Paco Núñez, Emiliano García-Page y Ana Isabel Abengózar durante la sesión de toma en consideración del Estatuto de Castilla-La Mancha celebrada en el Congreso de los Diputados.
Castilla-La Mancha inicia 2026 sin urnas a la vista y pendiente del Estatuto, el agua del Tajo o la financiación autonómica
Otros asuntos que marcarán la agenda política de la región serán las listas de espera, la vivienda, el mercado laboral o el futuro de los fondos de la PAC.
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El nuevo año comienza en Castilla-La Mancha con tres retos fundamentales pendientes de resolución y sin elecciones autonómicas en el horizonte. Durante 2026, se decidirá la suerte de la región en los planos institucional, fiscal e hídrico: la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica y la publicación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura emergen como los asuntos primordiales.
La renovada norma estatutaria se encuentra en las Cortes Generales y su propia toma en consideración desveló un apoyo amplísimo. Sin embargo, a la certeza del sí le amenaza un hipotético adelanto electoral —que implicaría la disolución de las Cámaras y la consiguiente demora en la tramitación.
El proyecto, acordado en las Cortes regionales por PSOE y PP, se ha revestido de consenso, una idea-fuerza tantas veces invocada como pocas practicada. Las dos grandes formaciones concuerdan en las mejoras que el articulado reafirma y recalcan que la actualización resultaba necesaria.
Otro de los grandes desafíos de la región para 2026 será el relacionado con la aprobación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. El Ministerio para la Transición Ecológica dispone de la competencia para fijar los umbrales; sin embargo, su publicación acumula meses de retraso.
Además de urgir al departamento que dirige Sara Aagesen, la Junta de Comunidades insiste en la necesidad de aplicar las diferentes sentencias judiciales favorables al Tajo. Asimismo, Castilla-La Mancha reclama un marco que facilite derivaciones más pequeñas —tendentes a cero— y abunde en la sostenibilidad de la maltrecha cuenca cedente.
![La consejera Mercedes Gómez conversa con la ministra Sara Aagesen.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/18\/actualidad\/1003744061034_260550957_320x180.jpg"])
No obstante, la incógnita con el agua podría resolverse en los primeros días del año si las intenciones del Gobierno central se materializan.
Mayores dificultades se anticipan para la financiación autonómica, un sistema pendiente de actualización desde hace más de una década, un problema donde confluyen los intereses contrapuestos de las diferentes comunidades y que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez acentúa.
La Junta aspira a que la región deje de estar infrafinanciada, una situación que también define la relación de otros territorios con la caja común. Más dinero del Estado aliviaría las arcas públicas y ofrecería una capacidad de gasto extra sin incurrir en déficit —se prevé equilibrio presupuestario en 2026— ni tener que costear con deuda pública los saldos negativos.
Desde Toledo se ha cargado contra la excepción que el Gobierno de Sánchez plantea para Cataluña, también contra el principio de ordinalidad que enterraría el modelo de solidaridad entre las comunidades del régimen común que ha regido en las últimas décadas.
![Alfonso Ruiz Molina es el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/21\/actualidad\/1003743856584_257445888_320x180.jpg"])
Carrera sanitaria, vivienda o PAC
Lejos de las grandes cuestiones, emergen otros debates con un impacto directo sobre la vida diaria de los vecinos de la región. En el ámbito sanitario, el eventual desbloqueo de la carrera profesional, una vieja demanda de los profesionales del sector, se mantiene como una petición pendiente de resolución. También en este departamento, la reducción de las listas de espera, el indicador que suele determinar la valoración ciudadana del servicio, se antoja decisiva.
En la parcela educativa, la inminente ley de universidades será una de las novedades que traerá el año entrante. La nueva norma facilitará —o no— la llegada de universidades privadas: Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma sin este tipo de centros, ni instalados ni en trámites.
Otras cuestiones candentes serán, un año más, la bajada de ratios, la carga burocrática que afrontan los docentes o sus dificultades en los corredores de la región donde la población aumenta. Cabe reseñar el reciente nombramiento de la toledana Milagros Tolón, delegada del Gobierno en la región durante los dos últimos años, como ministra del ramo.
En el caso de Fomento, y más allá de la suerte de las infraestructuras del futuro, incluidas las autopistas de peaje o el tramo toledano del AVE entre Madrid y Lisboa, la urgencia versa sobre la vivienda. Las administraciones públicas de todos los niveles encaran una escasez de oferta que ha contribuido al encarecimiento de los precios en un contexto de crecimiento poblacional y escaso poder adquisitivo de las cohortes jóvenes.
La movilización de terrenos se atisba como una de las soluciones inmediatas para responder a una urgencia que el conjunto de la ciudadanía considera prioritaria.
En política económica y de empleo, el principal reto del Gobierno regional estará relacionado con la calidad en el desempeño profesional: además de los escalones salariales entre trabajadores recién incorporados y veteranos, inquieta la persistencia de la brecha entre hombres y mujeres o las dificultades de los parados más longevos para retornar al mercado laboral. Entretanto, los accidentes relacionados con el trabajo han vuelto a dejar cifras alarmantes.
En el sector primario, preocupan los repartos de fondos que traiga la Política Agraria Común (PAC) que se negocia en Bruselas, un aporte que sostiene centenares de explotaciones en la región. En todo caso, el ámbito en que se decide la suerte de este dinero es la Unión Europea, una instancia donde la voz de la región será trasladada por el Ministerio de Agricultura.
¿Estabilidad política?
En Castilla-La Mancha no habrá adelanto electoral: la cita con las urnas tendría que repetirse en mayo de 2027, una premura que obstaculiza un intento que, en todo caso, tampoco tendría sentido en un escenario de mayoría absoluta como el que disfruta Emiliano García-Page.
No obstante, un elemento disruptivo sería la hipotética convocatoria de elecciones generales este año. Esta posibilidad, prerrogativa del presidente del Gobierno, trastocaría las expectativas de los principales partidos de la región.
Mientras el PSOE de Page apremia a Sánchez a someterse al veredicto de los votantes, la oposición confía en el lento —pero inexorable— desgaste de un Gobierno sin capacidad legislativa y acorralado por diferentes casos de supuesta corrupción.
Los socialistas de Castilla-La Mancha temen que, como ya pasó en los comicios celebrado en la primavera de 2023, el bofetón a Sánchez se lo lleven sus candidatos en las autonómicas y municipales; el PP de Paco Núñez cree que cada día que el presidente pasa en el Palacio de la Moncloa les acerca a ellos al de Fuensalida: piensan que con Sánchez en el poder Page no podrá reeditar los 483.500 votos (ni el 45,1 % de todos los emitidos) de entonces. Entretanto, Vox crece, una realidad que Extremadura volvió a constatar.
