El Tribunal Superior declara "nulo" el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha aprobado por el Gobierno de Page

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado "nulo de pleno derecho" el Reglamento General de Caza de la comunidad autónoma aprobado el 1 de marzo de 2022 por decreto del Gobierno de Emiliano García-Page.

En una sentencia de 19 páginas conocida este lunes, y fechada el 11 de diciembre de 2024 con la numeración 234/2024, el Alto Tribunal castellano-manchego admite el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra el decreto de la Junta y anula la validez del reglamento.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, explica que el Gobierno de Castilla-La Mancha incumplió el requisito formal "esencial" de solicitar en su proceso de tramitación el preceptivo informe del Consejo Regional de Caza, según lo establecido en la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015.

Defectuoso cumplimiento

El documento de la sentencia recoge textualmente que "en conclusión, debemos estimar el recurso contencioso administrativo y declarar la nulidad del Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha por la omisión del informe preceptivo del Consejo Regional de Caza, ex art. 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el defectuoso cumplimiento del procedimiento en su aprobación arrastrado por la ausencia del informe del Consejo Regional de Caza, lo que hace innecesario abordar el resto de motivos de impugnación recogidos en la demanda".

La ausencia de este trámite ha sido, por tanto, determinante para que el reglamento quede anulado a través de esta sentencia, frente a la cual puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la Sala Especial del propio Tribunal de Castilla-La Mancha.

A la vista de la sentencia, Ecologistas en Acción ha hecho público este lunes un comunicado en el que expresa su satisfacción por la decisión judicial y afirma que se trata de un fallo "de notoria relevancia" que demuestra, a su juicio, "el poco respeto a la legalidad" que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha "en la tramitación de normas de gran calado y el escaso aprecio que le merecen los órganos de participación".

El "lobby" cinegético

Miguel Ángel Hernández, representante de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y de las ONG ambientales en el Consejo Regional de Caza, ha afirmado, tras conocer el fallo, que “el Gobierno regional lo que ha pretendido con el Reglamento de Caza es beneficiar al lobby cinegético, ocultando al público sustanciales cambios que negoció a escondidas y que han dado lugar a un incremento muy significativo de los impactos de la caza en el medio ambiente de Castilla-La Mancha”.

Entre las modificaciones que a posteriori se introdujeron en el Reglamento de Caza, explica Ecologistas en Acción, se argumentaban en la demanda algunas tan relevantes como el mal estado de las poblaciones de la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz o la becada, "lo que debía haber llevado a excluirlas del listado de especies de caza".

Se recurrió también el intento de facilitar la "práctica encubierta" de la caza en el Parque Nacional de Cabañeros, permitiendo a cazadores realizar controles de población, así como los apartados que permiten generalizar las sueltas de perdices de granja en todos los cotos y que facilitan los cerramientos secundarios y los capturaderos para ciervos.

Ilegal y antidemocrático

Tras esta sentencia, Ecologistas en Acción denuncia en su comunicado "los procedimientos ilegales y antidemocráticos que de un tiempo a esta parte está poniendo en práctica el Gobierno regional en la aprobación de normas que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía en general".

"Además de en el Reglamento de Caza, se ha seguido la misma pauta para modificar la Ley de Caza y facilitar que se dispare en caminos y vías públicas, también para permitir transformaciones de cultivo que dañan Zonas de Especial Protección de Aves o para promover la instalación de macrogranjas y de plantas de biogás", asegura la organización ecologista.

Ecologistas en Acción termina su comunicado reafirmando su "apuesta por la participación social en la aprobación de todo tipo de normativas y por ello reclama al Gobierno regional, y singularmente a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que confronte abiertamente su elaboración con todas las partes interesadas y no solo con los sectores económicamente interesados".

"Asimismo reclama que no se hagan oídos sordos a las críticas y a las alegaciones que se presentan y señala que si éstas fueran atendidas mejorarían sustancialmente las normativas que se aprueban reduciendo los conflictos judiciales", concluye la nota oficial.

La Junta recurre

Frente a esta sentencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que va a presentar un "recurso de casación", tal como ha dicho este mismo lunes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, recordando que la sentencia todavía "no es firme".

La consejera asegura que el reglamento "se debatió suficientemente" en el Consejo Regional de Caza y que, por tanto, "los miembros de este Consejo, incluido los Grupos conservacionistas, pudieron aportar sus consideraciones", por lo que "se emitió la certificación correspondiente".

Mercedes Gómez ha respondido a las críticas asegurando que Ecologistas en Acción "se equivoca del todo", ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el "más transparente y más democrático del territorio nacional" y "colabora con todas las organizaciones y con todos los estamentos habidos y por haber para llevar a efecto nuestras normativas".

Seguridad jurídica

Por otro lado, Gómez ha destacado que, en el caso de que la sentencia finalmente fuese "firme" y, por lo tanto, dejase sin efecto el actual el reglamento de caza, "evidentemente entraría en vigor el viejo reglamento".

"Por lo tanto, estamos en disposición publicar un nuevo reglamento de caza en un tiempo relativamente rápido, o bien modificar el Reglamento en caso de que se anule el actual", ha declarado.

Así, ha insistido en que, ante todo, "tranquilidad y seguridad jurídica para la actividad energética en nuestra comunidad autónoma".