Uno de los primeros anuncios de García-Page tras ganar las elecciones por mayoría absoluta ha  sido su voluntad de reformar la ley electoral vigente en la región, a la que achaca unas descompensaciones entre el voto recibido y los escaños obtenidos que cree se armonizaría aumentando el número de diputados. Mi primera impresión es que lo pasó tan mal ante la posibilidad de que PP y Vox sumaran mayoría absoluta en la noche del último domingo de mayo, que ha buscado la forma de asegurar que eso sea mucho más difícil primando a la mayoría, algo lógico en cualquier sistema electoral que pretenda conseguir de una manera racional la gobernabilidad, y ha tirado por el camino más fácil, y que siempre parece ser el de la izquierda, aumentando gasto y clientela fiel.

Ya se sabe que cuando en España se ha pretendido una reforma electoral de calado nunca se ha llegado a un acuerdo. Las reformas de las leyes electorales que sirvieron para la poner en marcha la democracia han sido mínimas sino inexistentes, tanto a nivel nacional como autonómico. Cuando se habla de gobernabilidad casi siempre sale el debate de la segunda vuelta, algo que algunos constitucionalistas descartan pueda ser posible sin un reforma constitucional de gran fondo, ya que alegan que eso no es posible en un sistema parlamentario no presidencialista.

Pero ese gran problema que sería tener que tocar la constitución en una de sus definiciones fundamentales, con lo que ello conlleva, uno humildemente piensa que no afectaría ni al ámbito local ni al autonómico, donde sería posible imponer el sistema de segundas vueltas siempre que una lista no alcanzará una mayoría cualificada, que no necesariamente absoluta. Alcaldes y presidentes autonómicos serían así refrendados sin discusión, ni dudas ya que la victoria en la segunda vuelta llevaría aparejada la asignación del número de concejales/escaños suficientes para asegurar la estabilidad.

El problema es que los partidarios del sistema de segundas vuelta proliferan como setas en las filas de los partidos que son desalojados de la presidencia por coaliciones que a veces llegan a calificarse de “contra natura” y desaparecen de la agenda en cuanto consiguen de manera rotunda dar la vuelta a la  tortilla.

Yo no sé cómo piensan a día de hoy del sistema de segunda vuelta las alcaldesas socialistas de Toledo y Talavera, a pesar de sentirse ganadoras tras la inminente amenaza de desalojo que pende sobre sus varas de alcalde, pero sospecho que, a día de hoy y de manera retrospectiva, firmarían por la existencia de esa ley sin pensarlo dos veces.