La Junta y el TSJ acompañarán a personas con enfermedad mental judicializadas o en riesgo de delinquir

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad han suscrito un protocolo de colaboración para la atención de personas con enfermedad mental en proceso o riesgo de judicialización. El documento fue firmado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del TSJ, María Pilar Astray Chacón.

El objetivo principal de esta firma es formalizar y reforzar la cooperación institucional, estableciendo mecanismos de actuación adecuados para atender a quienes han entrado en contacto con el sistema judicial o penal por haber cometido un delito o por estar en riesgo de hacerlo, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Ambas instituciones trabajan conjuntamente desde el año 2013 a través de las Comisiones de Análisis de Casos, que integran a profesionales del ámbito judicial, sanitario, social, penitenciario y de las asociaciones de pacientes. Estas comisiones se encargan de analizar situaciones concretas, compartir información, buscar estrategias de intervención, realizar el seguimiento de los casos complejos y detectar carencias en la red asistencial.

El protocolo persigue diversos fines. Entre ellos, busca mejorar las oportunidades de integración social de las personas afectadas por un trastorno mental, discapacidad intelectual o adicción. También se orienta a facilitar la comunicación entre las dos administraciones y el intercambio de recursos para un mejor aprovechamiento en beneficio de los pacientes.

Un eje crucial del acuerdo es el apoyo a las estrategias de prevención impulsadas por las Comisiones antes mencionadas, buscando minimizar el riesgo de judicialización mediante la detección temprana y la correcta adecuación de programas de tratamiento y recursos asistenciales.

El protocolo incluye la elaboración de guías conjuntas. Destaca un documento clave para mejorar la inserción social y asegurar el seguimiento comunitario de las personas con enfermedad mental que finalizan su condena.

Finalmente, el acuerdo se propone difundir las Comisiones entre los profesionales de las Administraciones intervinientes para incrementar el número de casos valorados. Este aumento facilitará la puesta en común de casos complejos. A partir de estos, se podrán elaborar protocolos generales de actuación para casos tipo y disponer de las herramientas necesarias para una atención integral efectiva.