Infraestructura del trasvase Tajo-Segura.
La Junta formalizará antes de final de marzo su demanda contra el Gobierno por las reglas del trasvase Tajo-Segura
La consejera Mercedes Gómez defiende que es el momento de cambiar su gestión por sostenibilidad hídrica.
Más información: Los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha preparan una demanda al Gobierno por el retraso de las reglas del trasvase
El Gobierno de Castilla-La Mancha espera formalizar antes de que finalice el mes de marzo su demanda contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante una rueda de prensa en Toledo, donde ha explicado que los servicios jurídicos de la Junta están ultimando el informe que deberá acompañar a la demanda.
Según ha indicado, este documento es el paso previo necesario para poder iniciar formalmente el proceso judicial.
La consejera ha afirmado que, a juicio del Ejecutivo autonómico, siguen sin darse las circunstancias que justifiquen el retraso en la modificación de las reglas de explotación del trasvase.
Sostenibilidad hídrica
En este sentido, ha advertido de que la situación actual de los embalses de cabecera del Tajo-Segura es "excepcional" y podría generar una percepción equivocada sobre la disponibilidad de agua.
Gómez ha explicado que hacía 14 años que no se registraba una situación hídrica tan favorable en estos embalses, por lo que ha insistido en la necesidad de actuar con prudencia para garantizar la sostenibilidad del recurso.
"Si no somos cautos y si no somos sostenibles en las decisiones que tengamos que tomar, dilapidaríamos este recurso", ha subrayado.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informa, en una rueda de prensa.
La responsable regional ha defendido que el momento actual es adecuado para introducir cambios en la gestión del trasvase. Sin embargo, ha lamentado la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central.
Según ha señalado, la última información que maneja el Gobierno regional es que el Estado esperará a la resolución de dos procedimientos judiciales derivados de recursos presentados por otras administraciones.
Ante esta situación, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha decidido emprender acciones legales para exigir el cumplimiento de lo establecido en el real decreto que regula el sistema. "El Gobierno de Castilla-La Mancha ejercerá sus acciones legales oportunas para que se cumpla lo dicho", ha concluido la consejera.
