La sociedad de Castilla-La Mancha celebra el "blindaje de derechos" que recoge el nuevo Estatuto de Autonomía

La aprobación inicial en las Cortes de Castilla-La Mancha de la reforma del Estatuto de Autonomía gracias al consenso de los dos grandes partidos, PSOE y PP, ha sido aplaudida de manera mayoritaria por las instituciones y colectivos de la región que han valorado el "blindaje de derechos" que recoge la nueva norma así como la protección del diálogo social.

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), CCOO, UGT, Asaja, la Mesa del Tercer Sector o la UCLM han reconocido la protección de derechos básicos como la educación o la sanidad. No obstante, desde algunos sectores como CSIF han recordado que la reforma incluye un posible aumento del número de diputados sobre el que se posicionan en contra.

Desde la patronal, el recién reelegido presidente de CECAM, Ángel Nicolás, ha reconocido la importancia que tiene reformar una ley que "ya tenía muchos años" para adaptarla a los tiempos.

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"La economía no es lo mismo, la sociedad no es la misma, la sanidad no es la misma, la educación no es la misma y hacía falta adaptar el estatuto al siglo XXI", ha asegurado.

Más allá de cuestiones puntuales - "en un estatuto es difícil que podamos hablar que hay que reparar un camino o arreglar una escuela", ha reconocido- el presidente de los empresarios ha reivindicado que en estos momentos lo importante es trazar "la estrategia de un marco adecuado" y a partir de ahí "hacer todo lo que necesitamos hacer en Castilla-La Mancha con una buena táctica".

De igual modo, se ha mostrado satisfecho de que una de las pretensiones de su confederación, proteger el diálogo social, se haya conseguido conquistando así "un valor que hay que preservar y que está dando buenos resultados".

UGT y CCOO

Desde los sindicatos mayoritarios, la secretaria general de UGT, Lola Alcónez, ha sostenido que para su sindicato "es un día importante" porque "se ha aprobado un texto que nos hace avanzar en derechos y en garantías para la ciudadanía".

"El nuevo estatuto supone blindar cuestiones importantes como el diálogo social y servicios públicos que dan cobertura al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas castellano-manchegas y ofrecen garantías y protección para mujeres, jóvenes y colectivos más vulnerables", ha añadido.

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Desde CCOO, su secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral, Raquel Payo, ha destacado que esta reforma se haya producido desde el consenso de PP y PSOE y, además, se haya armado de una manera "absolutamente participada".

"Para nosotros era fundamental que fuera un texto que estuviera al servicio de las personas. El objetivo era que este estatuto recogiera los derechos fundamentales que hacen que la ciudadanía no vaya a dos velocidades", ha apuntado.

En este contexto, ha señalado que para CCOO era fundamental que el nuevo estatuto recogiera los derechos de las personas y añadiera cuestiones importantes como la lucha contra la despoblación.

Asaja y Tercer Sector

El secretario regional de Asaja Castilla-la Mancha, José María Fresneda, ha extendido la "satisfacción" de su organización por la inclusión de cuestiones "fundamentales" para ellos como el derecho de la "cuenca cedente" en materia de agua.

"Yo creo que se ha dado un paso muy importante en la construcción del futuro de nuestra región. Un Estatuto que tenía 40 años de vida daba para lo que daba, pero nos faltaban situaciones esenciales", ha trasladado.

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El líder de la organización agraria ha argumentado que "el agua tiene que pasar por aquí y atender nuestras necesidades antes que llegar a otros sitios" como unos de los logros del nuevo texto y el hecho de que se "consoliden" las políticas transferidas a la comunidad.

"Por fin se podrá gobernar utilizando de vez en cuando un decreto sin tener que pasar por los filtros del Gobierno central", ha sentenciado.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha valorado de manera muy positiva el diálogo alcanzado para el nuevo Estatuto “fruto de un consenso esperanzador y respaldado por la participación de la sociedad civil”.

José Antonio Romero Manzanares, presidente de esta mesa compuesta por ocho redes de entidades, ha recordado que de las 34 alegaciones que presentaron al Estatuto, el texto definitivo recoge 23, ya sea de manera parcial o total.

En esta sentido, ha destacado que “gracias al diálogo, muestra de nuestra madurez democrática, ha quedado espacio para la participación de la sociedad civil y esto fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Además, ha destacado que “el nuevo marco autonómico reconoce y refuerza el papel del tercer sector social dando el espacio lógico para seguir siendo agentes clave en la promoción de la cohesión, la inclusión y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables”.

UCLM

La secretaria general de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Isabel Gallego, se ha felicitado por la aprobación de la reforma del Estatuto, especialmente porque avanza en los derechos de la ciudadanía de los castellanomanchegos y porque profundiza en el modelo competencial.

"Es un día histórico porque acogemos con mucha satisfacción que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha renueve su marco jurídico e institucional", ha valorado en declaraciones a los medios en las Cortes recogidas por Europa Press, donde ha indicado que desde la institución académica se sienten "un poco cómplices y participes" de la transformación de la región.

En su opinión, ese papel de la UCLM "es innegable desde el punto de vista de la vertebración territorial, de democratizar el acceso a la enseñanza superior y creo que también a la hora de crear conciencia de comunidad política".

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Críticas de CSIF

Interpretaciones positivas que no comparte CSIF, quien a través de un comunicado ha rechazado el posible aumento del número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha que contempla el nuevo Estatuto.

Para la Central Sindical, el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP supondrá un "aumento del gasto público" al contemplarse hasta un máximo de 55 diputados.

En este sentido, subrayan que este posible incremento, que podría formalizarse a partir de las próximas elecciones autonómicas en 2027, es "difícilmente justificable ante la ciudadanía, tremendamente afectada por el alza de los precios" y "supondría aumentar la desafección ante la clase política, más preocupada por mantener y aumentar sus privilegios que por los asuntos verdaderamente importantes de Castilla-La Mancha".