Alberto Nadal: "La financiación autonómica no puede consistir en que unas regiones consigan ventajas que otras no logren"

Fue recuperado por Alberto Núñez Feijóo, quien lo incluyó en el comité de dirección y le encomendó la tarea de preparar el programa electoral en materia de economía.

Este lunes Nadal ha visitado Toledo para un encuentro con empresarios, donde ha mantenido un encuentro con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Una cita que se celebraba en paralelo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que María Jesús Montero, vicepresidenta segunda, avanzaba a las comunidades autónomas las líneas de la financiación regional que quiere poner en marcha a lo largo del año que viene.

De ahí que Nadal haya querido dejar clara cuál es la postura de su partido ante la propuesta del Gobierno de ofertar una financiación a la carta a cada autonomía.

Nadal escucha con atención una de las preguntas. Javier Longobardo

La propuesta de Montero de una financiación a la carta para cada autonomía puede ser tentadora. No sólo para las autonomías del PP. También por la posibilidad de que acercar a su partido a Junts de cara a una hipotética moción de censura.

Con la financiación autonómica lo que está abierto es la definición de cuáles son las variables a la hora de calcular los costes y las variables que se tienen que considerar. Lo que no se puede plantear es la creación de un sistema en el que algunas regiones consigan ventajas o se computen variables que les favorezcan y que otras no logren o tengan.

Las comunidades autónomas tienen todo el derecho a plantear que se establezcan variables que afectan al coste de sus servicios. Pero lo que no se puede hacer es romper la caja única del sistema.

Ustedes gobiernan en buena parte de las comunidades autónomas. Si lo que se plantea ahora es romper la caja única, parece que el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el PSOE a la cabeza, se va a oponer porque insiste en mantener la solidaridad interterritorial. ¿En dónde está el PP?

Hay que dejar una cosa clara. Actualmente sólo hay una excepción al régimen general: el régimen foral. El resto estamos en un sistema en el que las reglas del juego son conocidas.

Los sujetos pasivos de los impuestos que van al fondo común son individuos o empresas, pero no hay un sujeto pasivo que se llame Albacete, Toledo o Castilla-La Mancha. Son los ciudadanos de Toledo, de Albacete, de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha los que individualmente pagan los distintos impuestos.

El vicesecretario de Economía del PP gesticula durante una de sus respuestas. Javier Longobardo

Aunque también hay impuestos autonómicos y locales, el Estado es el gran recaudador de impuestos. Después, se distribuyen en el sistema de financiación autonómica por las reglas que da este sistema de financiación autonómica. Un sistema que data del año 2009 y que fue negociado entre [Josep Lluis] Carod-Rovira y [José Luis Rodríguez] Zapatero.

Se trata de un modelo que está más que caducado. Eso obliga a buscar un nuevo sistema basado en variables objetivas para cubrir los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. Y tenemos que tener en cuenta la población, la edad o el nivel de dispersión, que son variables que todas las comunidades autónomas tienen derecho a poner encima de la mesa porque afectan a sus costes.

Ahora hay que escuchar a todas las comunidades autónomas para saber cuáles son esas variables que creen que son importantes y se deben tener en cuenta para financiar sus servicios públicos.

Su postura coincide con la de Page.

Más o menos coincidimos en que el sistema de financiación que tenemos es el que nos ha dado la Constitución. En nuestro sistema, el Estado recauda los grandes impuestos de todos los españoles y los distribuye a las comunidades autónomas a través de un modelo que garantiza esos servicios públicos esenciales. Lo que está en discusión es cómo calculamos su coste.

¿Cómo ven desde el PP que las comunidades puedan competir entre sí por la atracción de empresas o grandes rentas?

Eso puede incorporarse dentro del sistema. Las comunidades ya lo hacen porque tienen capacidad normativa sobre muchos impuestos como, por ejemplo, el IRPF. Ser más eficiente en el gasto ayuda a una región a poder hacer una oferta tributaria mejor a sus ciudadanos.

