Greenpeace ha denunciado diferentes iniciativas en determinadas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que "aprovechando el amparo de la reactivación económica post-COVID, promueven la destrucción ambiental y suponen un grave retroceso en los avances conseguidos, además de un ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública".

"Con el mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80 %, utilizar la crisis económica derivada del Covid-19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria", ha declarado la responsable de la campaña de biodiversidad en Greenpeace, Pilar Marcos.

"La actual pandemia ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto al daño medioambiental pero parece que nuestros gobernantes no extraen ninguna lección aprendida", ha lamentado.

En concreto, la organización ecologista denuncia diversos trámites para agilizar las licencias urbanísticas, los trámites administrativos y su simplificacion en Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha e Islas Canarias.

Por ello, cree que debe ser prioritario rescatar el uso público del suelo, preservar los usos sostenibles del territorio, recuperar la gestión integral de los servicios públicos esenciales, blindar el suelo turístico "no edificado" y promocionar las obras de reconstrucción, transformación y modificación.