Mañana se cumplen catorce años desde que el Gobierno del Estado autorizaba el 29 de marzo de 2009 la primera intervención, tras la de Banesto en 1993, de una gran entidad financiera en nuestro país: Caja Castilla La Mancha. Un arbitraje consecuencia de la grave situación por la que atravesaba CCM, considerada de alto riesgo por los analistas debido a su gran exposición al sector inmobiliario y elevada morosidad. Una resolución que representó para la región una de las mayores heridas económicas, laborales y sociales de su historia originada por la caja de ahorro más relevante de la región en esos instantes.
Previo a esta intervención, se inició una operación con Unicaja avalada por el Gobierno central, y tutelada por el Banco de España y los máximos representantes de las comunidades autónomas afectadas: Manuel Chaves, por Andalucía, y José María Barreda, por Castilla-La Mancha, para negociar la fusión con CCM. Sin embargo, tras la correspondiente autorización de los respectivos consejos de administración, comunicación a la CNMV, las negociaciones se rompieron al reclamar Unicaja y la Junta de Andalucía más avales al Banco de España. Ante esta situación -los clientes de CCM alarmados ya habían iniciado una retirada progresiva de fondos de sus cuentas- el Gobierno decide actuar con urgencia y el 29 de marzo de 2009 convoca un Consejo Extraordinario de Ministros para intervenir Caja Castilla-La Mancha y sustituir a todo su Consejo de Administración.
Tras su intervención, se inicia un largo proceso judicial en el que la Audiencia Nacional condena al presidente y director general de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, respectivamente, por haber utilizado “un ardid contable” para ocultar “unas pérdidas que se podrían denominar galopantes” de valores cotizados. Desde el punto de vista del juez, Ortega fue quien realizó el artificio contable, que fue asumido por Hernández Moltó, a pesar de que presidente de la caja se autodefinió en su defensa como la “reina madre” de CCM por su papel, limitado a “animar” a sus subordinados para conseguir el “equilibrio” de entidad financiera. No obstante a esta supuesta ignorancia del máximo dirigente de la entidad, el magistrado apreció que los dos ejecutivos sabían que el Banco de España consideraba que la Caja Castilla-La Mancha no era viable.
Tras su intervención, el negocio de CCM transitó por diversas entidades financieras (Cajastur, Liberbank y Unicaja). Un proceso que esta semana vivirá previsiblemente su ultimo capitulo con la celebración de la junta de accionistas de Unicaja convocada para este jueves y en la que está en juego el control del banco con el nombramiento y ratificación de consejeros. Un dominio que ha tenido hasta ahora el bando asturiano de la entidad, liderado por el consejero delegado, Manuel Menéndez, procedente de Liberbank, cuya continuidad tras esta convocatoria se presenta incierta.