Tradicionalmente, las comunidades autónomas del PP han sido mucho más eficaces en la gestión del gasto público y eso les ha permitido bajar impuestos. Esto no es hacer dumping fiscal: es, simplemente, gestionar mejor. Y si otras comunidades hacen lo mismo que las del PP, podrán ofrecer esa ventaja fiscal a sus vecinos.

Montero quiere también llevar los Presupuestos Generales del Estado al Congreso, aunque parece difícil que pueda aprobarlos. ¿Se puede terminar la legislatura sin nuevas Cuentas públicas?

Hasta el momento, de las tres veces que tendrían que haberlos presentado, no lo han hecho ninguna. Y tiene pinta de que, según está la situación parlamentaria, no se van a aprobar las siguientes Cuentas.

Este lunes se daba el pistoletazo de salida con la aprobación de la senda de déficit en el CPFF. Estamos en el mes de noviembre, esto se tenía que haber hecho en julio. La ministra [de Hacienda, María Jesús Montero] ha convocado a los consejeros autonómicos sin haberles pasado un solo papel ni una sola cifra.

No tiene pinta de que se vayan a aprobar los Presupuestos y esto es enormemente grave, pero todavía más grave es que se ha incumplido el mandato constitucional durante toda la legislatura.

La propuesta de Montero permite un déficit del 0,1% a las comunidades autónomas. En el caso del Estado llega hasta el 2%. ¿Qué le parece?

La ministra no plantea una financiación bien estructurada para cumplir los objetivos de déficit y para, al mismo tiempo, cumplir con las necesidades de financiación de los servicios públicos. Lo plantea como un anuncio del Gobierno a las comunidades autónomas para que lo tomen o lo dejen sin haber hablado con ellas ni tampoco con los ayuntamientos.

Creo que lo hace con el único objetivo de que sea rechazada por el Parlamento, porque la sensación es que son las mismas cifras que presentó en el mes de julio. Parece que lo hace para que se lo rechacen y tener una excusa para no presentar Presupuestos. No se entiende cuál ha sido la forma de operar por parte de la ministra de Hacienda.

Reducir el gasto público es una receta clásica del PP, pero esta posibilidad abre la puerta a que sus adversarios políticos puedan acusarles de recortadores de los servicios públicos.

Es que no se trata de bajar el gasto público, sino de bajar su peso en la economía. Frente a los siete años anteriores, en los diez últimos el gasto ha crecido por encima de lo que crece el PIB. La idea es que el gasto crezca por debajo, que es lo que han hecho los gobiernos del PP en épocas anteriores.

Hay que ser muy eficientes y no permitir que se gaste más en aquellas partidas que no son esenciales: no tiene que aumentar por encima de lo que crece la suma de la inflación más el crecimiento económico. Y esto es lo que va creando espacio para poder bajar los impuestos.

Se tienen que pagar las pensiones, los intereses de la deuda y el gasto en desempleo. Pero, a partir de ahí, se tiene que ver qué partidas son realmente esenciales. Y aquellas que no lo son tienen que subir menos que la economía.

La vivienda es el gran problema socioeconómico del momento. Piden al Estado liberar suelo, pero el PP gobierna una docena de comunidades autónomas. ¿Están recorriendo ese camino?

Vamos a hacer todo lo que sea posible. Desde el Estado hay que movilizar todo el suelo que tiene en propiedad. También en las comunidades autónomas; en las regiones que gobernamos debemos estar en un rango de entre 160.000 y 200.000 viviendas movilizadas.

Pero hace falta un esfuerzo muy superior. Por una parte, se necesita más suelo para urbanizar y que el que ya está declarado urbanizable se tramite muchísimo más deprisa. Las dos cosas deben hacerse simultáneamente. Según el Banco de España, tenemos un déficit de viviendas de unas 750.000. Y sigue aumentando.

"Necesitamos doblar, o incluso triplicar, el número de viviendas que se inician, hasta las 250.000 o las 300.000 unidades"

Ahora se están haciendo unas 130.000 casas anuales. Deberíamos alcanzar unas 250.000 o 300.000 unidades. Esa sería la velocidad de crucero para empezar a resolver el problema porque necesitamos doblar, o incluso triplicar, el número de viviendas que se inician en estos momentos para poder ir equilibrando la oferta con la demanda y reducir el déficit.

