Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha.
Transporte gratuito en Bachillerato o mecenazgo deportivo, incluidos en la Ley de Acompañamiento de Castilla-La Mancha
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a este al proyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de Ley de medidas administrativas y tributarias, conocido como Ley de Acompañamiento a los presupuestos, que incluye la gratuidad del transporte para alumnos de Bachillerato y la incorporación del mecenazgo deportivo.
Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha detallado que el proyecto de ley, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, supone la modificación puntual de hasta doce leyes regionales y persigue los objetivos de reforzar las políticas sociales y dotar de mayor seguridad jurídica a determinadas actuaciones.
Entre los aspectos más importantes de la norma, Ruiz Molina ha destacado que modifica la Ley de Educación de Castilla-La Mancha para incluir la gratuidad de la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de la etapa de Bachillerato residente en zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.
Asimismo, ha explicado que se modifica la Ley de participación social en la educación para garantizar que la representación de los diversos sectores en el Consejo Escolar corresponda a padres, madres o tutores y alumnos y no a personas representantes de los mismos.
En materia de servicios sociales, se modifica la Ley de atención y protección de la infancia y adolescencia para pemitir a los letrados de la Junta que puedan seguir ejerciendo las acciones judiciales iniciadas en representación y defensa de las personas tuteladas cuando alancen la mayoría de edad.
Con respecto al empleo público, la normativa agiliza los procedimientos de selección de personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y se suprimen los porcentajes en relacion a la distribución de las plazas de personal estatutario cuando se convocaba un concurso o proceso de selección, por lo que se podrán ofertar todas las vacantes.
Además, en el ámbito cultural, la modificación en la ley consiste en que se extienden los beneficios fiscales de mecenazgo cultural de carácter privado a las actividades deportivas, de tal manera que también cambia el título de la ley y pasa a denominarse de mecenazgo cultural y deportivo.
Dos modificaciones en la Ley del Juego
Por otra parte, Ruiz Molina ha informado de que la Ley de Acompañamiento también modifica la Ley de régimen administrativo y fiscal del juego y excluye del ámbito de aplicación a los juegos que hayan sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y se desarrollen en una jornada o época del año, como el Juego de las Caras de Calzada de Calatrava (Ciudad Real).
También cambia la regulación del acceso a los salones de juego mediante el uso de datos biométricos, en el marco de la adaptación a la normativa europea, y obliga a que el uso de estos medios cuente con el consentimiento de la persona afectada.
De otro lado, el proyecto de ley mejora la regulación del canon urbanístico en el reparto de esta prestación que perciben los ayuntamientos, suprime la reserva obligada del 5 % por parte de las administraciones públicas en la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (Lotau), incluye el paisaje cultural como nueva categoría dentro de la máxima figura de protección del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha e incorpora la figura de evaluación de impacto medioambiental en determinados proyectos.
Y en materia de gestión administrativa, la normativa permitirá que las entidades del sector público local puedan ser asistidas por el Gabinete Jurídico con el objeto de promover una unidad de doctrina jurídica en la región; se modifica la Ley de Integridad Pública para adaptarla a la legislación de la Seguridad Social en la prestación por desempleo a altos cargos que cesen en su actividad; y se mejora la técnica a la hora de elaborar los presupuestos de manera que los informes de impacto se incorporen en el proyecto y no en el anteproyecto.