El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha salido especialmente contento de la reunión de este jueves del Consejo Nacional del Agua en el Ministerio de Transición Ecológica. Y ello por dos razones fundamentales: la primera es la "falta de respeto" de las regiones del Levante, es decir, Comunidad Valenciana y Murcia, al no presentar en el plazo previsto el documento técnico que todos los afectados debían presentar en esta reunión, y la segunda, la "exigencia" de la representación valenciana de que Castilla-La Mancha tuviera "solidaridad hídrica", una petición ciertamente estrambótica cuando el Tajo lleva casi medio siglo trasvasando "solidariamente" agua al Segura a través del trasvase.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, no ha ocultado este viernes en rueda de prensa sus críticas a las comunidades levantinas por esta actitud y ha exigido, de una forma contundente, que se cambien ya las reglas del trasvase y que el Tajo atienda principalmente las necesidades de la cuenca cedente, algo que, ha dicho, no ha ocurrido nunca ni ocurre en la actualidad. Esta posición no interesa lo más mínimo a Valencia y Murcia, que como ha dicho la consejera, con las reglas actuales tienen garantizados 27 hectómetros cúbicos mensuales a través del trasvase.

El Gobierno de Emiliano García-Page quiere que Castilla-La Mancha, como cuenca cedente, tengo la prioridad en el uso del agua del Tajo para cubrir sus necesidades y ha apelado, por ello, a la utilización a pleno rendimiento de las desaladoras construidas en el Levante con dinero del Estado. Esa sería la forma correcta, según la consejera castellano-manchega, de plantear la solución para el agua que necesiten Valencia, Murcia y Almería, dejando el uso prioritario del Tajo para la necesidad de Castilla-La Mancha. El propio presidente Page había dicho, antes de la reunión del Consejo, que el trasvase Tajo-Segura se fundamentó en una "enorme mentira" que provocó una "brecha" en Castilla-La Mancha.

El "espejismo" de la cabecera

En este sentido, Mercedes Gómez ha reclamado insistentemente modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura en esta dirección y no dejarse llevar por el "espejismo" de que, después de las últimas lluvias, los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, almacenen actualmente 1.000 hectómetros cúbicos. "Es el momento justo de modificar las reglas de explotación del trasvase", ha asegurado la consejera, que, al contrario que el Levante, sí presentó en el Consejo el documento técnico con las propuestas de Castilla-La Mancha en este sentido.

Mercedes Gómez ha lamentado que, si bien el Ministerio dio como plazo hasta el 27 de marzo para presentar ese informe, solo Castilla-La Mancha lo ha hecho, mientras que ha denunciado que la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia confirmaron este jueves en la reunión del Consejo Nacional del Agua que no lo habían presentado e incluso ha reprochado que Valencia "exigió que Castilla-La Mancha tuviera solidaridad hídrica" con Levante, actitud valenciana que el jueves la consejera castellano-manchega calificó como "de risa".

Para Gómez, el hecho de que estas regiones no hayan presentado el documento técnico es "una falta de respeto" hacia el Ministerio y hacia Castilla-La Mancha, si bien la consejera ha admitido que tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a conocer el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en el que basará su propuesta para modificar las normas del trasvase. "Ya vamos tarde", afirmaba la consejera este mismo jueves a la salida de la reunión del Consejo Nacional del Agua.

Gráfico presentado por la consejera

Caudales ecológicos

En todo caso, la posición de Castilla-La Mancha es firme y contundente: poner las desaladoras a pleno funcionamiento y respetar las necesidades de Castilla-La Mancha mediante un cambio de las reglas del trasvase que destine el agua del Tajo principalmente a lo que necesite la cuenca cedente. Castilla-La Mancha exige también, en este sentido, que se blinden los caudales ecológicos aprobados para el Tajo de manera que se puedan alcanzar estos objetivos en 2027, respetando el buen estado medioamental del río. "Si las desaladoras funcionasen al máximo, no sería necesario trasvasar agua del Tajo", reclamó Page esta semana.

Mercedes Gómez durante su rueda de prensa

La consejera castellano-manchega ha insistido, por tanto, en que "hay una máxima ambiental que tiene que permitirnos que el río recupere su naturalidad, que tenga una dinámica fluvial y que pueda permitir que se contemplen los caudales ecológicos". En este sentido, ha recordado que para el año 2027 el caudal en Aranjuez debe ser de 8,68 metros cúbicos por segundo, un 44% más que el actual; mientras que en Toledo debe crecer un 72,5% hasta los 17,25 metros cúbicos y en Talavera de la Reina un 80% hasta los 18 metros cúbicos por segundo. Caudales ecológicos que cuentan con el respaldo de cinco sentencias del Tribunal Supremo.

"Si hay que aportar agua para los caudales, para las necesidades de la cuenca cedente y la situación climatológica es la que es, no hay de donde sacar, se tendrán que cambiar y redefinir todas las reglas de explotación, no solo en situaciones excepcionales y de no trasvases sino en la de normalidad", ha puesto sobre la mesa de forma contundente.