Esa idea de levantar la mirada y ver un mar de grúas puede devolver al imaginario colectivo a los años de una burbuja que, en parte, también le endosaron al PP. ¿Le preocupa?

Una cosa son las 750.000 viviendas al año que se llegaron a construir o iniciar en el momento cumbre de la burbuja y otra cosa son las 130.000 que se están construyendo e iniciando ahora, cuando tenemos un déficit de más de 700.000 casas. Las que se están construyendo ahora no sirven ni para cubrir el incremento de demanda del año.

Para conseguir las 250.000 o 300.000 viviendas que necesitamos, los trámites administrativos tienen que ser muchísimo más rápidos. Desde que se aprueba una revisión del Plan General de Urbanismo de un Ayuntamiento hasta que se entregan las viviendas, pasa más de una década; en algunos casos, dos.

Alquilar una vivienda hoy se ha convertido en una prueba de obstáculos que muchas veces acaba mal para los participantes. ¿Cuáles son los motivos y cómo se puede facilitar el acceso?

Faltan viviendas, ya sea para vender o para alquilar. Hay más demanda que oferta y necesitamos más inmuebles, algunos para los ciudadanos que decidan comprar y otros para quienes decidan alquilar. Son las dos caras de una moneda: si no hay viviendas para comprar, tampoco hay para alquilar, y viceversa.

El mercado de alquiler necesita un contrato de arrendamientos urbanos que iguale los intereses de los propietarios de la vivienda, que quieren que esté bien cuidada y cobrar puntualmente, y los de los inquilinos, que buscan un espacio temporal que les dé una cierta tranquilidad.

Si hacemos contratos demasiado cortos, se le da demasiado poder al arrendador: que el inquilino tenga que buscar una nueva casa y mudarse tiene un coste. Pero, por otra parte, si no pagar no tiene consecuencias, si okupar la casa ilegalmente no tiene consecuencias o si conseguir la recuperación de la vivienda por parte del propietario se vuelve eterno, se estará restringiendo el número de propietarios dispuestos a sacar su vivienda al mercado.

Y lo mismo si, además, intervenimos los precios. Para que el precio baje se necesita más oferta, no una intervención administrativa.

"Tenemos ahora una política que demoniza la propiedad de la vivienda: España tiene que volver a ser un país de propietarios"

Lo que funciona es un equilibrio adecuado entre ambas partes: propietario e inquilino. Lo que tenemos ahora es una política cuyo objetivo fundamental es demonizar la propiedad de la vivienda. España tiene que volver a ser un país de propietarios. Está dejando de serlo y lo era.

Pedro Sánchez ha presumido de logros en un vídeo recién publicado por el ecuador de la legislatura. ¿Qué le parece?

Cuando se les pregunta a los españoles si viven mejor, la realidad es diferente. La encuesta que hizo Funcas a principios del verano dice que el 90 % de los ciudadanos consideraban que vivían peor. Hay una diferencia entre lo que piensa el presidente del Gobierno y lo que piensa el 90% de los españoles.

Pero en las dos ocasiones en las que el PP consiguió llegar a la Moncloa, en 1996 y 2011, lo hizo en un contexto de crisis económica. Ahora, el PIB crece y el paro baja. ¿Eso resta opciones de éxito a su partido?

Hay que mirar esas cifras con cuidado. La economía crece fundamentalmente por dos causas. La primera, porque España incorpora un saldo neto de 600.000 inmigrantes todos los años.Esto hace que aumente la producción, pero no la productividad. De hecho, está estancada o incluso cae. Un país que crece sin productividad es un país que no permite aumentar los salarios ni mantener su sistema de pensiones.

España es el país de la Unión Europea donde en términos absolutos más está creciendo la población. Es algo extraordinario si se tiene en cuenta que hay estados más grandes que nosotros como Alemania, Italia y Francia que no crecen al mismo ritmo. Esto demuestra cómo el fenómeno inmigratorio en España está totalmente desbocado.

