La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha reclamado este jueves la cobertura urgente de más de 200 vacantes en las prisiones de Castilla-La Mancha. En nota de prensa, el sindicato ha explicado su ausencia en la festividad de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, como protesta por las "negligentes carencias" y las condiciones laborales que padecen los trabajadores de prisiones en la región.

En este sentido, ha recalcado la "alarmante falta de efectivos" con más de 200 vacantes sin cubrir en los seis centros penitenciarios de la comunidad autónoma que concentran a 1.712 internos.

La responsable regional de Instituciones Penitenciarias de CSI-F, Natalia Plaza, ha alertado de que el déficit de profesionales es una realidad en todos los ámbitos de actuación de los centros, pero, "de manera más notoria, en el personal de vigilancia, que son los que afrontan situaciones muy comprometidas con una alta dosis de peligrosidad". No en vano, ha precisado que puede haber hasta 80 reclusos por módulo vigilados solamente por dos funcionarios.

Asimismo, se ha referido a la "insuficiente" oferta de empleo público (OEP), que no cubre las bajas producidas en los últimos años ni soluciona el envejecimiento de una plantilla que, en el conjunto de los seis centros penitenciarios de la región, supera los 50-55 años. Además, destaca las vacantes producidas por el aumento de funcionarios de segunda actividad, sobre todo en las prisiones de Herrera de la Mancha (Manzanares, Ciudad Real) (22), Cuenca (15) y Albacete (14).

“Escasas medidas”

También, ha apuntado que a esta falta de personal se suma la gestión para disponer del equipamiento adecuado para la protección del personal penitenciario, junto a las "escasas y tardías" medidas de prevención adoptadas durante la pandemia de coronavirus.

Plaza ha lamentado la falta de voluntad de negociación por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, y ha advertido de que "perjudica gravemente la imagen de los trabajadores y mina la confianza de la ciudadanía en la institución ante la inacción por las injurias, calumnias y amenazas de las que son víctimas los trabajadores".

Por todo ello, CSI-F ha decidido no formar parte de la celebración de esta festividad por duodécimo año consecutivo y ha avanzado que se llevarán a cabo movilizaciones junto a Acaip-UGT bajo el lema 'Prisiones merece respeto'. La primera de ellas será en Cuenca, en octubre, con motivo de la reunión nacional de directores de centros penitenciarios en el marco del proyectado Centro de Estudios Penitenciarios.

Conflicto colectivo en prisiones

En el mismo sentido, las organizaciones sindicales Acaip-UGT y CSIF, a nivel nacional, mayoritarias en instituciones penitenciarias, han declarado un conflicto colectivo en el ámbito de prisiones. Se iniciará en los próximos días y han anunciado medidas de presión, sin descartar una huelga general, mientras no se mejoren sus condiciones laborales.

Lo han anunciado este jueves en rueda de prensa los representantes de ambos sindicatos, en la que han justificado la medida por la falta de respeto de los responsables de Instituciones Penitenciarias hacia los funcionarios, su actitud de "rodillo impositivo, su mala fe y el incumplimiento de los compromisos adquiridos”.

Ricardo López, de Acaip-UGT, ha explicado que han intentado acudir en varias ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que actuara de mediador con la administración penitenciaria y le han vuelto a hacer la petición al considerar que es la única persona que puede "desencallar" la situación. Por otro lado, Jorge Villas, de CSIF, ha explicado que en 2018 Prisiones les presentó una oferta que dos días más tarde retiró sin dar explicaciones.

Futura Ley de Función Pública Penitenciaria

Tras la llegada del PSOE al Gobierno, en 2019, se reactivó la relación entre la administración penitenciaria y los sindicatos, lo que generó muchas expectativas en el colectivo.

Marlaska se comprometió públicamente a modernizar la institución a través de una futura Ley de Función Pública Penitenciaria que recogiera las reivindicaciones de los trabajadores. Su texto estaría terminado en el primer trimestre de 2021 "y no se ha producido", por lo que desde febrero de este año las negociaciones están totalmente paralizadas.

Tras asegurar que no van a "blanquear" a una administración que no cumple los acuerdos, López ha advertido de que "a partir de ahora empezaremos a organizar medidas de presión de distinta índole e intensidad y en distintos ámbitos geográficos y funcionales. No vamos a parar hasta que haya una solución al conflicto".