LaJunta Electoral Central (JEC)ha dado la razón aVoxeste miércoles y ha instado a Correos areanudar "de inmediato" la distribución de su propagandaelectoral en Galicia y País Vasco al no identificar "una concreta y específicavulneración de algún derecho fundamental".

La JEC ha respondido así a laconsulta de correospor si los mensajes de la propaganda del partido de Santiago Abascal para las elecciones del 12 de julio en Galicia y en Euskadi suponían una vulneración de derechos.

"No se identifica por la consultante una concreta y específica vulneración de algún derecho fundamentalen los mensajes incluidos en los sobres que envuelven la propaganda electoral de Vox", ha expuesto la JEC en una resolución en la que añade que tampoco aprecia "que tales mensajes incurran en una vulneración de ese tipo".

"Ciñéndonos a la consulta planteada,esta Junta opina que no procede paralizar la distribución postalde la propaganda electoral de referencia,e insta a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a que reanude de inmediato dicha distribución", concluye el documento.

Correos ha especificado después que no ha "secuestrado" la propaganda electoral de Vox, como ha denunciado este partido, y ha aclarado que la consulta elevada a la JEC "es un procedimiento muy habitual en el que ante situaciones dudosas se acude a pedir criterio a las Juntas Electorales con el fin último de garantizar el cumplimiento escrupuloso de las obligaciones de servicio público impuestas". Así, ha puesto de ejemplo que ya en 2015 elevó una consulta "sobre unos sobres de la bandera de España".

"Correos no ha considerado que se vulnere ningún derecho fundamental, tan sólo ha elevado una consulta ante la duda por las características novedosas de los sobres", ha precisado.

Vox presentó en la tarde del lunes alegaciones ante la JECpor entender que les habían "secuestrado" la propaganda electoral. El partido de Santiago Abascal solicitó el archivo dela denuncia presentada por Correos y que se ordenara"urgentemente el envío masivo de la propaganda electoral" por entender que la medida adoptada por la Sociedad Estatal es "absolutamente desproporcionada".