El Gobierno y las comunidades han aprobado el reparto de 50 millones de euros de fondos europeos, de los cuales 2,5 millones han sido para Castilla-La Mancha, para mejorar la accesibilidad en las viviendas, tanto en comunidades de vecinos como casas particulares, y favorecer el bienestar a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.

Se ha acordado la distribución de esos fondos en la primera reunión presencial que celebra el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desde marzo de 2020, presidida por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

En su intervención, la ministra ha destacado que propiciar la accesibilidad universal en las viviendas es uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda que este martes comenzaba a tramitar el Consejo de Ministros.

"En ella, hemos puesto en un lugar central la accesibilidad dentro de la definición de una vivienda digna y adecuada; y conforme a eso hemos establecido la obligación de todas las administraciones de poner medidas para garantizarla en todo el parque de viviendas", ha asegurado.

Para impulsar ese objetivo, se distribuyen 50 millones de euros entre las comunidades, para que puedan gestionar las convocatorias de ayudas a propietarios y comunidades de vecinos, destinados a medidas como la instalación de ascensores o elevadores, escaleras mecanizadas o construcciones de rampas.

"Estoy segura que este reparto supondrá un avance definitivo para la eliminación de todas las barreras, permitiendo que las personas mayores, con discapacidad y las personas en situación de dependencia puedan vivir donde ellos desean y de la forma que ellos y ellas decidan", ha aseverado Belarra.

Además, el consejo ha analizado el plan de reducción de las listas de espera, así como el plan de choque de la dependencia, que en 2021 ha estado financiado con 600 millones y en 2022 se propone incrementar esa inversión con 600 euros más.

La ministra ha valorado ya "algunos frutos": de enero a septiembre de este año el número de personas con dependencia que se encuentran en listas de espera para valoración de grado se ha reducido en un 8 % y ha aumentado en un 6 % el número de personas con la prestación concedida, es decir, 60.000 personas más.

También se ha reducido, en ese periodo, un 9,1 % los solictantes pendientes de resolución del Plan Individualizado de Atención -la propuesta de prestación- en 21.150 personas.

A la entrada de la reunión, algunos consejeros han recordado a Derechos Sociales que a pesar de ese incremento en el presupuesto para dependencia todavía está lejos la financiación prevista en la ley de aportar el 50 % desde la administración central y el otro por la autonómica.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla-León, Isabel Blanco, ha lamentado que "todavía estemos muy lejos" de lo que dice la ley y ha recordado que su comunidad soporta en torno al 80 % de la financiación del sistema en estos momentos y ha reclamado flexibilidad para ejecutar los fondos europeos destinados a mejorar la accesibilidad por "la tardanza en repartirlos".

También, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Barbara García Torijano, ha insistido en esa cofinanciación a partes iguales, ya que este año el ejecutivo autonómico ha aportado 438 millones de euros, frente a los 107 de la administración central.

Para la responsable de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana, los fondos "permiten seguir trabajando en el nuevo modelo de cuidados que estamos diseñando para Canarias, facilitando a las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de mejorar sus condiciones de vida sin que tengan que abandonar sus casas y el entorno en el que han vivido toda su vida".

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha destacado la importancia de estas ayudas para que las personas dependientes "puedan estar lo máximo posible en sus casas y evitar la institucionalización".