La pandemia de covid-19 ha incrementado hasta un 23,4 % la población de Castilla-La Mancha que está en situación de exclusión social hasta las 479.000 personas, de ellas 230.000 en "exclusión severa" y dentro de éstas 10.000 personas que conforman la "sociedad expulsada", al estar en una situación crítica.

Así se determina en el informe elaborado por la Fundación Foessa que ha presentado este jueves en Toledo Cáritas de Castilla-La Mancha, que determina que el "tsunami" que ha supuesto esta crisis "se ha llevado por delante" a un buen número de hogares que tenían una integración plena, de forma que de la mitad de las familias castellano-manchegas que estaban en esta situación en 2018 el porcentaje ha bajado al 44 por ciento.

El técnico de la Fundación Foessa Thomas Ubrich ha explicado que, aunque la situación en Castilla-La Mancha es ligeramente menos negativa que en el conjunto de España, la crisis provocada por la covid-19 ha ensanchado la exclusión en la región, que ha pasado de afectar a un 20,1 % de la población a hacerlo un 23,4 %, ya que están en esta situación 479.000 personas, uno de cada cuatro castellano-manchegos.

Aunque Ubrich ha matizado que para medir la exclusión social la Fundación Foessa no solo tiene en cuenta la pobreza, sino tras muchas dimensiones el empleo, la educación, la salud, las relaciones o los lazos sociales, entre otros, y a partir de estos indicadores se mide a la población con arreglo al número de problemas que acumula.

Aumento de la "exclusión severa"

En este sentido, ha comentado que el aumento más grave es el de las situaciones de "exclusión severa", que ha crecido un 37 % con la pandemia hasta llegar a 232.000 personas, que representan la mitad de las personas que están en el espacio de la exclusión social en Castilla-La Mancha.

Y en particular, ha hecho hincapié en el deterioro que se ha dado entre el grupo de personas en una situación de exclusión más extrema y que acumulan el mayor número de dificultades.

Se trata casi de 10.000 personas que conforman la denominada "sociedad expulsada en Castilla-La Mancha", porque están en una situación más crítica y no cuentan con elementos compensadores que eviten el incremento de nuevas problemáticas que se acumulen a las previas, ha señalado Ubrich.

Una desigualdad como la de 2008

En el informe, en cuya presentación han participado la presidenta de Cáritas Castilla-La Mancha, Mónica Moreno, y el provicario general de la Archidiócesis de Toledo, Raúl Muelas, se recoge que la desigualdad ha crecido tanto en esta crisis como en la de 2008, pues se han separado las realidades de quienes han mantenido su trabajo y los que han sufrido el desempleo sin protección social, o el empleo reducido en jornada o en remuneración.

En términos de renta, la desigualdad en Castilla-La Mancha ha crecido en más de un 37 % en el breve periodo de tiempo que ha transcurrido desde el inicio de esta crisis, un porcentaje muy superior al que provocó la crisis de 2008, además más extendido en el tiempo.

Además, la pandemia ha generado un nuevo elemento de desigualdad como es el de la brecha digital, que afecta a cuatro de cada diez hogares en Castilla-La Mancha (el 45 % del total), y a la mitad de las familias que están en situación de exclusión.

Nacionalidad, género y edad

También se están acrecentando brechas en relación con factores como la nacionalidad, el género o la edad.

Esta crisis está "feminizando aún más" el espacio de la exclusión, si en 2018 la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres era reducida, con una diferencia de 4 puntos porcentuales, ahora esa brecha se ha multiplicado por 1,5 hasta afectar al 28 % de los hogares cuyo sustentador principal es una mujer frente al 22 % donde esa figura es un hombre.

A su vez, casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero están en situación de exclusión, tres veces más en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, "lo que dibuja una nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada", según el informe Foessa.

La crisis está penalizando también la crianza, ya que la tasa de hogares en exclusión en los que hay niños y adolescentes es del 31 %, frente al 17 % en los que no hay menores de edad.

En cuanto a la edad, resalta el importante incremento de la tasa de exclusión entre los jóvenes, las personas de entre 45 y 64 años, extranjeros y personas en exclusión social, en particular entre la población trabajadora más mayor, que "está en la cuerda floja" y ha sido uno de los grupos más castigados, con el incremento de casi el 50 % de exclusión social.

Más trabajadores pobres y menos realizados

Ha habido, igualmente, un empeoramiento de las condiciones de trabajo "que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente", porque la precariedad ha crecido con fuerza y alcanza a más de 71.000 hogares (9 % del total) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.

En este contexto, el informe señala que hay 32.000 familias en las que el sustentador está en paro de larga duración y que el desempleo total familiar se ha multiplicado por 1,5, de forma que hay 79.000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro.

Y advierte que a pesar del aumento de la protección social "no se ha logrado compensar esta situación", puesto que hay 41.000 familias en la región que siguen careciendo de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una mínima estabilidad.

Por otra parte, el informe indica que hay más de 132.000 hogares (el 17 %) que sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos, y que en el ámbito de la vivienda hay 83.000 familias en situación de "pobreza severa" por hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca.