La “okupación” ilegal de viviendas es un grave problema social en España que preocupa a muchos ciudadanos, desarmados ante la legislación actual y con una profunda inquietud ante las constantes noticias que este asunto provoca. Sensibilizado con esta situación, el Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha ha sido pionero en España en abordar el problema y lanzar una Ley contra la Ocupación que se aprobó a finales de 2020 en las Cortes autonómicas y que está pendiente de tramitación para ser adoptada con carácter nacional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y las Cortes Generales.

Actualmente, por tanto, la ley está en el limbo político y legislativo, aunque este miércoles la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha valorado positivamente la enmienda introducida por el PSOE al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia que, según ha asegurado su portavoz, es un ataque a "la línea de flotación" de las mafias de la ocupación ilegal de viviendas. Esta enmienda, ha dicho la portavoz, propone desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas.

En todo caso, y aunque ha pasado ya más de un año y medio desde que el Ejecutivo de Page tomara la delantera y dejase la pelota en el tejado nacional, Sánchez todavía no ha abordado el asunto y desde Castilla-La Mancha se está presionando para que la iniciativa legislativa termine de tramitarse y su implantación llegue a toda España. Si bien es cierto que la comunidad castellano-manchega es una de las más afectadas por este problema, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara con “mafias okupas” que con frecuencia campan a sus anchas y actúan impunemente, la realidad es que el problema se extiende por todo el país y hay que abordarlo de forma conjunta y centralizada, tal como venimos informando desde EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM

En este contexto, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, se ha mostrado partidario este miércoles de la ley antiokupa impulsada por Page y ha confiado en que el Gobierno central pueda tomarla en consideración en un corto espacio de tiempo. La ley castellano-manchega aborda a fondo el problema y permite desalojos por la vía rápida y de forma eficaz, aunque el PP regional se abstuvo en las Cortes autonómicas porque quería una normativa más dura.

El fiscal superior cree que la legislación actual ya garantiza “de forma suficiente” que los desalojos se lleven a cabo de forma rápida, pero ha incidido en que esta problemática afecta sobre todo a viviendas “de entidades bancarias y fondos de inversión”, lo que en absoluto minimiza el problema. Aparte de la “ocupación” ilegal de las viviendas, el problema radica también en los focos de tensión social y delincuencia que se generan alrededor.

Emilio Fernández ha opinado que “hay un movimiento legislativo en ciernes, auspiciado en parte por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que parece que va a ser tomado en consideración”, pronosticando así que el Ejecutivo central y el Congreso de los Diputados abordarán pronto el asunto.

En este mismo sentido, la propia consejera portavoz ha dicho que se trata de una reivindicación que ha liderado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "haciendo consciente" de alguna manera al Gobierno de España de una realidad que es "difícil" en algunos lugares de la región y, por supuesto, del resto de España.