Al menos 1.621 personas ejercieron la prostitución en Castilla-La Mancha en 2021, de las cuales un 97,71 por ciento fueron mujeres, en un año marcado por la pandemia del coronavirus que ha empeorado "notablemente" las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales y ha aumentado su vulnerabilidad, según ha estimado la asociación "In Genero" en su último informe.

Entre estas 1.621 personas que fueron atendidas por la asociación, una cifra que ha crecido respecto al año anterior y que podría subir entre un 20 y un 25 % porque quienes ejercen la prostitución "no quieren hablar por estigma", 1.477 son mujeres cisgénero; 107 mujeres transexuales; y 37, hombres cisgénero.

En una rueda de prensa, el coordinador de la ONG, Miguel Ángel del Olmo, ha explicado que este aumento se debe al "deterioro social y laboral" en la comunidad autónoma durante los dos últimos años por la covid-19 y ha puntualizado que, en su gran mayoría, las mujeres la ejercen porque tienen "cargas familiares muy altas", llegando a mantener a más de seis miembros de su familia en sus países de origen.

"La situación de la covid ha empeorado notablemente la vida de estas personas. Detectamos que las personas que ejercen la prostitución se infectan el doble que aquellas que no. Han empeorado sus condiciones de vida, los servicios que prestan y los precios que pueden exigir porque hay menos clientes, lo que empobrece a las mujeres y pone su vulnerabilidad más alta a todos los niveles", ha lamentado.

Toledo y Ciudad Real son las dos principales provincias en las que se ejerce la prostitución, que arrojan unos porcentajes prácticamente idénticos, un 29,4 % y un 29,7 %, respectivamente; seguidas por Albacete con un 17,6 %, por Cuenca con un 14,4 % y, por último, Guadalajara con un 8,9 %.

Los pisos privados son los lugares más transitados en la región para consumir la prostitución, que han pasado en un año de los 160 a los 195 (suben del 35 al 55,8 %), mientras que "In Genero" ha registrado 75 clubes de alterne (baja del 56 al 37 %), once casas y dos espacios de calle, ambos en los polígonos de los municipios toledanos de Talavera de la Reina y Seseña.

Según los datos del estudio, ochenta personas de origen español (un 5,4 %) ejercieron la prostitución en 2021 en la región, una cifra que se ha duplicado respecto al año anterior que contabilizó 41, aunque principalmente estas personas proceden de Colombia (27,2 %), República Dominicana (18,3 %), Paraguay (14,2 %), Rumanía (9,5 %) y Venezuela (7,2 %).

A la pregunta de si vinieron a España a ejercer la prostitución, un 60,6 % respondió que no frente a un 39,4 %, que sí; y solo un 57,2 % de los encuestados conocen los servicios sociales del país, que los han utilizado en alguna ocasión un 62,8 %.

El coordinador de la asociación ha achacado la dificultad por parte de estas mujeres al acceso sanitario al hecho de que no están empadronadas (un 16,4 %) y al racismo institucional de algunos trabajadores de la administración, que "las rechazan en los centros de salud por ser inmigrantes", inventándose incluso los requisitos.

Ha considerado, además, que la Ley de Extranjería está "obsoleta", una normativa con 22 años de antigüedad que "las atraviesa" porque, según ha dicho, a los tres meses de llegar a España -ya sea de manera regular o irregular- se quedan en un "limbo" porque no pueden legalizar su situación hasta pasados tres años.

Las víctimas de la trata en la región

En cuanto a la situación de trata que "In Genero" ha encontrado en la región en 2021, diez personas víctimas de trata han sido acompañadas en todo el proceso de denuncia y, aunque "hay evidencias" de que puede haber más, en España para ser considerada como tal y entrar a toda la red de recursos "tienes que poner una denuncia", ha dicho la trabajadora social Belen Jiménez.

Jiménez ha señalado que muchas de ellas no se atreven a denunciar "por miedo a poner en peligro a sus familiares en sus países de origen y a su propia vida" y ha denunciado que los recursos públicos de los que deberían disponer "no están diseñados de forma real para las necesidades que ellas tienen".

Por ejemplo, las administraciones ofrecen recursos de vivienda sin dotación económica que "no cumplen" las condiciones necesarias que les de a ellas "tranquilidad" para dejar de ejercer, y ha exigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que unifiquen los criterios de ejecución de la Ley de Extranjería y considere por igual en todas las provincias las condiciones de trata y explotación sexual.

Otra de las preocupaciones que ha manifestado el coordinador es que a una víctima de trata "no se le puede garantizar el acceso a los recursos ni su propia seguridad" a pesar de que se animen finalmente a denunciar: "Necesitamos que cambie la ley y proteja de manera efectiva a las víctimas, así como desmitificar la inserción de esas personas que han venido engañadas".