El Gobierno se ha marcado el objetivo de que el salario mínimo interprofesional (SMI) alcance el 60% del salario medio, una cifra que, en teoría, permitiría mejorar las condiciones salariales sin poner trabas a la creación de empleo. Actualmente, según un informe de Cepyme, hay 22 provincias donde la subida que se plantea el Gobierno ya llevaría el SMI por encima del 65% del salario medio, lo que podría provocar un fuerte freno del mercado laboral en estos territorios.

En concreto, el SMI de 1.082 euros al mes (con 14 pagas mensuales al año) alcanzaría el 82,3% del salario medio en Zamora, seguida de Ávila (80,2%), Badajoz, Salamanca (77,4% en ambos casos), León (75,6%), Alicante (75,4%), Segovia (73,9%), Toledo (73,5%), Jaén (73%), Córdoba (72,8%), Teruel (71,3%), Santa Cruz de Tenerife (71%), Las Palmas (70,6%) y Cádiz (70,5%), además de Cáceres, Granada, Murcia, Málaga, Pontevedra, La Rioja, Ourense o Guadalajara.

Y otras siete provincias se encontrarían también en esta situación si el Gobierno optara por elevar el SMI hasta los 1.100 euros al mes, tal como reclaman los sindicatos. Con esta medida, habría que incluir las provincias de Ciudad Real, Cantabria, Huelva, Huesca, Lugo, Baleares y Albacete.

Todo ello significa que, de subirse el SMI hasta los niveles planteados por el Gobierno, el mercado laboral podría agravar su ralentización en los próximos meses, golpeado también por el frenazo del crecimiento económico que pronostican todos los organismos nacionales e internacionales.

De hecho, Cepyme calcula que “las fuertes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobadas por el Gobierno desde 2018 [un 41,3%, por encima de la mayoría de los países de Europa] han provocado que 71.600 trabajadores hayan perdido su empleo y ha evitado que otras 145.900 personas encontraran uno”. En total, esto supone “la desaparición de 217.500 puestos de trabajo”, recuerda el texto, según un recuente cálculo de la propia patronal.