Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Page abre otra brecha con el Gobierno de Sánchez: presenta diez alegaciones al decreto de centros de datos
El Gobierno de Castilla-La Mancha alerta de que esta normativa podría complicar la llegada de Meta a Talavera de la Reina.
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Nuevo frente entre Castilla-La Mancha y el Gobierno de Pedro Sánchez. La Junta de Comunidades ha confirmado la presentación de diez alegaciones al Decreto que prepara el Ejecutivo central para endurecer la implantación de centros de datos como el que planifica Meta en Talavera de la Reina (Toledo).
La consejera portavoz, Esther Padilla ha confirmado un paso que ya avanzó el presidente Emiliano García-Page hace una semana en una visita a la planta de Mahou-San Miguel en Alovera (Cuenca) y lo ha justificado en que la futura normativa "cambia las reglas" de manera sustancial "a mitad de juego" en proyectos como el del gigante estadounidense.
De ahí que pidan una normativa "exigente y segura" que combine sostenibilidad y eficiencia energética con seguridad jurídica, proporcionalidad, respeto a las competencias autonómicas y protección de las inversiones que ya se encuentran en marcha.
Como ejemplo, Padilla ha explicado que si la normativa sale adelante según ha sido planteada en el borrador, este tipo de centros tendrán que demostrar que el 80 % de la energía que consumen es de carácter renovable.
Esto quiere decir que si empresas como Meta no pueden garantizar o demostrar que cumplen con este parámetro en todo momento, "corren el riesgo de perder los permisos".
Proyectos en marcha
De ahí que una de las principales alegaciones de Castilla-La Mancha, según ha contado Padilla, se refiere al tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.
El borrador establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.
Padilla ha considerado que no resulta razonable modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente. Por este motivo, el Gobierno regional reclama un "régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada".
En los proyectos que se desarrollen por fases, Padilla ha señalado que Castilla-La Mancha propone además que los nuevos requisitos se apliquen únicamente a la capacidad adicional correspondiente a cada nueva fase y no de forma retroactiva al conjunto de la inversión.
Rango jurídico y proporcionalidad
Otro de los bloques de alegaciones se refiere al rango jurídico y a la proporcionalidad de las medidas previstas.
Así, Padilla ha explicado que el proyecto contempla recargos que pueden alcanzar el 500 por ciento, así como la pérdida de permisos de acceso y conexión e incluso la caducidad de permisos ya concedidos.
"Entendemos que medidas de esta intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no deberían quedar definidas íntegramente mediante una norma reglamentaria", ha señalado.
La Junta reclama además que los recargos sean "graduales y proporcionados", de manera que no tenga las mismas consecuencias un incumplimiento puntual que uno grave y continuado, según ha apuntado la consejera.
Además el Ejecutivo regional plantea en las alegaciones que la pérdida de permisos quede reservada para los casos "más graves" y que se garantice siempre la audiencia del interesado y "un plazo efectivo para subsanar los incumplimientos".
Más protagonismo autonómico
Padilla ha indicado también que el Gobierno regional reclama una mayor participación de las comunidades autónomas en la aplicación de la futura normativa.
Según ha explicado, el proyecto concentra en el Estado decisiones relacionadas con la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que pueda quedar liberada. Si bien la implantación de estas infraestructuras afecta a ámbitos como el territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución.
En todos ellos, las comunidades autónomas tienen competencias y responsabilidades, tal y como ha puntualizado la portavoz. Por ello, Padilla ha reivindicado “una participación activa” de las autonomías antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad energética. También ha reclamado que los conflictos relacionados con los permisos de conexión en redes autonómicas sean resueltos por la administración competente conforme a la normativa del sector energético.
“Creemos que una norma de esta trascendencia debería haber contado previamente con un verdadero proceso de diálogo institucional”, ha señalado la consejera, quien ha relatado que las comunidades autónomas conocieron directamente el proyecto publicado, de manera que solo han podido realizar sus aportaciones posteriormente mediante alegaciones, “sin que existiera un trabajo previo”.
Criterios adaptados
El último gran bloque de alegaciones se refiere a los criterios de eficiencia energética y consumo de agua. Padilla ha explicado que Castilla-La Mancha plantea que estos indicadores tengan en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio y utilicen factores de normalización compatibles con los establecidos por la Unión Europea.
La Junta solicita que la aplicación de la normativa se lleve a cabo de manera "realista y territorialmente justa". Una petición que no se traduce en "rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha", según Padilla.
Padilla ha concluido que el objetivo de las alegaciones es "proteger los recursos naturales y garantizar la eficiencia sin comprometer inversiones tecnológicas ya avanzadas en Castilla-La Mancha ni apartar a las comunidades autónomas de decisiones que afectan directamente a su territorio".
Este nuevo encontronazo se produce en una semana especialmente tensa entre el Gobierno central y el de Castilla-La Mancha a cuenta de la Ley de Financiación.
Como les viene contando EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los ocho parlamentarios regionales del PSOE, sopesan frenar "con hechos" el nuevo modelo de financiación si llega al Congreso sin cambios, es decir, basándose en el criterio de ordinalidad acordado en su día entre Ferraz y ERC.
