La jornada de 35 horas llega a 17.000 funcionarios en Castilla-La Mancha y obliga a todos los ayuntamientos a aplicarla

Más de 17.000 empleados públicos de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha comenzarán a trabajar 35 horas semanales a partir de la primera quincena de abril, un cambio que no solo beneficia al personal ministerial, sino que tumba definitivamente la "vía de escape" legal de los ayuntamientos que no disponen de un convenio propio en la región.

Al convertirse en normativa básica estatal, este acuerdo "histórico" obliga a los municipios donde el ayuntamiento no dispone de convenio propio a abandonar sus jornadas de 37,5 horas y equiparar sus derechos con los de las capitales. Esta medida reabre una brecha en la región: mientras la Junta de Castilla-La Mancha y las capitales de provincia ya la cumplen, cientos de empleados de pequeños municipios siguen atrapados en jornadas superiores a lo establecido.

Tras el acuerdo firmado el pasado viernes en Madrid con los sindicatos, desde la Función Pública se estima que beneficiará a unos 220.000 empleados públicos en España y concretamente a 17.000 en Castilla-La Mancha.

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La puesta en marcha de esta jornada reducida marca un antes y un después en la Función Pública. Lo que comenzó como una reivindicación surgida en el marco del 'Acuerdo del Siglo XXI' de 2021 se materializa finalmente tras el reciente pacto con UGT, CCOO y CSIF.

"Vía de escape"

Para los empleados de los ministerios, delegaciones y organismos estatales, el cambio es inmediato: el fin de las 37,5 horas y el inicio de un horario que, según el Ejecutivo, se implementará garantizando la calidad y continuidad de los servicios públicos mediante una reorganización de las plantillas.

Esta norma es vital para un funcionario de un ayuntamiento de Castilla-La Mancha que no dispone de convenio propio, ya que su realidad hasta ahora era ambigua.

La Ley de Empleo Público regional ya mencionaba las 35 horas, pero con un matiz legal que servía de "vía de escape" para estos consistorios, ya que era una norma "supletoria" —una recomendación si no había otra cosa—. Esto hacía que algunas casas consistoriales no se unieran a este precepto.

Sin embargo, Carmen Juste, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, explica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la relevancia del anuncio del pasado viernes.

Este acuerdo al ser ahora una normativa básica del Estado, el escenario cambia. "Los ayuntamientos se rigen por la normativa estatal y, por tanto, entiendo que tienen que aplicar las 35 horas todas las casas consistoriales", señala Juste.

"Tienen la obligación de aplicarlo", recalca Juste. "Donde hay representación sindical, se negociará la adaptación de los cuadrantes, pero donde no la hay, el ayuntamiento debe extrapolarlo a su administración de oficio".

Norma estatal

Para los ayuntamientos de estos municipios que no tienen convenio, esta reforma estatal se convierte en su norma de referencia. Es decir, el derecho a trabajar 35 horas se vuelve universal para todos los empleados públicos, independientemente del tamaño de su municipio.

Pese a los avances legales y la nueva reforma estatal, el Ayuntamiento de Burujón, en la provincia de Toledo, se sitúa ahora en el foco del sindicato CSIF tras la interposición de una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo que definen como "maltrato sistemático" donde los funcionarios tienen jornadas laborales de 40 horas semanales.

La plantilla formada por unas 20 personas se enfrenta a una triple brecha según advierte el sindicato: trabajan 40 horas semanales, no han percibido las subidas salariales pactadas a nivel nacional y, en los casos más extremos, hay trabajadores cuyos salarios base ni siquiera alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

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Raúl Turín, presidente de CSIF Toledo, es tajante: "Se está produciendo una discriminación flagrante. No es de recibo que un empleado municipal trabaje 40 horas cuando la obligación legal, incluso antes de este nuevo acuerdo, ya era de 37,5 horas".

Este escenario pone de manifiesto el principal temor de los sindicatos: que la jornada de 35 horas se convierta en una "prestación de dos velocidades", donde los funcionarios de las capitales y la Junta disfrutan de la conciliación mientras los ayuntamientos que no disponen de un convenio propio sigan con normativas anticuadas sin cumplir con los nuevos criterios.

Acuerdo universal

Uno de los grandes logros de la negociación liderada por UGT, CCOO y CSIF con el Ministerio es la universalidad del acuerdo. En el borrador inicial, el Gobierno pretendía excluir a colectivos con jornadas especiales, como el personal de Instituciones Penitenciarias o el personal sanitario dependiente del Estado.

Finalmente, el texto ratificado no excluye a ningún ámbito. Incluso las empresas públicas y agencias estatales con personalidad jurídica propia deberán adaptarse.

Para los casos de "especial dedicación", las jornadas de 40 horas se reducirán automáticamente a 37,5 horas, y se mantendrá la jornada intensiva de verano, una medida clave para la conciliación en una región con las temperaturas extremas de Castilla-La Mancha.

El optimismo de Carmen Juste y la combatividad de Raúl Turín coinciden en un punto: el papel de los sindicatos será fundamental a partir de la segunda quincena de abril para que se cumpla la nueva normativa. "Estaremos vigilantes", repiten ambas organizaciones.

La implementación de las 35 horas no es una cuestión de "trabajar" menos tiempo; es un "hito histórico" que se viene persiguiendo desde 2021 con el 'Acuerdo del Siglo XXI' y que este abril pasa a ser una realidad jurídica sin "vías de escape".