Un total de 93.500 empleados públicos de Castilla-La Mancha cobrarán en la nómina de noviembre, tal y como adelantó recientemente el presidente Emiliano García-Page, el incremento retributivo adicional correspondiente al año 2022, que asciende al 1,5 por ciento de su salario, para compensar los efectos de la inflación, tal y como se prevé en la legislación básica del Estado.

De esta manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha se convertirá en uno de los primeros de España que cumplirá con el acuerdo pactado entre los sindicados y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para concretar este incremento salarial, que supondrá un impacto económico de 62,5 millones de euros en las arcas castellano-manchegas, este martes se ha aprobado un decreto específico, tal y como ha informado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

De las 93.500 personas a las que beneficiará esta compensación salarial, 82.000 son empleados y empleadas de la Administración regional, a los que hay que sumar los más de 11.500 trabajadores que forman parte de la plantilla de las empresas y fundaciones del sector público regional, de la Universidad de Castilla-La Mancha y del profesorado vinculado a plazas públicas en centros de enseñanza concertados, ha detallado Ruiz Molina en una rueda de prensa celebrada en el toledano Palacio de Fuensalida.

Carácter retroactivo

El consejero ha explicado que el Real Decreto Ley 18/2022, de 18 de octubre, contempla una compensación adicional del 1,5 por ciento en las retribuciones del personal empleado público para este año, con carácter retroactivo a efectos de 1 de enero de 2022. Y ha añadido que, "con el fin de hacerla efectiva cuanto antes", el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este texto "con la máxima celeridad".

El objetivo, segújn ha dicho, es que los empleados públicos de Castilla-La Mancha cobren este dinero extra en la nómina del mes de noviembre, "para que más de 93.000 familias puedan recibir este aumento retributivo lo antes posible y les ayude a hacer frente a los efectos de la inflación y a la campaña de Navidad". El decreto, sin embargo, recoge que esta compensación adicional se abone, preferentemente, antes del 31 de diciembre y, en todo caso, antes del 31 de marzo de 2023.

De esta forma, el incremento retributivo en 2022 será del 3,5 por ciento para los empleados públicos castellano-manchegos, puesto que a este 1,5 por ciento hay que sumar el 2 por ciento incluido en los presupuestos regionales de este año, en consonancia con la subida máxima autorizada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Y la subida salarial continuará en 2023, ya que el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año, que se encuentra en trámite parlamentario, incluye el incremento máximo incluido en el proyecto de PGE para 2023, consistente en una subida inicial del 2,5 por ciento, más un 0,5 por ciento adicional si el IPC es superior al seis por ciento y otro 0,5 por ciento si la economía crece por encima de lo estimado por el Gobierno.

Finalmente, Ruiz Molina ha hecho hincapié en que desde que gobierna el socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha el personal de la Administración regional ha aumentado sus retribuciones en más de un 22 por ciento.

Descontento sindical

De su lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "utilice la subida del 1,5 % a los empleados públicos como propaganda cuando se trata de un aumento de obligado cumplimiento como parte de un acuerdo nacional, el cual además no corrige la inflación disparada" que se padece en la comunidad autónoma, la más elevada del país.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, ha considerado que "la Junta ha puesto en marcha toda su maquinaria propagandística para hacer creer a la sociedad que está junto a los trabajadores públicos". "Está intentando vender una subida que es insuficiente y no nos podemos olvidar de todos los recortes que se mantienen", ha añadido.

Desde CSIF, además, se arrogan esta subida salarial del 1,5 %, recordando que el sindicato reunió a más de 70.000 personas en Madrid los pasados meses de abril, mayo y junio para manifestarse y "obligar al Gobierno central a sentarse a negociar tras más de dos años de silencio en material salarial".

"Desgraciadamente, la firma de CCOO y UGT con el Ejecutivo nacional permitió dar luz verde a un acuerdo que resta un enorme poder adquisitivo al conjunto de empleados públicos (6 % hasta 2024 y 1,5 % en variables) y que ni siquiera corrige la inflación de este año", finaliza CSIF Castilla-La Mancha en una nota de prensa.