No ha tardado en ponerse al día la nueva consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García, en los ardides de sus compañeros de Gobierno a la hora de explicar su gestión desde el púlpito institucional.
Tras su nombramiento el pasado mes de abril sustituyendo en el cargo a Aurelia Sánchez, espléndidamente colocada ahora en el Senado, García concedía este fin de semana una entrevista a Europa Press para analizar la situación y funcionamiento de la red de residencia de mayores de Castilla-La Mancha, que en su opinión y “en líneas generales han sido buenos”.
Del examen e inspecciones realizadas, la consejera únicamente denuncia la mala praxis de la residencia de mayores Elder, de Tomelloso (Ciudad Real), en la que murieron más de 70 personas, y por las que el Juzgado está investigando actualmente un posible delito por asesinato, imprudencia, omisión de socorro y deficiente gestión realizada en los primeros meses de la Covid-19. No fue la única, la Fiscalía de Castilla-La Mancha también inició sendos procedimientos por hechos ocurridos durante el estado de alarma en otros establecimientos. Una pandemia que ha causado ya la muerte de más de 30.000 residentes en toda España.
Simultáneamente a esta entrevista, el diario El País publicaba una amplia y rigurosa investigación sobre la situación de las residencias de mayores en España, en la que pone en evidencia y contradice las afirmaciones y valoraciones que la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha hace sobre el sector en la región. El rotativo de Prisa, a partir de los datos facilitados por la propia consejería, señala que Castilla-La Mancha acumula desde 2014 y hasta el pasado año un total de 266 sanciones leves y graves a otras tantas residencias de la comunidad, el 54 por ciento del total, varias de ellas durante la pandemia. El mayor porcentaje del país y con penas en general muy bajas: tan sólo 1.600 euros de media para saldar las irregularidades cometidas por estos establecimientos.
Anomalías localizadas principalmente en la falta generalizada de transparencia en las residencias de mayores, inspecciones insuficientes (1,7 al año en Castilla-La Mancha durante la Covid-19), falta de medios y recursos humanos, y sanciones irrisorias y en absoluto convincentes para desesperación de residentes y familiares. No es por tanto cuestión baladí la deficiente situación actual de las residencias en Castilla-La Mancha como la que pretende ocultar la consejera García a los ciudadanos de esta tierra y que ya debería estar solventando.
La investigación del rotativo madrileño así lo evidencia, en una región donde la pandemia ya se ha cobrado más de 2.800 víctimas de residentes y las infracciones se cuentan por centenares en los últimos años. Con vidas humanas mediante, lo que es más grave, la imprudente actitud de la consejera García no hace más que contribuir a la desconfianza que los castellano manchegos la gestión de su Gobierno.
Unas declaraciones irresponsables que, en lugar de aportar soluciones y veracidad a la situación por las que atraviesan gran parte de las residencias en Castilla-La Mancha, en absoluto se ajustan a la realidad del sector para colmo y desesperación de residentes y de tantas familias que durante estos meses han perdido en soledad a sus seres queridos en estos espacios.
