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Imagen de recurso. Javier Longobardo

Región

Dos de cada tres personas que viven de alquiler en Castilla-La Mancha se sitúan en el umbral de la pobreza

La región es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de población en riesgo de exclusión social, un 34 %.

Más información: Castilla-La Mancha invertirá 2.971 millones de euros hasta 2030 para combatir la pobreza y la exclusión social

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La subida de los precios del alquiler está incidiendo de manera directa en las cifras de pobreza de Castilla-La Mancha. Al menos así lo atestigua el 16º Informe 'El Estado de la Pobreza' presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN CLM) que refleja que el 63,7 % de los inquilinos a precio de mercado de Castilla-La Mancha se encuentran bajo este umbral, casi dos de cada tres.

Castilla-La Mancha cerró 2025 -año que recoge el informe- entre las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social -tasa AROPE- con un 34 % del total de ciudadanos frente al 25,7 % de la media española.

Aunque esta cifra mejora en dos décimas al registro del año anterior, continúa siendo la segunda más abultada de España -solo por detrás de Andalucía- y se traduce en 724.000 castellanomanchegos afectados.

Uno de los valores que marca estas cifras con mayor fuerza es el tipo de tenencia de vivienda. De las personas que gozan de un inmueble en propiedad, la tasa AROPE se sitúa en el 26,6 % por ese 63,7 % de los alquilados.

Además, entre los inquilinos se observa una tendencia alcista en los últimos años. En 2023, la tasa marcaba el registro más bajo de la última década, un 40,9 %. A partir de ahí se incrementó al 56,4 % en 2024 y escalaba otros siete puntos en 2025.

El esfuerzo económico que supone la vivienda también es mayor entre quienes ya se encuentran en situación de pobreza. En 2025, estas personas destinaban el 30,2 % de sus ingresos al pago de su hogar, prácticamente el doble que el conjunto de la población de Castilla-La Mancha, que destinaba el 16,2 %.

Del mismo modo, el informe refleja un aumento de las dificultades para hacer frente a los pagos relacionados con el mantenimiento de la vivienda. En 2025, el 12,2 % de la población de Castilla-La Mancha había sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, 1,2 puntos más que el año anterior y 1,6 puntos por encima de la media estatal, situada en el 10,6 %.

Este problema se intensifica entre la población en pobreza: el 22,8 % soporta un gasto elevado en vivienda, frente al 6,7 % del conjunto de la población castellanomanchega, un porcentaje que ha aumentado 1,9 puntos respecto a 2024.

Por si fuera poco, a esto hay que sumar la dimensión energética de la vivienda. El informe muestra que el 19,3% de la población de Castilla-La Mancha no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, una situación que evidencia cómo el coste de la vivienda y de los suministros condiciona la capacidad de los hogares para cubrir otras necesidades básicas.

Menores y brecha de género

Por grupos de edad, los menores vuelven a situarse como la población más vulnerable. Concretamente, el 43,4 % de los castellanomanchegos entre 0 y 18 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, por el 33,5 % de los que tienen entre 18 y 29. De los ciudadanos de Castilla-La Mancha que tienen entre 30 y 64 años, 33,3 % se encuentran bajo este umbral, mientras que la cifra baja hasta el 28,2 % si nos fijamos en los mayores de 65 años.

Además, la pobreza severa alcanza al 15,4 % de los menores de 18 años y al 12,3 % de las personas que viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes, frente al 5,3 % en los hogares sin menores.

Del mismo modo, el informe también recoge un importante incremento de la brecha de género. La tasa AROPE alcanza el 36,9 % entre las mujeres, frente al 31,2 % entre los hombres, lo que supone un crecimiento de 2,1 a 5,7 puntos en un solo año.

Los datos del informe muestran también el papel que desempeña el sistema de protección social en la reducción de la pobreza. En Castilla-La Mancha, las transferencias del Estado evitan que un 21,8 % de la población caiga en situación de pobreza: un 14,8 % gracias a las pensiones de jubilación y supervivencia y un 7,0 % gracias al resto de prestaciones.

Sin embargo, persisten importantes dificultades para que las prestaciones lleguen a todas las personas que las necesitan. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la tasa de personas que, pese a cumplir los requisitos, no reciben la prestación alcanza el 60,3 % en Castilla-La Mancha, frente al 55,0 % a nivel estatal.

Esto significa que seis de cada diez personas que podrían estar accediendo al IMV no lo están haciendo.

EAPN CLM reclama políticas de vivienda

En el comunicado que acompaña el informe, EAPN CLM reconoce que pese a la leve mejoría, los datos muestran que "no es posible abordar la pobreza sin abordar el acceso a una vivienda asequible y adecuada".

"El elevado peso de la vivienda sobre los ingresos de los hogares con menos recursos limita su capacidad para afrontar otros gastos básicos y aumenta el riesgo de pobreza y exclusión", señalan.

De ahí que este colectivo solicite "más y mejores políticas públicas de inversión en vivienda pública accesible y gestionada; mejorar el acceso a más y mejores empleos; así como una red pública de seguridad que prevenga y actúe sobre las situaciones de mayor vulnerabilidad antes de que las situaciones de vulnerabilidad se agraven o cronifiquen".

CSIF reclama políticas más eficaces

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla-La Mancha, estos datos evidencian la necesidad de impulsar políticas públicas más eficaces para combatir la desigualdad, garantizar una protección social adecuada y reforzar los recursos destinados a atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Aunque la tasa AROPE regional ha descendido un 1,6% desde 2015 y sólo un 0,2% respecto a 2024, CSIF considera que esta evolución resulta insuficiente ante la magnitud del problema y la persistencia de importantes diferencias respecto al conjunto del país.

El sindicato también pone el foco en la situación de la infancia y la adolescencia, cuya tasa de pobreza alcanza el 36,8 % en Castilla-La Mancha, muy por encima de la media nacional (28,4%).

"Como agente social comprometido con el desarrollo y progreso de Castilla-La Mancha", CSIF incide en que "la lucha contra la pobreza requiere una respuesta integral en la que los servicios públicos desempeñen un papel fundamental, además de afrontar medidas en el ámbito laboral, en materia salarial y en vivienda".

Para ello, la Central Sindical reclama "reforzar las plantillas y los recursos de los servicios sociales, mejorar la coordinación entre las administraciones y garantizar una atención suficiente y de calidad a los colectivos más vulnerables".