José Luis Martínez Guijarro, este martes en el Palacio de Fuensalida.
Castilla-La Mancha regula las entidades colaboradoras "sin privatizar en ningún caso las funciones públicas"
El Ejecutivo de Page pretende acelerar la tramitación de expedientes complejos y aliviar la carga burocrática de ciudadanos, empresas y ayuntamientos.
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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el decreto que regula las entidades colaboradoras de la Administración regional (ECAS), una figura con la que el Ejecutivo de Emiliano García-Page pretende acelerar la tramitación de expedientes complejos y aliviar la carga burocrática de ciudadanos, empresas y ayuntamientos.
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido que la nueva regulación permitirá reducir los tiempos de tramitación gracias al apoyo técnico de entidades privadas acreditadas, aunque ha insistido en que "en ningún caso" supondrá privatizar funciones públicas ni rebajar las garantías jurídicas.
"La autorización, la resolución, la inspección y el control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración", ha subrayado.
Urbanismo, medio ambiente o patrimonio
Las entidades colaboradoras podrán intervenir en ámbitos como el urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.
Su labor consistirá en realizar funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación o comprobación documental para facilitar la tramitación de expedientes especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga administrativa.
El Gobierno regional sostiene que este modelo permitirá ofrecer una Administración "más rápida, eficiente y segura", sin que ciudadanos o empresas estén obligados a recurrir a estas entidades, ya que su utilización será siempre voluntaria.
Un apoyo para el medio rural
Uno de los principales objetivos de la medida, según ha explicado Martínez Guijarro, es ayudar a los pequeños municipios de Castilla-La Mancha, especialmente los situados en el medio rural.
El vicepresidente ha señalado que muchos ayuntamientos carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años.
"Las entidades colaboradoras se han pensado como una herramienta esencial para los pequeños ayuntamientos de las zonas rurales de la región, que no tienen personal y tienen problemas a la hora de desatascar proyectos urbanísticos", ha afirmado.
Requisitos y control público
El decreto establece un sistema de control para las empresas que quieran actuar como entidades colaboradoras.
Deberán obtener autorización administrativa previa, estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), inscribirse en un registro específico de Castilla-La Mancha, acreditar solvencia técnica y económica, disponer de personal cualificado, implantar sistemas de calidad y contratar un seguro de responsabilidad civil de al menos un millón de euros.
Además, estarán sometidas a supervisión permanente por parte de la Administración autonómica.
Una figura polémica
La aprobación del decreto llega después de meses de controversia política y sindical. La figura de las entidades colaboradoras fue introducida durante la tramitación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa y desde entonces ha recibido un fuerte rechazo por parte de varios sindicatos de la función pública.
CSIF fue el primero en denunciar que la norma "blinda legalmente una futura privatización de los servicios públicos", al considerar que empresas privadas asumirán tareas que corresponden a empleados públicos. El sindicato sostiene que la solución para agilizar la Administración pasa por reforzar las plantillas y no por externalizar funciones.
En la misma línea, UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha criticó la Ley 4/2025 al entender que abre "un canal directo para privatizar, a través de entidades colaboradoras, determinados trámites administrativos", además de reclamar más empleo público para reducir los retrasos en la gestión.
Frente a esas críticas, el Ejecutivo regional insiste en que las ECAS únicamente realizarán funciones técnicas de apoyo y que todas las decisiones administrativas seguirán siendo competencia exclusiva de la Junta, que mantendrá el control, la inspección y la responsabilidad sobre cada expediente.
