La población en riesgo de pobreza ha crecido en Castilla-La Mancha respecto a 2018.
Se intensifica la exclusión severa en Castilla-La Mancha: hay 205.000 vecinos fuera de "los órdenes de la vida social"
El informe Foessa publicado por Cáritas advierte de un empeoramiento de los ratios de cohesión social en la región y la sitúa por debajo de la media española.
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El 20,5 % de la población de Castilla-La Mancha se encuentra en riesgo de exclusión social por razones socioeconómicas, siete décimas más que en 2018. En el caso del subdesarrollo severo, el empeoramiento es aún mayor. Al mismo tiempo, menos de la mitad de los residentes en la región (48,1 %) disfrutan de una integración plena, un dato también inferior al anterior.
La edición 2025 del Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España, publicado por Cáritas, confirma el tímido empeoramiento de las condiciones vitales de los estratos más desfavorecidos en la comunidad autónoma.
La tasa de exclusión correspondiente al año 2024 se ha elevado hasta el 20,5 %; en 2018, este indicador lastraba al 19,8 % de la población regional. Un repunte aún mayor se advierte en la categoría en la que la desigualdad se torna crítica.
Así, Foessa calcula que el 9,7 % de los castellanomanchegos se encuentra en situación de exclusión severa, casi un punto y medio más que hace siete años. Entonces, el peso relativo de este grupo ascendía hasta el 8,3 % de los ciudadanos.
Además, la exclusión moderada afecta al 10,8 % de los habitantes de la comunidad autónoma. En esta clasificación la evolución ha sido algo más favorable y el último dato conocido mejora al pretérito (11,5 %).
Sin embargo, la estimación a partir de los porcentajes que arroja el informe evidencia la nutrida presencia de la segregación. A partir del dato oficial de población de la región en 2024, un censo que ascendió hasta los 2,12 millones de habitantes, se infiere la existencia de unas 435.000 personas desprotegidas en Castilla-La Mancha.
En el ámbito de la exclusión severa, la forma más extrema de desigualdad y la que más intervención comunitaria requiere, se presume una bolsa de unos 205.000 individuos.
Castilla-La Mancha es una de las diez comunidades autónomas en las que se ha detectado un aumento de la exclusión social en los últimos años. En el conjunto de España, la investigación ha recogido un incremento de un punto, hasta el 19,3 %: en todo caso, es un guarismo más halagüeño que el regional.
Son cinco los territorios autonómicos que presentan peores valores que Castilla-La Mancha en este apartado. Se trata de Canarias (25,5 %), Andalucía (23,1 %), Aragón (22,9 %), Comunidad Valenciana (21,5 %) y la Región de Murcia (20,7 %).
Para Foessa, la exclusión social trasciende "la concepción puramente económica (monetaria) de la pobreza". El estudio también recoge "las dificultades que a ciertos grupos sociales se les presentan para participar plenamente en todos los órdenes de la vida social, tanto en la participación económica, en la producción (empleo) o en el consumo (acceso a bienes básicos) como en el ejercicio efectivo de los derechos políticos (participación en la toma de decisiones) y sociales (salud, educación y vivienda)".
Comodidad vital
La integración plena es un estadio del que forman parte el 48,1 % de la población regional. El documento editado por Cáritas explica que "tan solo hay ahora cinco comunidades autónomas en las que la integración social plena llegue a más de la mitad de la población, cuando esa era la estimación para once comunidades en 2018".
Castilla-La Mancha no se ha encontrado en esta situación en ninguno de los dos ejercicios analizados. Además, en la edición más reciente del estudio sociológico se ha alejado de este objetivo. El dato referido a la seguridad para afrontar la existencia ha caído desde el 49,6 % que marcó siete años atrás.
El 31,4 % restante de la población se encuadra en el escalón de la integración precaria, un nivel donde la holgura desaparece sin que emerjan los condicionantes característicos de la exclusión.
El informe Foessa lamenta cómo "las crisis intensifican su impacto social negativo mientras los periodos de bonanza no logran compensar esos efectos para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".
Por tanto, el crecimiento pospandémico, de la misma forma que ocurrió con la expansión tras la gran recesión que inició el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, no corrigen el deterioro que provocan las recesiones en los colectivos con peor situación de partida.