"La economía crece fundamentalmente por dos causas: los 600.000 inmigrantes que llegan cada año y un volumen de deuda pública elevadísimo"

El segundo motivo por el que crecemos es porque frente al resto de países de la Unión Europea, y sobre todo de la zona euro, seguimos con un volumen de deuda pública elevadísimo. Desde que gobierna Pedro Sánchez se ha incrementado en medio billón de euros, aunque la ratio respecto al PIB se mantiene prácticamente constante. En otros países de la periferia de la zona euro que hicieron reformas ha descendido casi 30 puntos de PIB. Esto es lo que explica las cifras de crecimiento y esto es lo que explica el crecimiento diferencial.

Pero no hay una sensación de bienestar entre los ciudadanos. Están demandando a gritos un cambio en la dirección de la política económica para adentrarnos en una etapa en la que trabajar, esforzarse y emprender se traduzca en un crecimiento importante del bienestar.

A su juicio, las cifras macro no se traducen en una mejora de la realidad.

Lo realmente interesante es cómo está una familia media española. Desde que gobierna el PSOE, y lo hace desde 2018, la inflación ha crecido un 23% y la cesta de la compra un 38%. Los salarios, en el mejor de los casos, han crecido justito ese 23%. En la mayoría de los casos lo han hecho por debajo.

Además, ha aumentado la imposición: prácticamente a todas las nóminas se les han incrementado los impuestos. El resultado total es que el poder adquisitivo de las familias españolas, especialmente de las clases medias, está disminuyendo y por eso se produce esa paradoja entre las cifras que predica el Gobierno, esas cifras agregadas, y la sensación de los españoles de que no están progresando.

El mercado laboral en España se caracteriza por sus bajas remuneraciones, cada vez más próximas al salario mínimo interprofesional. Además, la temporalidad persiste. ¿Se plantea el PP una reforma laboral si gobierna?

El elemento central es que nos falta productividad. El Gobierno ha hecho una operación de maquillaje con los fijos discontinuos: no ha eliminado la temporalidad, solo la ha cambiado de nombre y ha empujado la masa salarial hacia el salario mínimo. Esto es una mala señal para aquellos trabajadores que tienen experiencia y que se han formado. Es una mala indicación porque el esfuerzo y la formación son las vías del progreso de las personas.

Consideramos clave el crecimiento de la productividad y la devolución de parte de la fuerte carga impositiva que tienen las familias españolas. Lo primero que tenemos que hacer es una reforma fiscal en profundidad para devolver parte de la pérdida de poder adquisitivo a las familias, que ha tenido un impacto especialmente importante por la no modificación de los parámetros del IRPF.

Básicamente, el Gobierno está subiendo los impuestos sin subir el tipo, a través de la inflación. No ha modificado los mínimos exentos, no ha modificado las deducciones, no ha modificado los tramos y esto hace que al año se estén recaudando 1.800 millones adicionales, fundamentalmente de las nóminas.

También necesitamos una reforma fiscal para incentivar la inversión, el ahorro, la contratación, la retención de talento y la incorporación y el desarrollo de tecnología.

¿Se debería desvelar el número de trabajadores fijos discontinuos?

Se ha creado una categoría de fijos discontinuos que viene a sustituir a los temporales, con la idea de que cuando estén en la parte de no trabajo no sean contabilizados como desempleados. Con independencia de las etiquetas, lo relevante es que hay un conjunto de españoles, un porcentaje importante, que no están trabajando 12 meses al año, aunque desearían hacerlo. En eso nos tenemos que fijar. Y una vez que se hagan las políticas adecuadas para que eso ocurra, establecer una estadística que nos diga cuándo están trabajando y cuándo no.

Nadal conversando con Álvaro de la Paz, redactor de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El reto demográfico está en el debate público. ¿El PP está dispuesto a adentrarse en la reforma de las pensiones?

El envejecimiento de la población se da en todo el mundo y aumenta el gasto en sanidad y pensiones. La única manera eficaz de pagarlo es con un crecimiento económico basado en productividad. Lo demás, las regulaciones que se pongan, son irrelevantes. Lo único importante es que haya una base económica que sea capaz de aumentar la productividad, de aumentar las rentas de manera que se pueda pagar el sistema de pensiones.

