El Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha intenta desmarcarse abiertamente del escándalo provocado por la rebajas de penas en aplicación de la Ley de Libertad Sexual, popularmente conocida como la Ley del "Sólo sí es sí". Una situación que ha provocado una fuerte alarma social y que ha originado una intensa confrontación política y judicial en los últimos días. En el centro de la polémica se encuentra la ministra de Igualdad, Irene Montero, que, pese a la cadena de rebajas de penas que se están produciendo, se mantiene en sus trece y no admite errores en la ley por parte de su Ministerio, trasladando a los jueces la responsabilidad.

Ante esta situación, y la controversia generada dentro y fuera de la política, el Ejecutivo castellano-manchego quiere poner tierra por medio respecto a la ministra Montero y dejar claro, por activa y por pasiva, que desde la Junta de Comunidades ya se advirtió desde el primer momento, en el verano de 2020, de las dudas que la nueva ley generaba en torno a la rebaja de penas. Hasta dos veces ha dejado clara esta postura la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, a lo largo de este viernes, una vez por la mañana antes de su comparecencia parlamentaria en las Cortes autonómicas y otra por la tarde en una cadena nacional de televisión.

Queda claro que el Gobierno de Page no quiere verse salpicado por un escándalo que está en la calle y se desmarca de los errores de una ministra que, como Irene Montero, no da su brazo a torcer pese a las preocupantes noticias de los últimos días en torno a las penas. Blanca Fernández, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha insistido en que, tanto en las primeras alegaciones remitidas en julio de 2020 por el Instituto de la Mujer de la región al proceso de participación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, como en una reunión celebrada un año después, manifestó sus dudas en torno la rebaja de penas en los delitos cometidos por agresión sexual.

"Es una pena"

Así lo ha reiterado en la tarde de este viernes Blanca Fernández en una entrevista en el canal de televisión Cuatro, donde ha explicado que planteó personalmente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sus dudas e incertidumbres y que ésta le transmitió tranquilidad al respecto y “que la ley estaba preparada para que esto no sucediera”.

La consejera ha recordado, a través de un comunicado oficial de prensa, que no solo el Gobierno regional advirtió acerca de estas dudas, sino que otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial también lo hicieron, por lo que ha manifestado que “es una pena haber dejado una puerta abierta a la interpretación, porque hay expertos que en estos momentos nos están diciendo que se podría interpretar de una manera o de otra. Pero dejar esta puerta abierta es lo que deja en una posición de debilidad a las víctimas”.

Blanca Fernández ha manifestado que esta Ley, “que en términos generales es una buena Ley, adolece de este fallo, pues ha rebajado los tipos mínimos de algunas penas” y, en ese sentido, ha expresado que no solo debe ser un motivo de preocupación presente por la rebaja de los condenados en firme, sino también “nos tiene que preocupar el futuro”.

Por todo ello, la consejera ha abogado por modificar esta norma y ha manifestado que si se reacciona a tiempo y se modifica parte de la Ley que afecta al Código Penal “puede encontrar mucho apoyo. Creo que es de personas sabias rectificar. Honestamente pienso que en el ánimo de la ministra no estaba esto, ni muchísimo menos y ojalá se rectifique”.