El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido a Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) su propuesta de actualización de las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura, en el marco de la consulta pública que finaliza este mismo jueves y que es un primer trámite para modificar en los próximos meses las reglas del trasvase, tal y como obliga el nuevo Plan Hidrológico del Tajo aprobado en enero de 2023.

Según ha explicado durante una rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que previamente ha presentado el documento de alegaciones al presidente regional, Emiliano García-Page, Castilla-La Mancha ha hecho constar al MITECO sus propuestas -que ha calificado como "suficientemente técnicas y potentes para que el Gobierno las tenga en cuenta"- con el objetivo de que los trasvases solo se efectúen cuando sean compatibles con las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha.

La estrategia de Castilla-La Mancha, que según Gómez cuenta con el aval institucional y social de la región puesto que siguen la línea del Pacto Regional del Agua y de dos resoluciones aprobadas el pasado jueves por el PSOE y el PP en las Cortes, se basará en exigir el cumplimiento de los caudales ecológicos del Tajo, en que se garantice de manera efectiva la prioridad de la cuenca cedente y en que se eleve el umbral mínimo no trasvasable de los embalses de cabecera.

Caudales ecológicos

"Las cinco sentencias del Supremo no tienen vuelta de hoja" o "se tienen que respetar en todo momento las disposiciones del Plan Hidrológico del Tajo", ha argumentado Gómez para recordar que las nuevas reglas de explotación del trasvase deberán permitir el cumplimiento de los caudales ecológicos, que se irán incrementando paulatinamente hasta 2027 para que "el Tajo sea un río vivo y de verdad".

A este respecto, la consejera ha criticado que Murcia, Valencia y Andalucía, comunidades autónomas que se benefician del agua del trasvase, hayan alegado conjuntamente para "cargarse los caudales ecológicos porque no les viene bien". "¿Por qué no han puesto ningún recurso por los caudales ecológicos de la cuenca del Segura o del Júcar?", se ha preguntado Gómez, que ha asegurado que en Castilla-La Mancha "tenemos el mismo derecho a tener ríos vivos, protegidos, y masas de agua con buena calidad".

Por eso, ha dicho entender "muchísimo menos" que la Comunidad de Madrid se haya sumado a las alegaciones del Levante -las cuatro comunidades implicadas son gobernadas por el PP- dejando "a su suerte" a una localidad como Aranjuez, donde el Tajo deberá llevar un 44 % más de agua en 2027 gracias a los caudales ecológicos.

Subir la lámina de Entrepeñas y Buendía

Gómez, en la misma línea, ha recordado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que la Comunidad de Madrid tiene en los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, una "reserva estratégica de 60 hectómetros cúbicos" que puede perder "si ese agua baja por el trasvase".

Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Igualmente, Castilla-La Mancha solicita al MITECO que se eleve el umbral mínimo no trasvasable en los embalses de Entrepeñas y Buendía, que actualmente se encuentra en 400 hectómetros cúbicos. Aunque no se propone una nueva cantidad de forma concreta, la Junta de Comunidades entiende que ha de ser acomodada para que las "situaciones excepcionales "se produzcan lo menos posible" y que se contemplen tanto "las sequías" como "todas las necesidades de agua de boca para la cuenca cedente", algo que hoy por hoy no ocurre.

"Hay que evitar el vaciado de los embalses de Entrepeñas y Buendía, porque las reglas actuales del trasvase hacen que su llenado sea muy bajo, lo que provoca una gran inestabilidad en los municipios ribereños de los alrededores e inseguridad a la hora de cumplir con los criterios de abastecimiento de la cuenca cedente, incluido Madrid", ha añadido.

Primero la cuenca cedente

Y es que Gómez ha insistido en que hay que garantizar el "principio de prioridad de la cuenca cedente" que marca la ley, puesto que ahora "en algunas ocasiones no sucede". "En sequía se ponen más restricciones a la cuenca cedente que al trasvase Tajo-Segura y eso no puede ser, porque es algo inviable que va contra de la ley", ha defendido la consejera, que ha llamado a "corregir esta situación" con las nuevas reglas de explotación.

La representante del Gobierno de Emiliano García-Page que recordado que las nuevas normas del Tajo-Segura deberían haber sido aprobadas como tarde en febrero si se hubiesen cumplido los plazos, por lo que ha pedido al MITECO que, una vez recibidas las alegaciones de los territorios afectados, publique "cuanto antes" el "documento de alcance" en el que se conozcan sus planes para llevar a cabo la modificación del trasvase. Aunque ha advertido que las reglas tardarán todavía varios meses en modificarse porque se abrirá un nuevo plazo de alegaciones a la propuesta concreta, que después tendrá que pasar por el Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Preguntada sobre si la marcha de la actual ministra, Teresa Ribera, al Parlamento europeo puede suponer un retraso, Gómez ha insistido en la necesidad de acelerar los trámites pese a que el Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) quiere retrasarlos lo máximo posible por "no quiere que cambie absolutamente nada" y "no le interesa que se hable de esto".

Las alegaciones del Levante, según la consejera, son "más de lo mismo: todo para mí, nada para los demás". "Ellos hablan de su huella hídrica negativa, ¿pero quién resarce la huella hídrica negativa de Castilla-La Mancha? Ellos tienen la posibilidad de las desalinizadoras; nosotros no. Las desalinizadoras del Mediterráneo, que las hemos pagado todos los españoles, todos los castellano-manchegos, podrían generar suficientes recursos para el abastecimiento de agua de boca y para el regadío, pero solo las ponen en marcha cuando no les queda otra, cuando no tienen a su disposición el trasvase. Es así de triste, pero lo hacen porque les resulta mucho más económico que vaya el agua a través del trasvase, porque pagan cuotas irrisorias", ha señalado Mercedes Gómez.