También hay que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Es lógico y el problema no está en el mantenimiento del poder adquisitivo, puesto que, si aumentan los precios, también lo hacen las bases imponibles sobre las que se recauda, tanto los impuestos generales como las cotizaciones sociales. Lo importante es que el crecimiento de la productividad del país sea suficiente para absorber el número adicional de pensionistas que tenemos en el sistema.

"Como principio general, las pensiones se deben revalorizar lo mismo que se incrementa la inflación"

Imaginemos una inflación elevada, como la del año 2023. Aquel ejercicio, las pensiones se revalorizaron un 8,5%. ¿Habría llegado el PP hasta esa cifra o habría sido más prudente?

El principio general tiene que ser que las pensiones deben subir lo mismo que la inflación. Y ese es el principio general y el principio que se va a aplicar.

Apuestan por la energía nuclear. ¿Sobre qué argumentos basan su defensa?

Acabamos de votar en el Congreso de los Diputados una enmienda que introdujo el Grupo Popular en el Senado respecto a la Ley de Movilidad Sostenible. Esa enmienda tenía como objeto la práctica la supresión del calendario de cierre de las centrales nucleares.

En el continente europeo, también España, avanzamos en la descarbonización. Es necesaria tanto por motivos climáticos como por motivos casi de seguridad. En Europa no hay grandes depósitos de hidrocarburos y necesitamos una energía que no emita dióxido de carbono y ofrezca garantías de suministro.

"La nuclear es simbiótica con la energía renovable, reduce la necesidad de almacenamiento"

La nuclear cumple todas las características: una nuclear segura es barata, nos permite energía sin emisión de dióxido de carbono, genera una energía de alta calidad y, al mismo tiempo, es simbiótica con la energía renovable porque permite que, durante los momentos en los que la energía renovable no está disponible, la nuclear siga trabajando. Esto reduce las necesidades de almacenamiento de la energía renovable.

Lo que no se entiende es plantear simultáneamente objetivos de descarbonización y a la vez suprimir la nuclear. Por cierto, esos objetivos de descarbonización tienen que ir acompasados a la tecnología y a las necesidades de nuestros sectores agrícolas e industriales.

_37A5850

España es una potencia mundial en energías verdes. ¿Cómo se tiene que gravar a las renovables para que no sólo seamos despensa energética, sino que aprovechemos este liderazgo para atraer empresas y crear empleo?

Algunos de los impuestos que recayeron sobre el sistema eléctrico fueron consecuencia del brutal déficit de tarifa que dejó el Gobierno de Zapatero: llegó a alcanzar casi 30.000 millones de euros. Lo estamos pagando desde hace 15 años y nos quedan otros dos para pagar.

Algunos de esos impuestos deben desaparecer porque las circunstancias ya son otras. Ya no tenemos el sistema en déficit y también la deuda se está extinguiendo. Nuestra propuesta es que, a la mayor brevedad posible, el impuesto de generación que afecta a todas las formas de generación, incluida la renovable, desaparezca del sistema eléctrico.

¿Están perdiendo España y Europa el tren de la innovación? Los ejemplos de éxito con la inteligencia artificial surgen en otras zonas del mundo...

He vivido los cinco últimos años en Estados Unidos. Es la segunda vez que vivo cinco años en Estados Unidos. La anterior no tuve la sensación de que España estaba perdiendo el tren, ahora sí.

Tendríamos que debatir sobre educación, sobre la introducción de las nuevas tecnologías en la administración pública y administración de justicia, sobre cómo penetra en la pequeña y mediana empresa o de qué manera tenemos que preparar a la fuerza laboral y cómo van a ser los contratos laborales del futuro. Pero nada de esto tiene lugar.

Por ejemplo, los debates que está introduciendo el Gobierno en materia laboral hablan de la reducción de jornada y de medir el tiempo del bocadillo. Pero lo que tendríamos que estar haciendo es abordar cómo modifica la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nuestro propio concepto del contrato laboral, porque los contratos laborales tradicionales convivirán con otros nuevos.