractualmente con diversos laboratorios farmacéuticos y con ello acceder a las bonificaciones pactadas. 

El análisis de toda la documentación analizada permitió establecer que la actividad de esta empresa veterinaria se extendía por 13 provincias, llegando incluso a localidades de Barcelona, Badajoz o Navarra, aunque el grueso de la misma se centraba en localidades de esta provincia y de las limítrofes como Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia, Alicante y Valencia. 

Entre estos no solo se encontraban explotaciones ganaderas, sino que también había particulares, clínicas veterinarias, farmacias, tiendas de productos zoosanitarios y otras comerciales del sector.

Diligencias instruidas

En las distintas actuaciones de la operación “BERTO”, dirigida por efectivos del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Albacete, se ha contado con la colaboración del resto del personal de la Sección del SEPRONA y del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia albacetense, además de personal Especialista del Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con sede en Madrid.

Las diligencias instruidas por los hechos delictivos investigados por efectivos de la Benemérita, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Albacete que ha entendido del caso.