La hoja de ruta ya está en poder de los sindicatos: recorte de salarios de hasta el 8,75 por ciento a los empleados por encima del convenio, supresión de determinados beneficios sociales a la plantilla a partir del próximo año, y movilidad geográfica en caso de más cierres de oficinas o reordenación de los servicios centrales. Liberbank -fruto de la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura- les ha hecho entrega esta semana del “procedimiento de modificación sustancial de trabajo, movilidad geográfica, e inaplicación del convenio de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores” que el banco pretende implantar en la totalidad de sus centros de trabajo. Liberbank busca así nuevas formulas que permitan minimizar el impacto sobre la plantilla aunque, no obstante, de nuevo supondrán más recortes salariales, sociales, y posibilidad de traslados con el fin de ser “más eficientes y rentables”, según el banco.
Con una plantilla de 3.767 empleados (6.400 en su origen) y 629 oficinas en España al término del primer semestre de este año, el próximo 31 de diciembre concluye el ERE puesto en marcha por la entidad en junio de 2017, tras otros anteriores iniciados en 2013. Un último procedimiento que se ha saldado hasta ahora con la movilidad y bajas incentivadas de unos 520 trabajadores del banco, y el cierre de más oficinas en todos los territorios en los que opera. En Castilla-La Mancha, según su página web, mantiene todavía abiertas 312 sucursales. Al vigente expediente de regulación que concluye el próximo 31 de diciembre pueden acogerse voluntariamente todos los empleados nacidos entre 1956 y 1959 con una retribución de entre el 75% y el 80% del salario neto o, si lo prefieren, bajas incentivadas con una indemnización de 33 días por año trabajado, con un límite de 120.000 euros.
La complicada situación del sector bancario, marcada por los bajos tipos de interés y la ralentización económica, está obligando a Liberbank a reorganizar con urgencia una gestión y resultados poco optimistas. Un desenlace motivado principalmente por menores operaciones financieras, y también por el impacto negativo de otros resultados de explotación que han afectado a los beneficios del banco. Unas ganancias que al término del primer semestre de este año fueron de 73 millones de euros, un 14 por ciento menor a las del mismo periodo de 2018. De la misma forma, tras dar por finalizadas en mayo las negociaciones con Unicaja, los títulos de Liberbank comenzaron a bajar y, en la actualidad, cotizan en el entorno de los 0,30 euros.
Ante esta situación, el Banco de España viene instando a entidades como Liberbank a fusionarse para aumentar su rentabilidad y eficiencia en beneficio de sus costes. Una propuesta que también alientan desde el Banco Central Europeo, igualmente partidario de las fusiones de las entidades de menor tamaño. Un proceso de integración que se frustró con Unicaja, posteriormente con Abanca, y que el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, prosigue, según aseguró durante la última presentación de resultados, siempre que la operación corporativa “tenga sentido, esté bien diseñada, y de valor al accionista”.
Tras los fiascos anteriores de fusión, parece que el diseño y sentido reclamado por Menéndez para una posible integración del banco tan sólo pasa por la permanente reducción de plantilla, cierre de oficinas, y ahora reducción de sueldos y otros beneficios sociales con el consiguiente perjuicio para trabajadores y clientes. Un procedimiento que denota la ineficacia de unos directivos incapaces de buscar nuevas formulas e inevitables alianzas para la pertinente gestión del banco. Un rumbo al que sus máximos responsables deben contribuir con más vehemencia, no solo para dar mayor valor al accionista también, e igualmente importante, para sosegar una plantilla harta de tanta zozobra laboral, y una mayor consideración hacia unos clientes que, por el continuo cierre de oficinas, se les priva del acceso a los servicios bancarios más imprescindibles.