Ecologistas en Acción ha denunciado que las direcciones generales de Economía Circular y Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "continúan procedimientos incumpliendo el real decreto de estado de alarma".

En ese sentido, y a través de una nota de prensa, EA informa que mediante sendas resoluciones, ambas direcciones generales "pretenden favorecer determinados intereses en el sector de la gestión de los residuos, las macrogranjas porcinas y la caza, permitiendo que estos sectores pisen el acelerador a costa de dañar el medio ambiente de Castilla-La Mancha".

Por ello, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha recurrido en alzada ambas resoluciones y pretende que se paralicen los procedimientos aprobados a raíz de estas resoluciones, que los ecologistas entienden contrarias a derecho.

La ganadería industrial y las empresas dedicadas a la importación y vertido de residuos industriales, a juicio de Ecologistas, son "los grandes beneficiados de la resolución emitida por la DG de Economía Circular. De esta manera los sectores más insostenibles obtienen un plus del gobierno regional".

Así, desde que surte efecto la resolución de Economía Circular (el 24 de abril) se han aprobado cuatro resoluciones relativas a autorizaciones ambientales en 4 granjas porcinas, todas ellas en la provincia de Toledo y publicadas en el DOCM de 14 de mayo.

De la misma manera, el macrovertedero situado en Almonacid del Marquesado (Cuenca) de la empresa catalana Grupo Griñó, en los últimos días ha empezado a trabajar a pleno rendimiento, recibiendo residuos de Cataluña, Levante, Madrid y otras muchas ubicaciones incluidos terceros países, hasta un ritmo de 1.000 toneladas de residuos industriales diarios, lo que significa (de media) 50 camiones diarios rebosando basura industrial que va directamente a vertedero sin tratamiento ni recuperación de ningún tipo.

En las resoluciones recurridas, se incluyen un conjunto de procedimientos (algunos de ellos muy genéricos) "que meten en el mismo saco la regulación de actividades que sí pueden tener interés general (como la adecuada gestión de los residuos) con otros que benefician claramente a intereses particulares. Para Ecologistas en Acción se deberían tramitar de forma independiente, valorando uno por uno los diferentes procedimientos y permitir su continuación, solo en el caso de que se demuestre que su resolución beneficia al interés general", denuncia la organización ecologista.

Y en su línea habitual, EA afirma que la "autorización para construir nuevas macrogranjas porcinas o en materia de transporte transfronterizo de residuos (TFS) entre países de la Unión Europea, solo benefician determinada actividad económica a costa del deterioro del medio ambiente de Castilla-La Mancha".

En cuanto a la resolución de la DG de Medio Natural y Biodiversidad, llama la atención de los ecologistas "las prisas en resolver las órdenes de vedas, cuando precisamente debe ser un instrumento de gestión ampliamente discutido por la ciudadanía, que afecta a múltiples usuarios del medio natural y en consecuencia debiera también contar con todas las garantías de procedimiento de cara a la presentación de las correspondientes alegaciones en los registros de la Junta".