Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Foto: Óscar Huertas

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Foto: Óscar Huertas

Región IMPUESTOS

El gobierno de Page mantiene la flexibilización para aplazar las deudas tributarias

La medida permitirá mitigar los problemas de liquidez de los operadores económicos, especialmente aquellos cuyos ingresos provienen del ejercicio de actividades empresariales y profesionales.

30 diciembre, 2021 08:52

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá con carácter permanente la flexibilización para aplazar y fraccionar deudas tributarias, según se recoge en la orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

El Ejecutivo autonómico ha informado en un comunicado de la publicación de esta orden en el DOCM y ha resaltado que la medida permitirá mitigar los problemas de liquidez de los operadores económicos, especialmente aquellos cuyos ingresos provienen del ejercicio de actividades empresariales y profesionales.

En concreto, según la orden publicada en el DOCM, no se exigirá aval a los contribuyentes que tengan una deuda de hasta 30.000 euros de recursos económicos propios de la Administración regional cuando soliciten aplazar o fraccionar su pago.

Con anterioridad, el límite con el que no se exigía aval para las deudas que los contribuyentes tenían de recursos propios de la Administración regional era de 6.000 euros, sin embargo, con el fin de intentar minimizar los problemas de liquidez de los operadores económicos de la región motivados por la crisis sanitaria derivada de la covid-19, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó una orden en julio de 2020 de medidas excepcionales en el ámbito tributario que elevaba esa cuantía hasta los 30.000 euros.

El 31 de diciembre de 2021 es la fecha en la que estas medidas pierden efectividad, por lo que la Administración autonómica ha considerado procedente mantener el límite exento establecido en 30.000 euros e incorporarlo con carácter permanente a la normativa general en esta materia, con el fin de ofrecer una situación más ventajosa a los contribuyentes.