CCOO Castilla-La Mancha pide prorrogar la regularización más allá del 30 de junio: "No puede quedar nadie en la estacada"

Los primeros días del proceso de regularización extraordinario de inmigrantes han generado un aluvión de peticiones en las entidades colaboradoras —sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro—, una avalancha que también en Castilla-La Mancha ha impedido una respuesta adecuada a miles de personas y ha puesto en entredicho la propia gestión del proceso.

La expedición del informe de vulnerabilidad ha sido el primer gran obstáculo con el que se han topado miles de inmigrantes ávidos del estatus que el decreto 316/2026 permite. Las oficinas de CCOO en las cinco provincias de la región atendieron más de 1.500 peticiones durante el lunes y el martes de la pasada semana —los dos primeros días en que se pudo tramitar la solicitud—.

Desde el 20 de abril, la organización ha recibido un volumen "incontable" de consultas en la comunidad autónoma. En los momentos de mayor tráfico telefónico se produjo "una llamada cada diez segundos".

El secretario de Empleo y Políticas Públicas del sindicato en la región, Juan Carlos del Puerto, advierte de los impedimentos para la expedición de los certificados reclamados, un "cuello de botella" que podría dejar en la "estacada" a muchos de quienes aspiran a tener sus papeles en regla.

"No se puede quedar gente fuera de la regularización", remarcan desde la organización sindical. El "pequeño dispositivo" que CCOO tiene en la comunidad autónoma complica la absorción de un volumen imprevisto. Al mismo tiempo, emerge "el otro gran problema que tenemos, que es el vencimiento de los antecedentes penales".

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Desde el sindicato confían en que "el ritmo de trabajo irá encauzándose en las semanas venideras". No obstante, alertan de las dificultades para resolver todos los expedientes antes del 30 de junio.

Para Del Puerto, es "muy poco el tiempo que se ha dado". La posibilidad de una prórroga para aliviar la carga de trabajo que ha generado el proceso se antoja el horizonte deseado.

Las entidades colaboradoras con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hacen "el trámite desde el principio hasta el final", recuerda Del Puerto. No obstante, para dar el visto bueno al informe de vulnerabilidad "tenemos que tener la trazabilidad del expediente", incide.

Estas instituciones son más que un acompañamiento. "No es solo poner un sello como asociación; es saber a quién se emite este sello de vulnerabilidad y se le presenta el expediente". Tal es la "responsabilidad organizativa" que afrontan y que ha originado tanta saturación. No obstante, desde CCOO "echan de menos" la participación de otras entidades colaboradoras.

Una "buena opción" sin la mejor gestión

Del Puerto se refiere al proceso de regularización como "una buena opción política que da derechos a las personas extranjeras", al tiempo que critica la gestión realizada por parte de todas las administraciones públicas, una labor que considera que "ha sido muy mejorable".

Al Gobierno de España le afea la demora y la poca claridad que han envuelto a la emisión del certificado de vulnerabilidad: no fue hasta el pasado jueves cuando el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez detalló, a través del departamento que encabeza Elma Saiz, los criterios "sobre quién puede y quién no o sobre cómo puede".

En el caso de la Junta de Comunidades, Del Puerto cree que si hubieran existido reuniones previas se habrían facilitado el "operativo" de las diferentes asociaciones y sindicatos. Y, a buen seguro, habría sido "otro".

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Algunos ayuntamientos, por su parte, "solo han emitido expedientes que se habían abierto previamente y nosotros hemos tenido que asumir, dentro de nuestra capacidad de trabajo, lo que buenamente hemos podido". CCOO defiende que su actuación ha estado regida por unos "criterios de gestión serios".

Al mismo tiempo, el secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO en la región desvela el interés generalizado que ha despertado la regularización exprés. "A esta sede ha llamado gente de todos los partidos", cuenta.

Historias con las que "se cae el alma"

El contacto con centenares de personas en situación irregular ha aflorado la existencia de casos dramáticos. Del Puerto habla de "gente que ha llegado a pagar 1.000 euros en su país de origen —que es una estructura corrupta— para sacar el certificado de antecedentes penales y que si no encuentra el papel de vulnerabilidad puede quedar fuera".

"Se me cae el alma con las historias que nos están contando, una tras otra", añade el responsable de CCOO Castilla-La Mancha. En la misma línea, alerta de la "picaresca de los supuestos asesores" que se comprometen a "sacar las citas" de los desesperados migrantes.

Del Puerto recuerda que el certificado de vulnerabilidad y el expediente de penales —el que se emite en España— son totalmente gratuitos. "No pueden exigir precio por él, nadie", confirma.

Más allá de la ventana de oportunidad que abre este proceso, hay un buen número de extranjeros que cumplen los criterios de la normativa vigente. Aunque "se están acogiendo a esto, si no llegan, disponen de otras opciones de regularización" según las leyes preexistentes.

La aclaración de las principales dudas relacionadas con el certificado de vulnerabilidad anticipa semanas venideras más tranquilas, un escenario que —presumiblemente— dejará atrás los "días brutales" que han definido el inicio del proceso.