Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad autónoma gobernada por el PSOE que ha votado este martes en contra del nuevo modelo de cuidado de las personas mayores en las residencias y de atención a la dependencia, que el Gobierno de España ha sacado adelante de forma muy ajustada en el Consejo Territorial de Derechos Sociales tras el giro favorable de Extremadura.

Con solo un voto de diferencia -10 a favor a 9 negativos-, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha salvado el Acuedo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que de aquí al año 2030 plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio para que los ancianos puedan permanecer con apoyos, si así lo desean, el mayor tiempo posible en sus domicilios.

Para aquellos que decidan vivir en residencias, propone modelos similares a hogares y eleva el ratio de profesionales por usuario. Así, las que ya existan deberán reorganizarse en "unidades de convivencia" de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar.

Además, los nuevos centros que se construyan deberán respetar un máximo de plazas (120 en residencias en zonas urbanas de alta densidad y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas) y contar con al menos un 65 % de habitaciones individuales.

Castilla-La Mancha se opone

"Hay que evitar esa política del 'yo invito y tú pagas'", ha asegurado el presidente regional, Emiliano García-Page, para justificar el voto en contra de la Castilla-La Mancha. 

"Siguen cargando a lomos de comunidades autónomas y ayuntamientos más servicios públicos mientras que se dedican a marear la perdiz", ha criticado desde Villanueva de la Torre (Guadalajara), donde ha recordado que el modelo de financiación autonómica lleva caducado desde hace ocho años.

Por ello, García-Page ha insistido en que se convoque "urgentemente" una Conferencia de Presidentes que sirva para acordar entre autonomías y Gobierno central que el Estado no pueda regular e imponer a las comunidades la prestación de nuevos servicios sin que este mandato lleve aparejado un aumento de la financiación para cubrir los gastos derivados.

"España puede y debe plantearse un nuevo modelo de residencias. Está bien un modelo ideal donde se triplique el coste de la plaza, pero exigimos que lo que se quiera hacer se financie. Ya está bien que el Estado invite, pero no pague", dijo el jefe del Ejecutivo castellanomanchego hace algunas semanas.

Ajustada votación

Después de que se aplazara el pasado mes de mayo por falta de consenso ante el rechazo de ocho comunidades, la votación del nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia del Gobierno de España ha salido finalmente adelante este martes en el Consejo Territorial de Derechos Sociales con un ajustado resultado de 10 votos a favor frente 9 en contra. 

El acuerdo ha contado con el voto positivo de Extremadura (que en la anterior reunión de hace un mes mostró su rechazo), Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla.

Por su parte, no han cambiado su sentido de voto, y se han manifestado en contra la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha (presidida por el PSOE), País Vasco y Cataluña.

Plazas en peligro

"Hemos logrado alcanzar un acuerdo con las comunidades para mejorar la calidad de las residencias y convertir en consenso político lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia", ha destacado la ministra Belarra, que lo ha calificado como "el acuerdo más importante de esta legislatura".

Sin embargo, el nuevo modelo ha contado en este proceso de negociación con la oposición de las patronales de residencias, que consideran que va a reducir las plazas y elevar los costes para el usuario, y reprochan al Gobierno la ausencia de una memoria económica que justifique las nuevas estructuras de la atención a mayores y dependientes. 

La Asociación de Residencias de la Tercera Edad en Castilla-La Mancha (Artecam) ha alertado de que la puesta en marcha del Acuedo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) podría suponer un incremento de los costes para los usuarios de en torno al 50 por ciento y la pérdida de la mitad de las 5.000 plazas concertadas que hay en la región.