Salu García Alfaro, directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Salu García Alfaro, directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Región

Castilla-La Mancha contará con 280 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

La Junta había reclamado un marco de financiación realista y flexible que tenga en cuenta la singularidad de la región.

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Castilla-La Mancha contará con un total de 280 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de los que el Estado aportará 168. Un plan que triplicará su inversión hasta los 7.000 millones de euros mediante una fórmula de cofinanciación que conlleva un 60 % por parte del Estado y un 40 % por parte de las comunidades.

Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, la directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha, Salu García Alfaro, había reclamado un marco de financiación realista y flexible que tenga en cuenta la singularidad de la región.

"Castilla-La Mancha comparte los objetivos del nuevo Plan Estatal de Vivienda, ya que queremos más vivienda protegida, un parque residencial de mayor calidad y que las familias hagan un menor esfuerzo para acceder a ella", ha explicado.

Asimismo, ha informado que la Junta ha hecho alegaciones al plan, como la petición de que se reconozca dentro del plan el esfuerzo económico que ya ha realizado Castilla-La Mancha.

También ha pedido que "el reparto de fondos no sea rígido" ya que el plan fija que un 40 % vaya a construcción de vivienda social, un 30 % a rehabilitación y accesibilidad y otro 30 % al acceso a la vivienda. "Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural, que hace frente a la despoblación y con un parque de viviendas envejecido, una situación muy distinta a la de comunidades más urbanas o industrializadas", ha afirmado.

Tres propuestas

Por último, García ha enumerado tres propuestas fundamentales al respecto. Piden crear una línea específica de ayudas para la urbanización de suelo destinado a vivienda protegida.

También incluir de forma expresa las actuaciones de rehabilitación y vivienda social ya en marcha en el marco del Plan de Recuperación, que por motivos administrativos no pueden cargarse al PRTR.

Por último, garantizar la continuidad de las oficinas de rehabilitación que se "pusieron en marcha con fondos europeos y han demostrado su eficacia en la gestión, el asesoramiento a los ciudadanos y la tramitación de ayudas".