El portavoz del Gobierno en Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha aseverado que el cambio de la ley electoral es la tercera prioridad a la hora de reformar el Estatuto de Autonomía, que primero debe recoger el blindaje de los servicios públicos y, después, una defensa conjunta de intereses regionales.

Este orden de prioridades lo ha fijado Hernando, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos aprobados ayer en el Consejo de Gobierno.

Así, ha situado como "máxima prioridad" del Ejecutivo castellanomanchego para reformar el Estatuto de Autonomía que se blinden los servicios públicos, "para que nadie caiga en la tentación de volver a recortar, volver a despedir y dejar a la región en un infarto económico y social", como a su juicio ocurrió en la pasada Legislatura.

Esto, ha recalcado Hernando, es "lo primordial" y ha adelantado que, si no hay acuerdo en eso, no puede haber acuerdo en el resto.

En segundo lugar, ha situado que se acuerde adoptar una defensa conjunta de los intereses comunes de Castilla-La Mancha, como es el agua, y que se pueda "aparcar el regate corto".

Ley electoral, tercera en prioridad

Por lo tanto, ha situado "en tercer lugar y como menor prioridad", reformar la ley electoral para "corregir los errores del pucherazo" del anterior Ejecutivo castellanomanchego, que "realizó una ley trampa, porque cayeron en su propia trampa y perdieron" las elecciones autonómicas de 2015.

En cualquier caso, ha opinado que los cambios se deben producir con el consenso "de todo el mundo" y ha asegurado que no habrá "cambios unilaterales".

"Ni creemos en la unilateralidad de Cospedal a la hora de reformar leyes ni la de Puigdemont a la hora de declarar la independencia", ha concluido Hernando.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno regional ha remitido cartas a todos los partidos políticos en las que plantea estas cuestiones.