Castilla-La Mancha registra 49 solicitudes de eutanasia desde 2021, cuarta región con menos testamentos vitales: 5,3 por mil

La reciente constitución de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Castilla-La Mancha, presentada oficialmente este miércoles en la Real Fundación de Toledo, ha puesto de manifiesto la lentitud administrativa y la limitada promoción de los derechos al final de la vida en la región. La entidad, que nace con 113 socios y se integra en la estructura federal, ha exigido a las autoridades sanitarias que agilicen los procesos y luchen contra el "desconocimiento" que sitúa a Castilla-La Mancha a la cola del país en esta materia.

La presidenta de DMD en Castilla-La Mancha, Blanca Calvo, ha destacado que la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, en vigor desde junio de 2021, presenta importantes demoras en la comunidad. Como ejemplo, en 2022, el tiempo medio entre la solicitud del paciente y la autorización fue de 126 días (con una mediana de 70). En cuanto al total de prácticas, de las 49 solicitudes registradas en la región durante los primeros cuatro años de vigencia de la ley, solo 16 se llevaron a efecto. En 2023, de 28 peticiones registradas, se practicaron nueve, el 32 %; en 2022, fueron 7 de 19, y en 2021 hubo dos solicitudes.

"Las solicitudes no deberían tardar más de 30 días en resolverse y esos plazos se aumentan de forma notable", subraya Calvo. La presidenta también solicita que se publiquen con mayor rapidez los datos oficiales para disponer de una radiografía más clara de la situación real. Por otro lado, la asociación exige agilizar la designación del médico responsable para tramitar la documentación, cuyo plazo reglamentario es de 48 horas, pero que frecuentemente se incumple.

Otro de los principales focos de preocupación es la baja tasa de voluntades anticipadas (o testamento vital), un documento esencial que garantiza la autonomía personal al final de la vida y permite decidir sobre los tratamientos médicos. Castilla-La Mancha solo registra una tasa de 5,3 por mil personas que han presentado este documento, lo que suma 13.505 tramitaciones este año a fecha 30 de junio de 2025. Este dato sitúa a la región como la cuarta por la cola en el país, solo por delante de Ceuta, Melilla, Extremadura y Murcia, y muy lejos de las comunidades líderes como Navarra, País Vasco, La Rioja y Cataluña.

Desde la entrada en vigor de la norma, el 59 % de los testamentos vitales registrados en la comunidad autónoma han incluido la voluntad de acogerse a la ayuda para morir. El colectivo subraya que este documento es "esencial" porque, si el paciente sufre deterioro cognitivo o entra en coma, no puede solicitar la eutanasia si no ha presentado previamente sus voluntades anticipadas, ya que legalmente "nadie" puede hacerlo por él.

Las solicitudes pueden promoverse por tres vías: puntos de información y registro, oficinas habilitadas y centros sanitarios. El 97,8 % de los ciudadanos opta por los registros, el 1,6 % ante notario y el 0,61 % a través de testigos, que pueden ser uno o varios. María Castillo, vicepresidenta de DMD en Castilla-La Mancha, atribuye la baja penetración del testamento vital al "miedo a la muerte" y al desconocimiento del derecho.

Castillo afirma que la administración "debería divulgarlo más, intentar que el máximo de gente lo conozca", considerándolo "crucial" porque permite solicitar previamente la ayuda para morir si la persona pierde su capacidad de expresarlo en el momento final, siendo en este escenario de "obligado cumplimiento".

El perfil de quien registra sus voluntades anticipadas en la región es el de una "mujer de más de 60 años, que nombra representante y es también donante de órganos".

La creación de DMD tiene como objetivo aumentar la "presencia pública, asociación y activismo" en la comunidad, buscando dinamizar especialmente aquellas provincias donde los grupos locales se encuentran inactivos, según indica la entidad.

En este contexto, Fernando Marín, vicepresidente federal, enmarca el derecho a morir dignamente como parte de la defensa de las libertades individuales. "Esto es un derecho humano más, que cada persona sea la protagonista de su final, también. Es un derecho individual pero una pelea colectiva en defensa de los derechos humanos", declara.

Además de la promoción, la asociación se ofrece a dar apoyo directo a los ciudadanos con problemas en el registro de solicitudes y habilitará un número de teléfono de atención personalizada en unas dos semanas: 699 54 55 45.